Boudou al horno después del 27
El expediente reposa en el escritorio del juez federal Ariel Lijo su carátula no deja lugar a dudas: "Boudou, Amado y otros s/enriquecimiento ilícito". Se trata de la causa Nº 1.992/12, por la cual el vicepresidente a cargo del Ejecutivo .
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El magistrado no solo investiga a Boudou, sino también a sus socios potenciales: Juan Carlos López, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Agustina Kampfer, Sandra Viviana Rizzo, Fabián Hugo Carosso, Hugo Nicolás Carosso y Pable Pellet Lastra.
El juez sospecha que, independientemente de la imposibilidad de justificar su patrimonio, el vice operaría a través de puntuales testaferros, algunos de los cuales se presume a los antes mencionados. En tal sentido, llama la atención de Lijo que ninguno de ellos declarara actividades de relevancia antes de aliarse con Boudou.
Es más: la mayoría supo ser monotributista en el pasado reciente.
Como sea, el hoy presidente en ejercicio se encuentra en serios problemas. Tal es así, que debió reconocer —¿inventar?— un delito para justificar otro menor. Es que, al no poder explicar su propio crecimiento patrimonial, el funcionario aseguró que parte de su fortuna se vio engrosada por la no devolución de $ 180.700 de viáticos provenientes de fondos por viajes oficiales.
Ello provocó que fuera denunciado ipso facto por haber violado el decreto 1906/06 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, que establece que un funcionario público tiene la obligación de reintegrar en 72 horas el saldo de viáticos que recibió y justificar los gastos.
Esa jugada le costó una nueva imputación a Boudou, por haber violado el artículo 261 del Código Penal, que castiga con dos a diez años al “funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.
No obstante, esa no es la única acusación en su contra: existe otra denuncia que asegura que el vice también autorizó viáticos de entre 38 y 140 mil pesos a sus custodios del Senado, para viajes que nunca fueron realizados.
Mientras tanto, Boudou se encuentra complicado en otros expedientes judiciales, uno de los cuales se definirá a principios de noviembre. Se trata de la causa que investiga su participación en el salvataje de la ex Ciccone, donde se busca determinar si hubo tráfico de influencias para que la empresa pase a manos de su “prestanombre” Vandenbroele.
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No es un dato menor: si los jueces avalan a la mujer, quedará en pie uno de los argumentos más duros contra Boudou y podría complicarlo en pleno momento de elevada exposición pública.
El contexto judicial no es el mejor para el vice: el temor que solían ostentar los operadores del kirchnerismo como Dante Dovena —hoy embajador en Uruguay—, Daniel Varizat —condenado hace poco por “lesiones leves”— y Javier Fernández —persistente auditor de la AGN—, se ha desintegrado por completo en los últimos tiempos.
Hace algunas semanas, según reveló diario Perfil, la mayoría de los magistrados federales se reunió con referentes del massismo a efectos de pedir una suerte de protección política, en el intento de comenzar a mostrar independencia en sus fallos.
No son buenas noticias para Boudou, sobre todo con tantos enemigos dentro y fuera del gobierno. Por lo visto, el destino parece empecinado en borrar su insistente sonrisa de su rostro.