Salidas transitorias: reclamo por la acefalía de los juzgados de ejecución
Es un conflicto silencioso, que explota solamente cuando hay alguna arista mediática. La justicia de ejecución está en crisis y la vulnerabilidad del sistema abre puertas para que aparezcan cuestionamientos de todos lados. Los dos jueces de ejecución penal de Mendoza están de licencia y los subrogantes naturales, los jueces de garantías, se resisten a seguir el ritmo que ese trabajo demanda y ya presentaron sus quejas a la Suprema Corte.
En el medio, aparecen conflictos relacionados con el tema como el pedido de jury contra tres camaristas por otorgar beneficios establecidos en la ley a presos que tenían informes negativos. El pedido recayó sobre la cámara penal, a quienes Casia acusa de haber tenido “mano blanda” para otorgar los beneficios. La denuncia tiene un costado efectista, pues justo llega al cumplirse un año de la muerte de Matías Quiroga, caso que puso en relieve el tema de las salidas transitorias el año pasado. Esa causa también derivó en un pedido de jury contra el juez de ejecución penal Eduardo Mathus, quien había sido marcado por los mismos acusadores por haber otorgado salidas transitorias. Ese pedido fue archivado por el Jury.
En Tribunales por ahora relativizan el hecho, al menos hasta que se presente efectivamente la denuncia. Quienes conocen sobre esos procesos especulan con que seguramente se le dará vista a la denuncia para que los jueces presenten un descargo. Pero explican que para que prospere un juicio contra una Cámara completa los argumentos deben ser muy sólidos.
Los jueces acusados son Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel. No son jueces desconocidos. Luis Correa Llano fue fiscal especial y cuando estaba en ese cargo supo ganarse algunas antipatías, pues recayeron sobre sus manos varias causas que tenían a funcionarios políticos como acusados. Alejandro Miguel fue juez penal de menores en el Valle de Uco y, explican, tiene un perfil garantista. “Casia presenta la denuncia en los medios, aprovechando un aniversario triste. Y luego hace la denuncia”, se quejan en Tribunales.
La tensión interna
Los jueces de ejecución penal se encargan de administrar justicia dentro de las cárceles. Entre otras cosas son los magistrados que analizan en primera instancia los beneficios legales que solicitan las personas privadas de su libertad en las cárceles locales. Hoy en Mendoza los dos juzgados están acéfalos porque sus titulares, Mathus y María Inés Vargas Romero, están de licencia.
Los subrogantes naturales son los jueces de garantías, quienes cada día ponen el grito en el cielo por la situación que “heredan”. Es que, explican, son miles de expedientes a resolver que se acumulan y que en muchos casos atañen a temas delicados. “Son temas delicados y n podemos resolver a las apuradas. Muchas veces vienen las resoluciones redactadas por personas que no son megistrados. No se puede dar beneficios sin analizar ni tampoco privar de un derecho a una persona”, dijo uno de los magistrados.
La situación fue planteada a la Suprema Corte por parte de los jueces de garantías a través de una nota. En el escrito piden que se solucione el conflicto y que se amplíe la posibilidad de subrogar los juzgados de ejecución a otros tribunales para descomprimir la acumulación de expedientes.