Comenzó la guerra del agua
Luego de la decisión de no otorgarle la concesión definitiva y ordenar el cierre de los 21 pozos de agua que generaron polémica, comenzó la guerra judicial. Al menos 9 personas y empresas presentaron amparos en la justicia para buscar que Irrigación suspenda la orden de cegar los pozos y también que se declaren inconstitucionales las resoluciones donde se les niega la concesión. En el medio hay una pelea de presiones donde hay grandes negocios relacionados con el sector inmobiliario por un lado y la crisis hídrica y el respeto a las normativas por el otro.
Los amparos fueron presentados en la justicia civil y aunque por ahora son 9, se especula con que lleguen muchos más en el mismo sentido. Según explicaron allegados a la causa, los accionantes no son directamente las empresas que fueron favorecidas en su momento con los pozos, sino los “terceros perjudicados” por la decisión. Es decir algunos de los propietarios que compraron terrenos en los emprendimientos inmobiliarios y que ahora no tendrán agua para el desarrollo. Incluso en algunas de las presentaciones se hace mención a que se preveían inversiones para instalar canchas de golf y hoteles de lujo en esos lugares, a pesar de que el agua se había otorgado supuestamente para riego agrícola. Entre esas empresas están los titulares del proyecto Santa María de los Andes, de donde es accionista el conductor de televisión Marcelo Tinelli y también un emprendimiento de la empresa KLP, que es propietaria del hotel Intercontinenal de Mendoza y Alto Agrelo Golf Club, entre otros.
Los pozos fueron otorgados por el Departamento General de Irrigación en la gestión de Eduardo Frigerio y están en la margen derecha del Río Mendoza, una zona donde está prohibido otorgar permisos de agua subterránea. En la mayoría de los casos los destinatarios de los permisos eran empresas que proyectaban grandes emprendimientos inmobiliarios. La entrega de esos permisos le valió a Frigerio un jury y lo encaminó a su renuncia, justo antes de que se haga el juicio para la destitución.
Pozos polémicos
Fue el gobernador Francisco Pérez quien anunció durante la Vendimia que habían decidido no otorgar la concesión definitiva y que ordenarían el cegado de los pozos. Luego el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación ejecutó la medida a través de distintas resoluciones. En concreto lo que hicieron fue no otorgarle la concesión y por eso cada uno tiene una resolución particular.
Los accionantes pidieron que no se ejecuten las resoluciones a través de una medida de no innovar. La intención de esa presentación es que se suspenda el cegado de los pozos en el corto plazo. Pero además cuestionan el fondo de la decisión.
Las presentaciones recayeron en el Tribunal de Gestión Asociada número uno, a cargo de Fabiana Martinelli. Más allá del resultado de la cautelar, se especula con que las causas terminarán en la Suprema Corte de Justicia en el mediano plazo.