Ronda explicó el proyecto de refuncionalización de la justicia penal

La subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, Romina Ronda, explicó esta mañana ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Alejandro Viadana (PJ), los alcances del proyecto de ley de refuncionalización de la justicia en materia penal remitido por el Poder Ejecutivo.

La funcionaria explicó ante los legisladores (entre quienes también se contaron los diputados Néstor Piedrafita, Nuevo Encuentro; Mónica Zalazar, PJ; Lucas Ilardo, PJ; Gustavo Arenas, PJ, y Tadeo García Zalazar, UCR) que la iniciativa forma parte del paquete de medidas acordado en el seno de la Bicameral de Seguridad y en el  que también se incluyen otras iniciativas, algunas de ellas con media sanción o en debate en las Cámaras Legislativas, como el Banco de Huellas Genéticas o la Policía Judicial.

De acuerdo a lo expuesto por Ronda, se trata de una “reforma orgánica”, que implica “un proyecto de transformación”, ya que cuatro juzgados correccionales se transformarán en garantías y flagrancias, en tanto que el “resto es una modificación del Código Procesal Penal y se aprovecha un artículo para establecer las competencias del juez de ejecución”.

Según establece el proyecto en los fundamentos, “luego de casi una década de implementación progresiva del Código Procesal Penal” se advierte “la necesidad de refuncionalizar la estructura orgánica de la Justicia Penal a fin de aprovechar de mejor manera los recursos humanos y materiales existentes en el Poder Judicial de Mendoza”.

“Se aumenta el número de decisores en los juzgados de garantías. Estos órganos jurisdiccionales cumplen una importante misión de dirección dentro del proceso penal al resguardar las garantías de las partes –ante todo del imputado y la víctima– y su incremento permitirá mejorar la capacidad operativa del sistema, acortando los plazos de la investigación preparatoria dado que, al tener una mayor estructura orgánica y de recursos humanos, podrá responder con más rapidez a ciertos actos procesales que la requieren: así, por ejemplo, el dictado de la prisión preventiva, la expedición de órdenes de allanamientos, intervenciones telefónicas, la resolución de incidencias dentro del proceso, entre otras”, argumenta el texto del proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura.

Para esto, la propuesta establece la fusión de la competencia ordinaria de la justicia de garantías y la correccional en un mismo órgano, con lo que los juzgados de garantías –seis en la Primera Circunscripción Judicial son seis y dos en la Tercera Circunscripción– y cuatro de los seis correccionales de la Primera Circunscripción Judicial y uno en la Tercera pasarán a conformar los juzgados de garantías y correccionales.

Los legisladores presentes manifestaron en general su acuerdo con la propuesta, aunque, a pedido de algunos diputados, como Aldo Vinci (PD) y Víctor Scattareggia (UCR), se solicitará un informe estadístico respecto de los hechos delictivos que atienden los distintos juzgados en cuestión, el presupuesto que demandaría estas modificaciones  y la opinión del Consejo de la Magistratura respecto de las compatibilidades de los jueces de garantías y correccionales en este nuevo esquema.