Gutiérrez apoya la decisión de Paco

La orden del gobernador Francisco Pérez de anular los permisos de 20 pozos de agua en Alto Agrelo en Luján de Cuyo quedó paralizada por la Justicia Local que dictó la medida de “no innovar”. Una diputada provincial de la oposición pidió que los abogados breguen por llevar adelante la decisión que, finalmente, tomó el mandatario provincial.

En diálogo con MDZ Radio, Patricia Gutiérrez, diputada provincial por el partido Unidad Popular, reconoció que, al menos después de muchas denuncias en relación a la ilegalidad en los permisos de los pozos de agua, el Gobernador tomó la decisión.

“Por lo menos tomó la decisión, ahora espero que los abogados del Gobierno defiendan la decisión que ha tomado Pérez. Porque lo cierto es que hemos tenido varios casos desde Fiscalía, Asesoría de Gobierno, donde los abogados prácticamente no han defendido los intereses de la provincia”, postuló la legisladora.

En esa línea, resaltó la ilegalidad que tuvo el otorgamiento de permisos, durante la gestión del ex superintendente del Departamento General de Irrigación /(DGI) Eduardo Frigerio.

“Desde el momento en que se hizo la denuncia, estos pozos fueron habilitados de forma ilegal y ahora más allá del amparo que presentó la Justicia, hay que resalta que esto es algo que ya tiene un origen ilegal de ahí que es nulo de acuerdo con lo que vemos nosotros los denunciantes”, expresó Gutiérrez.

Así ejemplificó: “Es como si pido un permiso de construcción en Las Heras y lo obtengo en Capital, ese documento no me habilita a construir en Las Heras”.

En otro orden de cosas se refirió a su proyecto para salvar el proyecto minero que quedó trunco en Malargüe tras la salida de la empresa brasilera Vale. Comentó que la provincia debería asociarse con Vale para reactivar el proyecto de la mina de potasio en el departamento del sur.

La diputada provincial explicó que Vale pidió un diferimiento o aplazamiento impositivo; en palabras sencillas, la empresa brasilera requirió que le perdonarán pagar algunos impuestos, como lo puede ser el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Se trata de un monto de 3500 millones de dólares. Esto lo tengo que poner en un contexto, con las leyes de inversión minera y el Código de Minería que data de la época de Menem perjudica notablemente la rentabilidad que este tipo de emprendimientos le genera a las provincias”, indicó Gutiérrez.

Según manifestó la legisladora de la oposición debería buscarse una opción para llevar adelante estos proyectos porque, a pesar de ser la provincia dueña originaria del recurso, sólo termina cobrando el 3 por ciento de regalías.

“Ahora que se está rehabilitando o pensando en que Emesa (Empresa Mendocina de Energía SA) participe de proyectos mineros, pueden darse las condiciones para que la provincia emita un bono que tenga un plazo de gracia para empezar a pagarlo hasta que la mina empiece a producir”, sugirió la legisladora.

“Podría ser que por ese monto, la provincia se asocie en el emprendimiento con Vale. Con lo cual mejoraría sustancialmente los ingresos que la provincia recibe por este tipo de proyectos”, explicó Gutiérrez.

Así sostuvo que habría que modificar ciertamente las leyes que rigen la actividad minera en el país. Dijo que con reglamentos heredados del gobierno del ex presidente Carlos Menem lo único que se logra es que cualquier estado extranjero pueda realizar proyectos mineros en  la provincia y no así el estado mendocino.

Escuchá aquí la entrevista completa:

Fuente: MDZ Radio FM 105.5, Te digo lo que pienso de 7 a 9.30.