Piden GPS para controlar a los colectivos
Fue una de las exigencias más promocionadas en el año 2005, cuando se licitaron las actuales concesiones del transporte público: tener un sistema de seguimiento satelital para mejorar el control de las empresas. Pero nunca se cumplió del todo. Ahora, la Secretaría de Transporte volvió a poner un plazo para que todos los colectivos de Mendoza tengan GPS y brinden información precisa sobre los recorridos, la cantidad de kilómetros y pasajeros que transportan, entre otras cosas. En el fondo es información fundamental, pues el Estado paga a las empresas por la cantidad de kilómetros recorridos. Y el pago del pasaje de cada usuario es parte del fondeo de esa caja. Ante la falta de información precisa, el sistema siempre generó algunas dudas, sobre todo por el “riesgo cero” que tienen los empresarios y la falta de control.
Hoy aseguran que los colectivos tienen un sistema de seguimiento. Pero quieren mejorarlo para tener más control. Por eso, la Secretaría de Transporte puso un plazo de hasta seis meses para que todas las unidades tengan un sistema de GPS y GPRS que registre cada movimiento y “permita obtener y disponer de información en tiempo real del funcionamiento del servicio”.
Cada empresa deberá hacerse cargo de la instalación de los sistemas y también de tener permitir el acceso a esa información de parte del Gobierno. Justamente el costo de la nueva disposición promete polémica con los empresarios.
La exigencia llega a sólo dos años de que venzan las concesiones y se realice una nueva licitación. Según la resolución que determina los nuevos controles, los sistemas deben contemplar el envío de información sobre ubicación, pasajeros transportados, recorridos, frecuencias, horarios, entre otros datos. Esa información será enviada a un centro de procesamiento de datos. “Este sistema debe permitir el acceso, disposición y visualización de la información en tiempo real, en forma irrestricta, no condicionada, libre e inmediata, al Gobierno de la Provincia de Mendoza, por intermedio de esta Secretaría de Transporte”, indica la resolución 4.875.
Según explican, esa tecnología también ayudará a mejorar la seguridad en los colectivos, pues entre las exigencias se incluye la instalación de una alarma que se activa con “botón de pánico”.
Aplicación gradual
La nueva disposición es aplicable a todos los servicios, tanto urbanos como de media y larga distancia. La aplicación será gradual. En un plazo de dos meses, el 30 por ciento de las unidades tienen que tener los sistemas instalados. En cuatro meses, es decir en abril, el 70% deben contar con esa tecnología. Y en 180 días, es decir en junio, todos los colectivos ya deben funcionar conectados, caso contrario, no podrían circular.
El sistema de transporte urbano funciona con el control estatal de la caja. El Estado paga a las empresas por kilómetro recorrido, sin importar la cantidad de usuarios. Así, ahora buscan ajustar los controles. Ya hubo distintas advertencias sobre el sistema. Incluso el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en el control hace varios años. De ese expediente surgieron datos llamativos, como la confesión de parte de empleados encargados de los controles que indicaban que muchas veces autorizaban los pagos de subsidios aún sin que se cumplieran los requisitos por las amenazas de suspender el servicio por parte de los empresarios. "Si por alguna razón el pago se demora, los concesionarios se apersonan en la Dirección o concurren al Ministerio, amenazando con suspender la prestación del servicio. En estas condiciones, suspender el trámite administrativo de liquidación y pago... resultaría un acto de irresponsabilidad frente a la perspectiva de entorpecer seriamente la normal prestación de un servicio público esencial", explicaron ante el Tribunal de Cuentas los empleados encargados del Control, según consta en el Fallo 15490.
El sistema se sostiene con el pago del boleto, pero sobre todo con los subsidios nacionales y provinciales. Francisco Pérez siempre dijo estar en contra del sistema ideado por Cobos. Incluso como Ministro de Obras (a cargo también de Servicios Públicos) se peleó con los empresarios del Transporte. Por eso, aseguran, ya preparan el terreno para la nueva licitación que se realizará dentro de dos años.