Ley de Glaciares: con los votos en el bolsillo, Martín Menem desestimó las críticas y fijó una fecha de sesión
La Ley de Glaciares se encamina a sancionarse en Diputados. Martín Menem quiere una sesión después de Semana Santa, ya tiene los votos asegurados.
Serán dos jornadas de exposiciones en las audiencias públicas.
Prensa DiputadosLa Cámara de Diputados tuvo su primera jornada de audiencia pública por la Ley de Glaciares, plagada de denuncias de irregularidades. Martín Menem cuenta con los votos y quiere sancionar la nueva ley el 8 de abril. En paralelo, la oposición comienza a bajar los brazos y ya piensa en la judicialización.
El objetivo del Gobierno es definir todo esto la semana siguiente a la Semana Santa. Tienen previsto una jornada informativa con funcionarios nacionales y provinciales en defensa del proyecto oficialista —algo que escaseó en esta primera jornada de audiencia— para el lunes 6 de abril. El martes 7 sería la fecha para firmar el dictamen en las comisiones y el miércoles 8 se aprobaría la sanción en Diputados.
Esta mañana temprano se reunieron los representantes de los distintos bloques opositores que rechazan la modificación a la Ley de Glaciares que impulsan algunos gobernadores y la Casa Rosada. Allí estuvo el radical Pablo Juliano (Buenos Aires), la kirchnerista Paula Penacca (Capital Federal) y el lilito Maximiliano Ferraro (Capital Federal), según relataron fuentes parlamentarias a MDZ.
"Hoy no vemos ningún escenario en el que podamos ganar una votación con este tema", sintetizó a este medio uno de los participantes. Así, remarcó que "la opción que queda es hacerles pagar el costo de votar esto a los que acompañen y empezar a tejer una estrategia judicial que termine en la derogación".
Para la oposición esta audiencia fue nula (pero igual participó)
Como parte de la estrategia judicial se entiende la coordinación para denunciar y no reconocer la audiencia pública que se llevó a cabo. Casi todos los oradores comenzaron su alocución señalando que la audiencia era "ilegítima" y remarcaron que menos del 1% de las personas anotadas para participar pudieron hacerlo. "Ni siquiera quisieron llegar al tres por ciento", deslizó con ironía Sergio Esparza, de la organización Clase Obrera.
Además, denunciaron que "nunca se publicitó el listado de oradores" para conocer quiénes estaban anotados y dejar en claro quiénes iban a hablar. Cabe destacar que, a pesar de haber señalado de "nula" e "inválida" a esta audiencia, ni los diputados opositores ni los oradores que rechazaron este proyecto se mantuvieron presentes a lo largo de toda la jornada.
Esta desprolijidad administrativa quedó reflejada con dos diputados con mandato cumplido, María José Lubertino y Leonardo Grosso, que no habían sido notificados para hablar pero, como pudieron acceder a la sala del Anexo C en la que se desarrolló la sesión, fueron y se anotaron.
"A mí nadie me dijo que estaba convocado para hablar, pero como estaba acá y era un diputado con mandato cumplido me dijeron que pasara a hablar", relató Grosso a este medio en uno de los pasillos del Anexo de la Cámara baja.
Estas desprolijidades solo se explican porque el Gobierno cuenta con las voluntades políticas para firmar el dictamen y con los votos para sancionar la modificación de esta ley. Así se explica que no hayan dado más jornadas de debate en audiencia pública —uno de los reclamos de la oposición—, con el objetivo de dilatar lo más posible esta discusión y que por algún motivo esta reforma quedara archivada en el tiempo.
El lobby minero hace pie en el Congreso
Pero esta escasez de formalidad y transparencia le preocupa un poco más a las empresas mineras, las principales beneficiarias de este proyecto. La invalidez de las audiencias públicas será uno de los argumentos que la oposición utilizará para que el Poder Judicial frene esta ley. Si eso ocurre, por la ansiedad política de La Libertad Avanza, las inversiones millonarias que se anunciaron en los últimos meses y los proyectos que el Gobierno vendió en la Argentina Week, mientras Manuel Adorni se deslomaba con su esposa en Nueva York, quedarían paralizadas en los tribunales.
La injerencia del lobby minero en el Congreso llegó al punto tal que el dirigente ambientalista Enrique Viale denunció a la senadora Flavia Royón (Salta) por conflicto de intereses. Se trata de un caso de incompatibilidad con la función pública. Según indicó Viale, la senadora por Salta, que fue secretaria de Energía en el gobierno del Frente de Todos, trabaja en la consultora neozelandesa Zelandez, que le vende servicios de asesoramiento a la empresa minera Río Tinto.
En diálogo con MDZ, Royón señaló de "falsa" esa acusación. "Mi relación con Zelandez terminó cuando asumí como senadora", explicó la salteña a este medio.
En este contexto, el Gobierno seguirá con una jornada más de audiencia pública, seguirá de cerca el poroteo para asegurarse los votos y tratará de que ningún altibajo les rompa el equilibrio que les asegura la sanción de esta ley.