Otra vez la Fiscalía: el Gobierno tuvo que pagar $1,7 millones por terrenos en el Cerro Arco
Los que conocen el tema hasta hacen bromas sobre la virtud de Fiscalía de Estado como "inmobiliaria". Es que allí se han conseguido buenos precios por terrenos, pero no para su defendido (es decir el Estado) sino para los terceros. Ahora desde allí se ordenó que se pagara más de 1,7 millones de pesos por la expropiación de una parte del Cerro Arco de 15 hectáreas. En este caso Joaquín de Rosas no necesitó ninguna ayuda judicial, pues firmó un acuerdo extrajudicial con los propietarios.
El monto que la provincia pagó es similar al de la polémica expropiación de los terrenos de Divisadero Largo, tema que motivó la suspensión del fiscal Joaquín De Rosas a través de un enjuiciamiento político. En ese caso, se había pagado un precio de 17 y de 13 pesos el metro cuadrado por terrenos incultos y sin servicios. Ahora por el Cerro Arco, terreno que además de tener esas desventajas es directamente una montaña de imposible urbanización, se pagaron 11 pesos por metro cuadrado y casi 109 mil pesos por hectárea, un precio similar al que se paga por una hectárea en producción en la primera zona de Mendoza, con riego y cultivos incluidos.
Esa expropiación es producto de una larga historia, que comenzó en 1986. Pero fue el gobernador Francisco Pérez quien ordenó el pago, a través del decreto 759 de mayo de este año. Incluso, según explicaron algunos allegados al tema, durante la gestión anterior hubo un debate interno sobre la conveniencia o no de ese pago.
Al ser consultados, desde prensa del Ministerio de Infraestructura informaron que fue Fiscalía de Estado quien determinó el monto a pagar y que ellos sólo hacen caso a esas órdenes. En el Ministerio de Hacienda aseguran que en su caso sólo realizan el pago.
Montaña de lujo
En 1986 se declaró la expropiación "urgente" de los terrenos afectados al Centro de Comunicaciones Cerro El Arco. Un año antes la misma orden se había dado a través de la ley 5043. Esa zona es la elegida para centrar las transmisiones de los canales de TV, radios y otros sistemas de comunicaciones. Originalmente la intención era expropiar todo el cerro. Pero en 2005 Julio Cobos firmó un decreto (el 3154) acotando la zona a enajenar a 15 hectáreas y autorizando al Fiscal de Estado a realizar un acuerdo extrajudicial.
El proceso de expropiación generalmente involucra la actuación de la Comisión de Tasación, un organismo colegiado que tiene como misión buscar "el precio objetivo" de los inmuebles que el Estado va a expropiar.
Pero en este caso Fiscalía de Estado acordó extrajudicialmente, en un proceso donde intervinieron los mismos actores que en la polémica tasación de los terrenos de Dalvian. El decreto firmado por Pérez ordena pagar un total de 1.707.290 pesos a distintos propietarios. Esa cifra equivale a un valor de 108.744 pesos por hectárea (o 23137 dólares). En el mercado se pueden encontrar fincas equipadas por precios similares.
Las expropiaciones se rigen a través del Decreto Ley 1447 (establecido por Antonio Cafiero en la intervención de 1975). La expropiación debe hacerse al valor en que el expropiante (en este caso el Estado) se hace cargo del inmueble, es decir en el momento en que se expropia y no al valor actual. Además, según la reglamentación, se tienen en cuenta como factores que deprecian al terreno la factibilidad de servicios, el aislamiento, el transporte, la accesibilidad, la topografía del terreno, todos factores que en el caso del Cerro Arco están presentes como variables negativas.
La norma establece que sólo se tomará el valor objetivo del bien "al tiempo de la desposesión". Ni siquiera se toma en cuenta el "valor panorámico". Tampoco pueden ser tomadas en cuenta las mejoras que se hacen en el lugar luego de la expropiación.
Los que cobraron
Paco Pérez decretó el pago en mayo, con su firma y la del ministro de Infraestructura Rolando Baldasso. "Como consecuencia de las limitaciones dispuestas por el Decreto Nº 3154/2005 a las afectaciones por expropiación de urgencia ordenadas por Decreto N° 3701/1986 para la instalación del Centro de Comunicaciones Cerro El Arco, autorícese a Tesorería General de la Provincia a abonar a las personas que a continuación se mencionan, las sumas que en cada caso se indican en concepto de pago único, total y cancelatorio, conforme a la liquidación practicada por Fiscalía de Estado", decretó el Gobernador.
Los propietarios que cobraron fueron Leonor Olmedo de González Feltrup, Oberto Ramón Norton (por Estela Aguirre Cano), Carlos Ramón Aguirre Cano, María Eugenia Cano, Mónica Genoud y Juan Francisco Aliaga Cano.