El talón de Aquiles de De Rosas: historia de la polémica expropiación que favoreció a Vila
El Juicio al Fiscal de Estado Joaquín de Rosas sacó a la superficie parte de la historia del poder real de la provincia en las últimas décadas. El avance de un grupo empresario con acceso a los poderes públicos, un barrio privado que se transforma en ícono, deudas licuadas y avales políticos que dieron pie a ese avance.
De Rosas será sometido a debate oral y público y puede perder su cargo por la polémica expropiación de terrenos a Dalvian a precios sobrevaluados y un posterior canje de deudas que benefició a ese grupo empresario licuando sus pasivos y con la posibilidad de haber generado un perjuicio al Estado. El Fiscal firmó todos los dictámenes y acuerdos y cobró dinero en concepto de costas por el proceso, pero nunca apeló la tasación, como sí ocurrió en causas gemelas.
Para conocer el trasfondo del tema, hace falta ir al origen. El conjunto urbano “Los Cerros” comenzó a gestarse en 1968 en una zona considerada inhóspita y también prohibida para su urbanización. "No hay dudas de cómo se construyó y se ejecutaron las tareas de urbanización del Conjunto Urbano Los Cerros – Barrio Dalvian. Fue construido mediante la utilización de la ley de loteos en terrenos del pedemonte, sin haber tenido la previa aprobación general y sin haberse transferido los espacios públicos. En definitiva el loteo ha tenido un trámite de actuación bastante irregular, promovido por la iniciativa y la presión de los organizadores de la urbanización". El relato pertenece a un fallo de la Suprema Corte de Mendoza, donde se describe cómo se gestó Dalvian.
-
Te puede interesar
Los diputados mendocinos que respaldaron a Manuel Adorni tras su exposición
Crecimiento con ayuda
Buena parte del impulso del barrio llegó a fines de la década del 70, a finales de la dictadura militar. En agosto de 1979 Dalvian recibió un crédito de 2 millones de dólares que tendrían como destino urbanizar el barrio para prestar los servicios. Se trata del crédito que décadas más tarde generaría una polémica cadena de favores. Ese crédito debía ser cancelado en agosto de 1982. Pero la empresa entró en mora con el Banco Mendoza.
Pocos meses después, ocurriría otro hecho en ese momento inconexo, pero que tendría mucha relación en el futuro. En octubre de 1983 fue sancionada la ley 4902, que declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación "una fracción de terreno picado en el distrito San Isidro, departamento Las Heras". Se trata de la ley que creó la reserva Divisadero Largo en el pedemonte, en terrenos que pisaban a varios propietarios privados. Entre los futuros "expropiados" estaban la familia Vila y su empresa Dalvian. El Estado no hizo efectiva la expropiación hasta mucho tiempo después y cambiando varias veces la valuación de los terrenos.
En 1990 se determinó la "expropiación de urgencia" de los terrenos. Pero recién se inicia el proceso formal diez años después. En 2001 el gobernador Roberto Iglesias firmó dos Decretos (1.379 y 2394) para hacer efectiva la expropiación allí es donde por primera vez le ponen un monto a esas tierras: 170 pesos por hectárea, según lo que determinó la Comisión Valuadora de la Provincia. Así, a Dalvian le correspondían 3.714 pesos por sus 21,8 hectáreas. Los propietarios se opusieron y Fiscalía de Estado inició el juicio de expropiación.
Algunos años después, el Estado terminaría pagándole a Vila $17,07 y $13,39 pesos el metro cuadrado, pasando a un total de más de 3,5 millones de pesos por los mismos terrenos, mientras que a sus vecinos sólo les reconocieron $ 1,18 pesos por metro cuadrado.
Para sobretasar los terrenos de Dalvian hubo cálculos insólitos y considerados erróneos por la Suprema Corte. El hombre que hizo las cuentas fue Américo Toledo, pero el que le puso la firma fue Joaquín De Rosas. "Del dictamen emitido en el expediente administrativo, por el representante de Fiscalía de Estado, Contador Américo Toledo, surge la aplicación de coeficientes de actualización posteriores a 1991: toma el valor obtenido al mes de marzo de 1991 y le aplica una nueva actualización, mediante el empleo del índice de la construcción. Esta sola circunstancia torna errónea la liquidación practicada", explica el fallo de la Suprema Corte en el que descarta la tasación hecha por Fiscalía para aplicarla a otras expropiaciones y, sobre todo, pide investigar penalmente a De Rosas por su actuación en la causa Dalvian.
La misma Corte es la que determina que esos terrenos no valían tanto porque "su topografía es absolutamente agreste, muy escarpada y con cañadones de gran profundidad. No posee obras de defensa aluvional, agua potable ni cloacas, ni existen posibilidades de autorizar sin prestar dichos servicios por los organismos competentes; es zona no apta para el desarrollo urbanístico".
Claro que los propietarios de Dalvian iban por más. En el juicio de expropiación pidieron que se les pagara 15 dólares por metro cuadrado. De Rosas no recurrió el monto final que se determinó por la expropiación, que fue de 3.558.342 pesos, como sí hizo en todas las otras causas y además cobró 149.606 pesos por sus servicios para Fiscalía de Estado, según consta en el fallo de la justicia civil.
A la historia le falta una pata fundamental para entender la trama de la sobrevaluación: el canje de la deuda que arrastraba Dalvian y que era negociado en paralelo con el juicio de expropiación y con una ayuda política que puede sorprender.