La verdadera pelea detrás de la reforma política

En estas horas, en la Legislatura mendocina se discute un proyecto esencial para la vida democrática: la reforma electoral provincial. Hace casi una semana, el Senado dio el primer paso al darle media sanción, pero la discusión continúa, y la polémica también.

¿Es así? ¿Puede una ley con su mera proclama hacer tanto por la República?

Lo primero que debe saberse antes de responder a la pregunta es que la discusión es meramente política; y el momento de darla también.

Los ojos están centrados en la elección de gobernador del 2015 y en el arrastre que pudiera ocurrir entre candidatos presidenciales y provinciales en los dos partidos hoy mayoritarios, el PJ y la UCR.

Hurgando en las intenciones de aquellos que discuten este tópico, tanto en el oficialismo como en la oposición, se verá que no hay una intención real de que esto funcione en los hechos, sino más bien de arrogarse la potestad de un proyecto que promete bastante más de lo que puede cumplir.

El PJ mendocino logró “primerear” el tema, pero hizo a fuerza de ignorar a los legisladores radicales. “Ya van a venir a pedir diálogo para el presupuesto y la ley impositiva. ¿Con que cara van a venir a hacerlo? Ahora les estamos rogando diálogo y consenso y no lo quieren dar”, espetó en pleno recinto el senador de la UCR Juan Carlos Jaliff a sus pares oficialistas.

Algo similar advirtió Néstor Parés, presidente de bloque de la UCR en Diputados: “Dejar afuera al radicalismo de una reforma electoral me parece una actitud de prepotencia (…) Los consensos se buscan en todas las cosas. Los ánimos están mal para seguir una relación para adelante”.

Una de las pocas voces de respuesta fue la de Jorge Tanús, presidente de Diputados: “Les dije iba a hacer un esfuerzo para que lo de las PASO se buscara consenso en Diputados. Es difícil porque ellos están cerrados al desdoblamiento y boleta única”.

Unos y otros, como puede verse, están cerrados en sus posiciones. Los radicales insisten con querer ser parte de la discusión y los peronistas persisten en no dejarlos entrar. Hay quienes aseguran que en realidad a nadie le interesa el debate de fondo, ni a los unos ni a los otros.

Si así no fuera, ¿por qué recién ahora se impulsa esta norma? ¿Qué hizo que repentinamente todos quieran ser parte de un proyecto que renació justo después de las primarias de agosto y recrudeció luego de las Legislativas de octubre?

La respuesta está en la misma pregunta: el resultado de las elecciones puso sobre aviso a los referentes del peronismo local. La lección de las urnas dejó algo muy en claro, el clientelismo no da para más.

En ese contexto, el radicalismo intenta utilizar la reforma políticamente, ya que no tiene arrastre presidencial a largo plazo, sobre todo de cara al lejano 2015. A su vez, el peronismo tiene su eterna capacidad de armado y, por ello, jamás dará a la UCR posibilidad de involucrarse en el debate.

En medio de ese diálogo de sordos, aparece la reforma en sí, que carece de precisiones sobre tres cuestiones esenciales: el desdoblamiento electoral, el financiamiento público de las campañas políticas y el voto electrónico.

Según César Cattaneo, concejal de Godoy Cruz por el radicalismo, el desdoblamiento “nos permitirá fortalecer el federalismo y la autonomía política de las Provincias y de los municipios; dando mayor claridad y conocimiento sobre los cargos y candidatos a elegir”. Sin embargo, su interés es variable: si a nivel nacional, al partido de turno le va bien, el desdoblamiento no conviene. Lo opuesto ocurre si los números son esquivos a las fuerzas en pugna.

Respecto al financiamiento público de las campañas políticas, ayudaría a limitar la influencia de fuentes de financiamiento con intereses particulares e incrementaría la transparencia en las finanzas de los partidos políticos. No obstante, a nivel nacional quedó demostrado que no existe equidad a la hora de repartir los fondos: siempre se privilegia a los candidatos propios.

Finalmente, respecto al voto electrónico, es un sistema de complicada implementación. Demora no menos de cinco o seis años en funcionar, tal cual lo demostró la experiencia salteña.

En esa provincia, se hizo la primera prueba piloto en 2009 y recién este año se pudo aplicar, según reveló la secretaria del Tribunal Electoral salteño, Teresa Ovejero, defensora del sistema en cuestión, quien sintetizó:

"Lo fundamental es que no se trata de una urna electrónica sino una máquina de votar que le agrega tecnología al proceso".

Este es el escenario que se encuentra detrás de la discusión por la reforma política, ni más ni menos. Medidas grandilocuentes de dudosa aplicación y un sistema político que solo instala el debate para intentar ganar las simpatías ciudadanas. Apenas eso.