Ahora el Gobierno defiende la estatización de OSM y contraatacará con una demanda
El fallo del CIADI a favor de los dueños de OSM y en contra del Estado cayó como un balde de agua fría en el Gobierno de Mendoza. Por un lado por los propios problemas que tuvo y tiene Mendoza con los ex concesionarios del servicio de agua potable, pero sobre todo por cómo impacta la noticia en el Gobierno nacional, en el marco de las demandas de España contra Argentina por la expropiación de YPF, que tendrán como escenario al mismo tribunal arbitral. Es que el demandado es el Estado nacional.
Como respuesta al efecto del fallo, el Gobierno ratificó ayer la decisión de cancelar la concesión con OSM y reestatizar la empresa de servicios. Pero además arman un contraataque en la justicia local. Según aseguran, presentarán una demanda por daños y perjuicios por más de 350 millones de pesos, entre esas consecuencias también se incluirán los daños ambientales. En realidad es la misma demanda con la que amenazaron en el momento en que se les sacó la concesión a los franceses y que nunca se concretó. Ahora, aseguran que están terminando de sumar pruebas para presentar todo junto. En general en el Ejecutivo quisieron bajarle el perfil al tema y ni siquiera el actual titular de Aguas Mendocinas quiso hablar.
Quien ofició de vocero oficial fue el presidente del Epas, Javier Montoro, quien participa del proceso llevado adelante en Washington. Según explicó el funcionario, aún quedan instancias para terminar de definir el conflicto y también instancias de apelación. "Se ha terminado la primera parte del proceso. Aún queda definir la segunda parte que es la puesta en valor de lo que el CIADI determina como responsabiliad del Estado argentino y de la empresa. Y después está la posibilidad de apelar el fallo", aseguró. La demanda original de Saur es por 143,9 millones de dólares. Pero es el Tribunal el que determinará el monto de la indemnización.
Un largo proceso
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es una institución del Banco Mundial con sede en Washington y tiene como función "arbitrar" en conflictos entre estados y empresas internacionales. La ex concesionaria OSM era propiedad de la francesa Saur.
El reclamo de la empresa francesa es antiguo. Se presentó en noviembre del 2003, luego de una larga serie de amenazas. En ese momento la demanda apuntaba a los perjuicios que supuestamente tuvo la empresa con la salida de la convertibilidad y la posterior falta de actualización de tarifas. También reclamó por la falta de cumplimiento de un tratado de protección de inversiones entre Francia y Argentina.
La demanda quedó latente con las firma de las dos cartas de intención entre el Estado y OSM. Pero se reactivó en 2010. La decisión de intervenir la empresa y luego hacer caer la concesión fue aportada como elemento nuevo y fue una de las bases del fallo contrario al Estado. Pero el tema se planteó como una "expropiación", cuando en realidad fue una quita de concesión.
"No nos sorprende. Cuando fuimos a la audiencia podíamos intuir cómo eran las cosas, pero no quiero opinar porque el proceso está abierto", dijo Montoro, quien defendió la reestatización del servicio de agua y cloacas. "Se cumplieron todos los pasos legales y estaba ampliamente justificada la decisión de la intervención y luego de la caída de la concesión", dijo.
La demanda contra OSM
La primera respuesta al fallo contrario fue un pedido de Francisco Pérez para "ir hasta las últimas consecuencias" contra la empresa Saur en los tribunales locales.
En ese sentido aseguran que ahora sí presentarán una demanda por daños y perjuicios en donde reclamarán una indemnización de al menos 350 millones de pesos. La base de ese reclamo es la falta de inversión de la empresa y los problemas sanitarios y ambientales que dejaron por no operar correctamente la empresa.
También hay un componente financiero, donde buscarán demostrar que vaciaron la empresa de servicios. Para ello usarán el informe de auditoría realizado por la Universidad Nacional de Cuyo. Aún no deciden si la demanda la presentarán en un tribunal ordinario o en la Suprema Corte de Justicia.
Diferencias y similitudes con YPF
El fallo llega en un momento "políticamente incorrecto". Con la decisión de la expropiación de YPF aún caliente, desde España apuntan al CIADI como la gran herramienta de los reclamos. Justamente ya adelantaron argumentos similares a los de Saur contra la estatización de OSM: la arbitrariedad de la decisión y la falta de cumplimiento de tratados bilaterales de protección de las inversiones.
Pero no se trata de casos idénticos. OSM no era una empresa francesa que fue expropiada. Se trataba de una empresa estatal concesionada y que tenía a su cargo el servicio de agua potable. Lo que hizo Mendoza es quitarle la concesión del servicio de agua y cloacas a OSM y se lo entregó a otra empresa, en este caso la estatal AYSAM, creada para ese fin. Por eso tampoco hubo un pago como indemnización o por la "expropiación"; porque no hubo tal hecho.
YPF, en cambio, sí era una empresa privatizada cuyas acciones eran de la española Repsol. El Estado Argentino decidió la expropiación de la empresa, pero no de manera gratuita. La clave de ese proceso es la valuación que se determine y el pago que haga Argentina por la expropiación de la empresa.