Diputados de La Cámpora salen al rescate de agentes públicos judicialmente concursados

La Cámara de Diputados de Mendoza el miércoles le otorgó media sanción, por unanimidad, a un proyecto de ley que pretende que se prorrogue por dos años un dictamen de la Suprema Corte de Justicia que desestimó un pedido de inconstitucionalidad contra otra ley que frena la contratación de empleados del Estado que están concursados y que habilita para dejarlos sin trabajo.

Según los autores el proyecto que motorizaron el tratamiento sobre tablas en la Cámara baja de la iniciativa, el nuevo Sindicato del Personal Estatal de Empleados de la Salud (Sipes), a través de los diputados de La Cámpora, Lucas Ilardo y Marina Femenía (FpV), “la determinación de la Suprema Corte de Justicia de principios de mayo pasado dejó al borde de la cesantía a unos 5 mil compañeros”, explicó Fernando Lazo, Secretario Gremial del nuevo espacio que hace unos 15 días cuenta con número de inscripción y a la espera de la consecuente Personería Jurídica.

Lo votado ayer por los diputados que se sintieron involucrados en el problema que tiene preocupados a los empleados públicos “en concurso o en situación de quiebra” pretende modificar el Decreto – Ley Nº560/73, Estatuto del Empleado Público de la provincia de Mendoza, para que se postergue hasta el 28 de febrero de 2013, la posibilidad de que los empleados públicos provinciales tengan por “única vez” la oportunidad de sanear su situación concursal bajo apercibimiento de la aplicación de la sanción de cesantía prevista en el artículo 67.

“La presentación que hicieron los diputados por nuestra iniciativa pretende anular en definitiva las elevaciones de sumarios y eventuales cesantías. Esto estaba contemplado por la Ley 8.134 desde diciembre de 2009 –cuando fue sancionada-, norma que contó en su momento con la firma del ex vicegobernador de Mendoza, el señor Cristian Racconto”, explicó Lazo.

Más allá de que el proyecto ahora deberá ser tratado por la Cámara de Senadores provincial, el objetivo final de Sipes, “que está apoyado por la CTA”, es que en un futuro próximo se analice en la Legislatura provincial “la derogación de la mentada ley que perjudica a los compañeros, no sólo de la salud”, completó Lazo, quien actualmente presta funciones en el Centro de Salud de Dorrego, Guaymallén.

Por su parte, el diputado Ilardo, mediante un comunicado de prensa, manifestó que  “no es un dato menor, el grave perjuicio institucional que podría ocasionar a la provincia de Mendoza, la cesantía de más de 5000 empleados públicos, en vistas a la una nueva administración provincial”.
 
En forma similar, el diputado Néstor Piedrafita (Nuevo Encuentro), dijo durante la sesión de esta tarde en Diputados que se le agregó a la iniciativa que se suspenden, por el mismo tiempo mencionado en el artículo anterior, “el inicio de nuevos sumarios administrativos y la continuidad de los iniciados por las causas previstas en la Ley 8134”.