Ahora, son de Clarín o del PRO

La campaña que inició un grupo de Organizaciones no gubernamentales que habitualmente tratan temas institucionales ya genera polémica. Las entidades convocantes solicitaron en las últimas horas a través de las redes sociales que los ciudadanos firmen un pedido que será dirigido a 12 diputados que "a veces acompañan los proyectos del oficialismo y a veces no", para que "no" voten en favor de la reforma judicial que tratará pasado mañana la Cámara de Diputados.

Luego de la propuesta de la diputada Elisa Carrió para replicar la movilización del jueves pasado pero con el único objetivo de impedir la votación en el Congreso, varias ONG salieron a buscar firmas en las redes sociales para que los ciudadanos rubriquen un pedido dirigido a 12 diputados que suelen acompañar en algunas votaciones al Frente para la Victoria, aunque también votaron en contra de proyectos del oficialismo.

Las organizaciones se presentan como entidades apolíticas. Hoy Tiempo Argentino se dedica a repasar el CV de sus integrantes y sostiene en su tapa que responden al macrismo y al Grupo Clarín. Dice la nota “Uno de los convocantes es la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ).

La idea es presionar sobre los legisladores que aún no han definido su posición. El miércoles se vota.

Entre los integrantes de su Consejo Honorario se cuenta Martín Böhmer, profesor de la Universidad de Buenos Aires y a quien Mauricio Macri tentó con un cargo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, aunque luego fue relegado por Inés Weinberg de Roca. Böhmer fue además uno de los asesores del actor Miguel del Sel en su construcción como candidato a gobernador de Santa Fe.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) también busca firmas por Internet.
Alejandro Carrió es el tesorero de la entidad y un abogado de una extensa tarea  profesional que incluye el patrocinio del Grupo Clarín en la disputa por la constitucionalidad de la Ley de Medios. Además, Carrió representó a Felipe Herrera Noble, uno de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble.

"La reforma propuesta profundiza los actuales problemas de la justicia. No ha sido
debatida adecuadamente, tiene serios problemas de constitucionalidad, pone en  iesgo la independencia judicial y perjudica a los más desfavorecidos", señalan en su página web los impulsores de la solicitud, entre los que aparecen también el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano.

En los últimos años, esas organizaciones nutrieron de cuadros políticos a algunos partidos de la oposición. La diputada nacional del PRO Laura Alonso, ex directora ejecutiva de Poder Ciudadano, y Nicolás Ducoté, ex presidente de CIPPEC y actual subsecretario de Asuntos Políticos en el gobierno de la Ciudad, son dos claros ejemplos.

Ducoté primero formó parte de los promocionados "equipos técnicos" de Francisco de Narváez, hasta que en 2011 decidió pegar el salto al macrismo. Pero no es el único integrante de CIPPEC de estrechos vínculos con la política: Miguel Braun, uno de los fundadores de la ONG, es director designado por el macrismo en  Banco Ciudad; Jorge Giacobbe, vocal de CIPPEC, fue asesor del intendente de La Plata, Pablo Bruera; mientras que otro vocal, Guillermo "Willie" Stanley, es el papá de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de Macri.

En Poder Ciudadano, la relación con la política también está presente: su  presidente, Daniel Arroyo, fue ministro de Desarrollo Social de Daniel Scioli hasta 2009, en tanto que en el Consejo de Administración de la organización hay dos personas que trabajan para el Grupo Clarín: su gerente de comunicación institucional, Martín Etchevers, y otro de los abogados del abogado de Grupo, Hugo Wortman Jofré”.

Según publica hoy La Nación, el reclamo a los 12 legisladores se hace llenando un formulario que tiene una nota adjunta en la que se asegura que los proyectos presentan "serios problemas de constitucionalidad" e "implican un grave riesgo para el sistema de división de poderes, para el derecho de acceso a la justicia, a una tutela judicial efectiva, y especialmente para la defensa de los derechos de las minorías".

"La reforma propuesta profundiza los actuales problemas de la Justicia. No ha
sido debatida adecuadamente, tiene serios problemas de constitucionalidad,
pone en riesgo la independencia judicial y perjudica a los más desfavorecidos",
señalan en su página web los promotores de la solicitud, la Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles
(ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Directorio Legislativo y Poder Ciudadano.

Según el texto, los ciudadanos que firmen la nota les estarán diciendo a los 12
diputados que la reforma del Consejo de la Magistratura que se debate "pone
en serio riesgo la independencia del Poder Judicial", que la regulación de la
medidas cautelares "dejará más indefensas a las poblaciones vulnerables" y
que el diseño previsto para la creación de cámaras de casación "llevará a una
Justicia más lenta, ineficiente e inaccesible".

La petición para que "no" voten en favor de los proyectos del Gobierno
incluye la fotografía de los legisladores y se los identifica como "los 12
diputados que pueden frenar esta reforma judicial", de la que se dice: "Hay
que reformar la Justicia. Así no". En la apelación a los ciudadanos para que
firmen, las ONG señalaron también que "de estos 12 depende que no avance
el proyecto actual. De estos 12 depende el futuro de la justicia argentina. De
vos depende que conozcan tu opinión".

La presión sobre estos legisladores no es menor. Sucede que el kirchnerismo
en la Cámara de Diputados cuenta con una mayoría muy ajustada para lograr
el quórum de 129 bancas necesarias para comenzar el debate en el recinto. La
bancada oficialista cuenta hoy con 110 legisladores de sus filas y con unos diez
aliados. De esta manera, los 12 legisladores que están sin definición aún sobre
el proyecto de reforma judicial serán clave a la hora de reunir a las mayorías en
la Cámara baja.