Analizan sancionar al Hyatt mientras el concesionario quiere pagar menos canon y estirar el contrato
Todos le dicen Hyatt y es un ícono de Mendoza porque fue el primer cinco estrellas. Pero en realidad no se llama Hyatt, sino Mendoza Plaza, y en el fondo sigue siendo un hotel estatal concesionado. Debido al papelón internacional generado por haberse negado a alojar a dos personas de nacionalidad cubana, el Ministerio de Turismo tiene la potestad de sancionar a la empresa. Ante la consulta de MDZ, aseguraron que analizarán aplicar alguna sanción porque es una situación “inexplicable”.
Pero el escándalo llegó en un curioso momento. Esa cadena hotelera le pidió al Gobierno obtener más beneficios de la concesión, como la reducción del canon que le paga a la provincia y la prórroga del plazo de la concesión. Según los propietarios de Nuevo Plaza Hotel Mendoza Limited, razón social de la empresa, tienen problemas financieros por los cambios económicos y por la aparición de más hoteles con casino en Mendoza.
Por eso pidieron la apertura de la renegociación del contrato de concesión el año pasado. Y recibieron un sí de parte de Celso Jaque y Alejandro Cazabán que, como último favor antes de dejar el poder, autorizaron la renegociación y detonaron el mecanismo para ello en noviembre de 2012.
Lo único que queda del antiguo Hotel Plaza es la fachada y también algunos muebles. Pero legalmente todo es de la provincia. El Hotel Plaza fue concesionado en 1998 a la empresa Nuevo Plaza Hotel que tiene la explotación del hotel por 35 años. El contrato se aprobó a través de la ley 6.659 (que refrendó el decreto 1814\98).
El Estado recibe como pago por la concesión el 3,78 % de la facturación total del Hotel. Desde la cadena comenzaron a pedir la apertura de la renegociación del contrato en 2010. Jaque y Cazabán se lo dieron el 25 de noviembre del año pasado, a 15 días de dejar el poder. “En virtud de las razones expuestas por la concesionaria y debido a las distintas vicisitudes fácticas y jurídicas que ha sufrido el contrato es dable atender el pedido de la concesionaria”, argumentaron Jaque y Cazabán en ese momento, quienes dieron apertura al proceso de renegociación a través del Decreto 3118.
La empresa pidió, entre otras cosas, que se reduzca el canon que le paga a la provincia y al mismo tiempo extender el contrato de concesión, es decir mantener la explotación del edificio más allá de 2033. La actual gestión de gobierno reconoció que está abierto el proceso de renegociación. Pero aclararon que por ahora no hay ningún avance. “No se ha formado todavía la comisión que debe decidir sobre el tema”, aseguraron desde el Ejecutivo, aunque aclararon también que “eso no significa que no se haga”.
Los principales argumentos que usaron para convencer al Gobierno de la renegociación tuvieron que ver con los cambios económicos de la Argentina (sobre todo la crisis del 2001 y la salida de la convertibilidad) y la aparición de más hoteles con casino.
No es el único tema de negociación entre el Estado y el concesionario. El hotel tiene vigentes una serie de demandas contra la provincia que son tramitadas en la Suprema Corte, la mayoría relacionadas con el casino.
Conflicto diplomático
El escándalo por la negativa a alojar a dos médicos cubanos en el hotel fue mucho más allá de una mera confusión. Además de tratarse de un hotel estatal concesionado (por lo cual el Gobierno tiene relación con la gestión a través de los controles), la negativa pasó por un proceso institucional que generó conflictos diplomáticos.
Es que, según explicaron fuentes allegadas al tema, los empleados del hotel involucrados enviaron la lista de pasajeros a la Embajada de Estados Unidos para que filtraran los nombres. Y desde esa embajada le habrían bajado el pulgar a los dos médicos cubanos que tienen la responsabilidad sobre la salud de Hugo Chávez y también son del staff que asiste a Fidel Castro. Así, se generó una especia de “derecho de admisión” por parte de Estados Unidos, pero en Argentina. Ese proceso fue lo que generó bronca en Cancillería.
El Ministerio de Turismo tiene potestad para controlar todo lo que pasa en el hotel. De hecho el contrato de concesión establece que esa repartición tiene el poder de inspeccionar todo lo referente al hotel, incluso los libros, documentos reservados y demás documentación. El mismo contrato establece que ante alguna irregularidad pueden aplicarse multas y hasta puede retirar la concesión si se aplican “dos multas por hechos ocurridos en el plazo de un (1) año, dos suspensiones en el plazo de diez (10) años o con una sanción más grave, impuesta por acto administrativo definitivo y que cause estado”.