Cuidarán la "seguridad jurídica" de Vale

Algo cambió. El Gobierno modificó el tono del discurso oficial y bajó el nivel de conflictividad respecto a la responsabilidad de la empresa Vale por el freno del proyecto Potasio Río Colorado. Ahora, desinflan la idea de quitar la concesión y hablan de cuidar la seguridad jurídica, particularmente los derechos que la empresa tiene.

El vocero del cambio de discurso fue el vicegobernador Carlos Ciurca. Y lo hicieron en consonancia con los principales referentes de la oposición. “Hay una empresa que tiene una concesión, una concesión firme. El ritmo de inversión se ha detenido. Hay derechos de la empresa. Sería al menos un error plantear de un día para otro la quitar la concesión, hacer caer la concesión, cuando todavía estamos con una vía de relación diplomática intentando ver cuál es la situación de fondo”, dijo Ciurca, solo un par de días después de que Julio De Vido y Francisco Pérez criticaran por “cadena nacional” los incumplimientos de Vale.

El Gobierno y la oposición se pusieron de acuerdo en "cuidar los derechos que asisten a Vale". Es un cambio en el discurso oficial, que pasó de la denuncia al entendimiento.

Ayer los principales legisladores de la oposición se reunieron con el Gobernador y el Vicegobernador para elaborar una estrategia conjunta respecto al conflicto con Vale. Pérez recibió un fuerte apoyo de la oposición y todos se comprometieron a trabajar juntos, siempre y cuando se cumplan algunas pautas. Una de ellas es que se entregue información y que se haga partícipe de las decisiones a la oposición. Pero todos redundaron en el tema de la seguridad jurídica. Incluso ninguno criticó a la empresa brasileña Vale. “Vale no se fue, no se ha ido. Tiene todos los derechos Vale. Sin Vale no existe ninguna posibilidad inmediata de retomar. Lo que no se va a poner en juego es la seguridad jurídica de la provincia. Esto es contundente, no existe posibilidad de expropiación o alguna vía o atajo que marque a la provincia en situaciones que puedan afectar a futuras o actuales inversiones”, repitió Ciurca, quien explicó que pueden existir alternativas, pero que la prioridad la sigue teniendo la firma brasileña que es titular de los derechos.

Apoyo político

Los radicales y los demócratas dijeron que apoyan al gobierno, aunque también pidieron que la Nación mantenga su intervención. A priori las soluciones que ven no son inmediatas. Por eso dijeron que el primer objetivo es establecer un plan de contingencias para contener a los trabajadores que podrían quedarse sin empleo luego del 18 de abril, día en el que vence la conciliación obligatoria. Lo que preocupa es el día después. En ese sentido, Ciurca dijo que se prepara un plan, pero que no quieren crear falsas expectativas, pues tendrá que ver con “las necesidades básicas” y no con la cobertura total de ingresos que actualmente tienen los trabajadores.

La otra urgencia tiene que ver con la situación de los proveedores. En total son unas 78 empresas de distinto tamaño las que están en espera. Los otros dos ejes de trabajo tienen que ver con la ya mencionada “seguridad jurídica” y con las negociaciones diplomáticas. “Vamos a darle total apoyo al Gobierno”, dijo Armando Camerucci, quien igualmente condicionó ese respaldo a la respuesta del Ejecutivo respecto al aporte de información y el consenso en las decisiones. Algo similar dijo Carlos Aguinaga, del PD, quien remarcó que no apoyarán ninguna decisión que vaya en contra de la voluntad de la empresa Vale.

Los partidos de la oposición dijeron que apoyan al Gobierno. Pero piden participación en la toma de decisiones y reclaman información actualizada.

Antes de la reunión ampliada, Pérez estuvo con el senador del Pro Gustavo Cairo, quien presentó el proyecto para ampliar el alcance de la empresa provincial de energía (EMESA). Pérez hará propio el proyecto para que sea tratado en el recinto antes del inicio del período de sesiones ordinarias.