Mendoza absurda: un político corrupto puede ser legislador, pero un discapacitado no

Mendoza es una provincia extraña. Acá, en la tierra del sol y del buen vino, una persona sospechada y enjuiciada por ser corrupta puede aspirar a ser legislador sin mayores obstáculos. Incluso hay ejemplos de ex legisladores que usaron ese cargo para conseguir los fueros necesarios que lo protejan. Pero en la misma provincia una persona que tenga alguna discapacidad no puede aspirar a serlo, pues la Constitución se lo impide.

Para decirlo aún más claro, alguien que pudo haberle robado plata al Estado, tiene la chance de ser elegido gracias al beneficio de la duda. Pero cualquier ciudadano que use muletas, sea no vidente, hipoacúsico, le falte una pierna o cualquier problema motriz o cognitivo, está vedado. Es quizá una de las groserías más obvias que tiene la Constitución de Mendoza, una “ley básica” que retrasa y hasta hace sentir vergüenza.

“No pueden ser miembros de las Cámaras legislativas, los eclesiásticos regulares, los condenados por sentencia mientras dure la condena, los encausados criminalmente después de haberse dictado auto de prisión preventiva en delitos no excarcelables, y los afectados por incapacidad física o moral”, dice el artículo 65 de la Constitución local, “sabia” para muchos.

Quienes tengan prisión preventiva dictada para delitos excarcelables, pueden postularse a una banca. Y, curiosa coincidencia, buena parte de los delitos contra la administración pública son excarcelables. Un funcionario que recibió “dádivas”; o uno que “desvió fondos” para un fin distinto al que tenían, o que malversó fondos. Todos pueden ser legisladores en Mendoza antes de tener una sentencia firme. Sólo para aclarar: la mayoría de los casos de corrupción descubiertos en Mendoza (estafa con los Vale Más, enriquecimiento ilícito de funcionarios del Casino, etc.) no tienen a ningún responsable condenado.

Pero, claro, una persona con discapacidad no corre con la misma suerte y no puede ser candidato a legislador. “Hubo tres momentos en la historia argentina respecto a las personas con discapacidad. A principio de siglo se los consideraba algo malo, se los escondía, las familias los abandonaban, eran considerados una maldición”, explica Germán Ejarque, presidente del Consejo Provincial de Discapacidad. Ese modelo es el mendocino y en realidad coincide con el momento en que fue redactada la Constitución: 1916. “La segunda visión tuvo que ver con la medicina. Se consideró a la discapacidad como una enfermedad, entonces las personas estaban incapacitadas y se declaraba a un curador, que hacía todo por ella. Ahora estamos en un tercer momento que tiene que ver con la restitución de derechos”, explica Ejarque, quien aclara que hoy las principales barreras para las personas con discapacidad no son edilicias. “Las principales barreras son las sociales y las institucionales”, asegura.

Germán Ejarque, junto a la presidenta Cristina Fernández.

Así, en Mendoza están quedando fuera de la posibilidad de ser elegidos entre el 13 y el 15 por ciento de la población, que es la que se estima tiene alguna discapacidad. La última encuesta específica indicó que había 90.572 hogares donde había al menos una persona con alguna discapacidad. La mayoría de ellas con algún problema motor, seguido por quienes tienen algún problema visual.

La provincia ha tenido más de 80 intentos de reforma de la Constitución, entre enmiendas y la búsqueda de un cambio integral. Pero ninguno de esos intentos tuvo como centro al artículo 65. Ese artículo es el que hace, para muchos, que haya un curioso oximoron: la Constitución de Mendoza es inconstitucional, pues va en contra de la Carta Magna nacional (reformada en 1994) y también de tratados internacionales.

El artículo 29 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad es clarito. “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a asegurar que puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás… incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas”, determina la Convención a la que Argentina adhiere desde el año 2008.

Pero hasta ahora en Mendoza no acusan recibo. Igualmente la vía judicial está abierta para que cualquier persona reclame por su derecho y es un mecanismo que no descartan en caso de que no haya reforma. “Esto hay que cambiarlo. La solución de fondo es una reforma de la Constitución para no tener que estar tapando baches. Pero yo analizo en caso de que no haya reforma, hacer una presentación judicial para poder ser candidato, porque ese artículo es inconstitucional. Las personas que tienen alguna discapacidad tienen que tener derecho a estar en una lista de candidatos como cualquier otra, pero yo no estoy a favor de un cupo”, asegura Ejarque.

El diputado sanjuanino Gastón Díaz pide un cambio en Mendoza.

En San Juan ya se consiguió. Gastón Díaz se convirtió en el primer diputado de esa provincia que llega a la banca superando las barreras sociales y políticas. Aunque se lo toma con total naturalidad, pues milita desde los 16 años en la JP y ahora, a los 30, busca aprovechar la oportunidad y llevar su experiencia a otras provincias. “Mendoza tiene que aggiornar su Constitución. Es una norma muy vieja y desactualizada”, explica el legislador.

El joven, que además es licenciado en Ciencias Políticas, nació con un problema genético que le trajo algunos problemas  para la vida cotidiana. “No me puedo atar los cordones”, explica. Pero en la vida de su familia lograron superar problemas en serio, como el momento en el que su padre tuvo que exiliarse en 2001 para buscar trabajo en Estados Unidos.  "Creo que hay muchos avances. Hay gente que todavía tiene esa mirada compasiva, con lástima. Pero yo he llevado adelante mi vida totalmente tranquilo, nunca me he privado de nada. Milito en política desde los 16 años. Creo que los sacrificios más grandes los hicieron mis padres que, por ejemplo, tuvieron que pelearla para que me aceptaran en una escuela común", relata Gastón, que vendrá a Mendoza a contar su experiencia.

Mendoza está privando de su derecho a un gran grupo de personas. El derecho a dar su visión sectorial, pero también de opinar y decidir dentro del mundo político sobre cualquier tema.

El tema parece una nimiedad en medio de la agitada agenda pública y política de Mendoza. El Gobierno busca la reforma de la Constitución con algunos objetivos políticos fuertes, como habilitar la posibilidad de la reelección del Gobernador; dar mayor autonomía a los municipios y otros temas estructurales. Por las dudas un apunte previo: algunos entienden a la democracia como el gobierno de las mayorías. En realidad es al revés: lo mejor de la democracia es que las minorías tienen los mismos derechos.