Revocan polémicos permisos y buscan modificar la ley de aguas

En plena Vendimia, el Gobierno buscó marcar agenda con un tema central para Mendoza: el agua. Primero el gobernador Francisco Pérez oficializó que enviarán un proyecto para modificar la ley de aguas, una norma que es la base del sistema productivo de la provincia y que es previa a la Constitución.  

En realidad, como adelantó MDZ en diciembre del año pasado, hace varios meses que desde Irrigación trabajan en el tema y el proyecto se enmarca en la reforma institucional que el Gobierno busca encarar. 

Pero además, también anunció que ordenó quitar los permisos para explotar pozos de agua que fueron otorgados por Irrigación en zonas restringidas y que generaron una fuerte polémica durante la gestión anterior. Tanto que fue el detonante para iniciar un jury a Eduardo Frigerio, proceso que terminó con su renuncia. Se trata de más de 20 pozos que fueron otorgados a emprendimientos inmobiliarios. La nueva gestión de Irrigación envió las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia para que analice la legalidad de esos permisos. Pero Pérez acaba de anunciar que se ordenó revocar los permisos. Entre esos beneficiarios está el proyecto Santa María de los Andes, donde es accionista el conductor de TV Marcelo Tinelli, junto con otros empresarios ligados al sector de los juegos de azar.

“Vamos a regularizar los permisos de agua subterránea, cuestionados en su otorgamiento, para lo cual he dado expresas instrucciones al señor Superintendente General de Irrigación para que los dé de baja”, dijo Pérez en el desayuno de la COVIAR.

Según informaron desde Irrigación, la decisión es no otorgar las concesiones y que sea el Tribunal Administrativo el que defina si corresponde o no. La decisión política es no otorgarlos. En total son 21 pozos autorizados. De esos hay 7 que nunca fueron perforados y uno que se mantendrá abierto porque es para abastecimiento poblacional. Los otros 13 deberán ser cegados, según explican desde el Gobierno. La próxima sesión del Consejo Administrativo es el 8 de marzo y allí podría oficializarse que no se otorgan las concesiones. Así, las empresas que fueron beneficiadas deberán cegar los pozos.

Cambios en la ley fundamental

La ley provincial de aguas fusa sancionada en 1884. Pero en 1905 se sancionó la ley 322, que la reglamentó y también hizo aplicables los principios establecidos en la norma original.

Desde entonces tuvo algunas reformas parciales, pero no estructurales y se transformó en una especie de ley santa. En el fondo quienes la defienden temen que cualquier apertura a debate sea para cambiar algunos de los postulados fundamentales que le dan garantías del uso del agua. Desde Irrigación aseguran que hay temas que no se tocarán por considerarlos “casi sagrados”. “La inherencia no se toca”, aseguran. Pero sí habrá un intento para que esa inherencia sea también para la actividad. Es decir, que el permiso de agua que tengan un terreno esté arraigado al territorio, pero también al tipo de uso, para que no ocurra como ahora, donde hay emprendimientos inmobiliarios que hacen uso del derecho de agua que fue otorgado para riego agrícola. Así, si el agua se otorga para una actividad, y luego se cambia el uso del suelo, ese derecho podría perderse..

Uno de los cambios centrales es que la intención es que todas las aguas sean declaradas como públicas. De esa manera se buscaría que Irrigación tenga el control estratégico de ese recurso sin permitir que haya vertientes privadas. En ese sentido apuntan a tener una “gestión integral” del agua: el debate de fondo será si hace falta que un mismo organismo maneje todo o que haya alguna comisión de coordinación entre las distintas reparticiones que tienen que ver con el uso del agua.

Ese debate no será sencillo. La intención del Gobierno es sumar el tema al intento de reforma de la Constitución, un proyecto que está empantanado políticamente.