El Senado resucitó la reforma de 2001

De hecho se sabe que el proyecto de Valls responde a una instrucción del gobernador bonaerense Daniel Scioli, como prenda de paz con el mandatario mendocino luego de que se tensaron las relaciones entre ambos al conocerse la cena entre Scioli y el enemigo público del peronismo, Julio Cobos.

De ahí surgió la idea que quedó plasmada en este proyecto, que en realidad contiene hasta el reclamo de los legisladores radicales que pedían la promulgación del reformado artículo 198 que limita a una una reelección consecutiva para el cargo de intendente.

La historia

La propuesta aprobada por la Cámara alta contempla que el plebiscito del 14 de octubre de 2001, dos meses antes de la debacle socioeconómica que volteó al gobierno de Fernando de la Rúa.

En aquel contexto ganó el sí pero nunca se llamó a elecciones de convencionales por el clima político imperante y porque la cantidad de votos positivos no alcanzó la mitad más uno de la cantidad de empadronados tal como interpretó la Suprema Corte de Justicia en su fallo de 1989, cuando Ariosto Falaschi, un dirigente demócrata, plantó un recurso de inconstitucionalidad contra el referéndum que se votó en 1987.

Se impuso un criterio de la ex jueza de Corte Aída Kemelmajer de Carlucci que en la pureza del pensamiento jurídico tomó por cierto que todos los ciudadanos habilitados en el padrón podrían sufragar. Kemelmajer nunca contempló que dentro de ese listado siempre se encuentran personas que murieron o que directamente no votarían. 

Ahora de acuerdo al análisis jurídico confeccionado por Domínguez el gobernador, en realidad estaría obligado a llamar a elecciones de constituyentes.

Este es el meollo del argumento constitucional del Colegio de Abogados en defensa del proyecto aprobado esta tarde.

El ejercicio del poder constituyente derivado o reformador, es un proceso, único y total que requiere en nuestro sistema constitucional del cumplimiento en dos etapas. La primera es la etapa preconstituyente, ejercida en la Provincia por la Legislatura y referida a la declaración de la necesidad de reformar la Constitución vigente. Su acción no es de naturaleza ordinaria o simplemente legislativa, pues ejerce en esta etapa una función preconstituyente. Justamente por el especial carácter de la función ejercida es que se ha estimado pacíficamente, y así lo establece la Constitución de la Provincia de Mendoza, que el Poder Ejecutivo no puede vetar dicha ley ejercida en función preconstituyente. Si no puede vetar la ley, va de suyo que se encuentra obligado –tal como expresamente lo prevén los artículos- a activar las etapas siguientes del proceso reformador.

Con este paso legislativo el gobernador que ve con buenos ojos la acción de Valls, comenzará un camino de consultas constitucionales empezando por la Asesoría de Gobierno.

Lo que viene

Es conocida la resistencia de los gansos a las acciones reformistas. Por antonomasia el conservador PD ha resistido estas embestidas. Ahora, por lo que se presume, podría recobrar vida si se convierte en el portavoz de la negativa al posible llamado a la elección de convencionales.

Puede ocurrir que alguien de algún sector opositor haga un nuevo planteo de inconstitucionalidad para obligar a la Corte a que se expida nuevamente sobre las mayorías en un plebiscito vinculante para reformar la Carta Magna.   

Sería una buena oportunidad para que los jueces supremos analicen el asunto que hace que varios intentos reformadores fueran frenados por considerar al criterio de la Corte aplicado para un caso como regla para todos los referéndums que sucedieron al de 1987.

Meses atrás, los primeros en llevarle al gobernador la idea de reformar la Constitución con el plan de 2001 fueron los radicales iglesistas, por medio de sus constitucionalistas.