Avanzan los superpoderes para la Subsecretaría de Trabajo
La Cámara de Diputados avanzó en el proyecto que le da “superpoderes” a la Subsecretaría de Trabajo y al Gobierno para regular los conflictos laborales y que tiene como centro un cambio: crea una comisión para determinar el nivel de servicios básicos que deben presentar los trabajadores cuando realizan una medida de fuerza. Para algunos gremios esa medida coarta el derecho a huelga y es inconstitucional.
La modificación de esta ley apunta, básicamente, a sostener los servicios de Salud cuando hay un conflicto.
La aprobación en Diputados se dio con el aval del PJ, el PD y el bloque radical Alem. La UCR oficial se opuso.
El proyecto fue aprobado con el apoyo del PJ, el PD y la UCR díscola. Hay quienes aseguran que es inconstitucional.
El próximo martes el tema se trataría en el Senado y se espera otro clima para ese momento: la titular de ATE, Raquel Blas, anunció que se movilizarán para intentar frenar la sanción de la ley.
El proyecto enviado por el Gobierno modifica la ley que creó la Subsecretaría de Trabajo y amplía sus facultades; pero no la desvincula del Poder Ejecutivo. Entre otras cosas esa repartición tendrá la potestad se sellar acuerdos en conflictos laborales que tengan el peso “cosa juzgada”, restringiendo la posibilidad de la “doble vía” de reclamo. Si se aprueba, los trabajadores tendrán sólo 10 días para reclamar ante la justicia luego de firmar un acuerdo en la Subsecretaría.
Pero la principal polémica está con la regulación de los servicios ante las medidas de fuerza. En primer lugar, se busca obligar a los sindicatos que avisen con 5 días de anticipación de una medida de fuerza. Pero además, se genera una instancia de negociación obligatoria para establecer cuáles son los niveles de prestación mínima que tienen que dar los trabajadores durante el conflicto, “las modalidades de su ejecución y el personal que se asignará a la prestación de los mismos”. Si no hay acuerdo entra en juego al Comisión de Garantías, que es un cuerpo colegiado creado para que establezca cuáles son los niveles de servicios mínimos a prestar. Esa comisión existe a nivel nacional y regulada por una norma de ese carácter. Por eso los gremios aseguran que la versión local no tendrá validez legal. “Esto es una locura. Es una vergüenza a todas luces que un gobierno justicialista esté haciendo estas cosas contra los trabajadores. Le pido a la dirigencia política que tenga coherencia y moral pública. La respuesta es que nos vamos a movilizar a Senadores y después si esto sale vamos a ir a la justicia. Pero no lo vamos a reconocer, vamos a seguir diciendo que nos amparamos en la ley nacional, porque tiene mayor jerarquía”, dijo Blas.
El subsecretario de Trabajo, Ariel Pringles, siguió la sesión en el recinto y aseguró que el proyecto no va contra los trabajadores, sino lo contrario. “Es un avance institucional para la provincia y para los trabajadores. Yo provengo del movimiento obrero y puedo asegurar que esto no es en contra del derecho a huelga, sino lo contrario. Está regulando muchas actividades que la Subsecretaría ya hace. No tenemos que tenerle miedo a ser los mendocinos quienes regulemos los servicios mínimos”, aseguró Pringles.
La Comisión de Garantías estaría formada por 5 miembros de distinto origen, aunque en todos los casos será el Poder Ejecutivo quien tenga la última palabra para designarlos.
Con la nueva reglamentación, los gremios deberían avisar con 5 días de antelación ante una medida de fuerza. Y en caso de ser un servicio escencial, una comisión determinará el grado de asistencia mínima que deben prestar.
Los servicios esenciales donde se aplicará la norma son los mismos establecidos por la ley nacional, es decir “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”, pero se pueden sumar más dependiendo del contexto. De hecho en Mendoza un fallo judicial consideró a la educación como un servicio básico.
La sesión de ayer fue para tratar en particular el tema, pues la semana anterior había sido aprobado en general. Toda la votación fue 23 a 20; con los votos del PJ, los de las radicales Liliana Vietti y Teresa Maza y el PD. En el recito no faltaron las chicanas. “El 17 de abril va a ser conocido como el día en que el peronismo votó en contra del movimiento obrero”, dijo el radical Daniel Dimartino. Y quien salió al cruce no fue un peronista, sino otra radicla, Liliana Vietti, quien le recordó a Dimartino que Julio Cobos había impulsado otro proyecto más restrictivo cuando fue Gobernador.
Lo cierto es que el Gobierno dio un paso más sobre los gremios, justo en medio de las negociaciones paritarias y en un contexto particular: casi todos los sindicatos ya acordaron salarios y sólo queda avanzar con la Administración Central (que está cerca del acuerdo) y con Salud, el sector que es liderado por Raquel Blas y que también será el área más afectada si se aprueba la ley.