Confirmado: Irrigación clausura los polémicos pozos de agua

El Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación revocó por unanimidad el permiso de los polémicos pozos de agua que habían sido autorizados en una zona restringida, al no autorizarles la concesión definitiva. Por eso ahora esas perforaciones son ilegales.

Se trata de 21 pozos de agua que fueron otorgados por la gestión anterior y que están en la margen derecha del río Mendoza, una zona con restricciones para otorgar permisos de agua por la crisis hídrica. En concreto se negó la concesión de 20, porque el otro fue autorizado para abastecimiento poblacional. De esos 20, hay  que no se ejecutaron. El agua de esos pozos tenía como destino emprendimientos inmobiliarios de lujo, algunos de los cuales están en desarrollo. El tema fue motivo de jury contra el ex superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio, quien renunció antes de que se realizara el juicio para su destitución.

La decisión de revocar los permisos fue anunciada por el gobernador Francisco Pérez durante la Vendimia y se concretó hoy. La sesión del Tribunal comenzó cerca de las 11 de la mañana y se resolvió un par de horas después. La votación fue unánime: todos los integrantes del Consejo decidieron revocar los permisos y no otorgar la concesión.

Cómo sigue

Ahora los propietarios de los campos deberán cegar los pozos que están abiertos y se abren varios caminos: por un lado las quejas de los empresarios, y por otro la posibilidad de buscar responsables internos por la autorización de los pozos.

Desde Irrigación no quisieron dar detalles más allá de un comunicado informando el resultado de la sesión y los apoyos institucionales que hubo. “El Honorable Tribunal Administrativo determinó en forma unánime el rechazo de las solicitudes de concesión de las perforaciones analizadas”, dice el comunicado. Legalmente los permisos provisorios estaban vencidos y al no otorgarse la concesión, quedan anulados.

El Consejo está formado por Carlos Dávila por el Río Tunuyán Superior, Ricardo Scandura por el Río Tunuyán inferior, Alejandro Gennari por el Río Mendoza y Oscar Demuro por el Río Diamante; además de José Luis Álvarez como superintendente.

El consejero Eduardo Genari, que llegó de la mano de la UCR, pidió que se realicen denuncias penales para determinar si hay alguna responsabilidad de parte de funcionarios políticos. A través de un escrito, Genari dijo estar de acuerdo con la decisión, pero no con los métodos. Y pide que no se cierre el tema y que “remita compulsa a la justicia penal, a efectos de que la autoridad competente evalúe si ha existido alguna acción u omisión en los funcionarios actuantes en las mismas que configure delito, sea en el otorgamiento o posterior control de las resoluciones de permiso que de acuerdo a la Superintendencia han sido ilegítimamente otorgadas”.

Por ahora todas las decisiones tomadas son políticas y administrativas, sin que haya sanciones de por medio. Frigerio zafó de la expulsión por haber renunciado y la única causa penal abierta fue archivada.

Sin embargo todos apuntan a que había otras responsabilidades. Es que aunque Frigerio era la autoridad formal, todos apuntan a que las decisiones las tomaba Jorge Villalón, quien ejercía el poder en las sombras. Ese poder se extendía más allá de Irrigación; pero por ahora no apareció ningún instrumento legal que lo vincule, pues era solamente asesor y no firmó ninguna de las decisiones polémicas.

Apoyos

Para blindar la decisión, desde Irrigación buscaron respaldos. Y consiguieron amplio aval de los usuarios a la decisión, más allá de los matices y de las críticas que se hicieron por supuesto oportunismo. Así, se sumaron al expediente notas de distintas organizaciones de productores, asociaciones de inspecciones de cauce de todos los ríos y representantes del sector productivo.

Las inspecciones de cauce del Río Mendoza emitieron un comunicado apoyando la medida, pero advirtiendo que no permitirán ninguna excepción a las normas. “No vamos a negociar bajo ningún aspecto o argumento que sean otorgados derechos de concesión a pozos ilegalmente construidos”, aseguraron.