Dolor de parto: entre amagos y anuncios frustrados, asoma la nueva YPF estatal
Es una especie de prueba error, con algo de cinismo en el fondo. El propio oficialismo generó, por vías formales e informales, la idea de que Cristina Fernández anunciaría la reestatización de la petrolera YPF. Primero con algunos gobernadores como voceros y hasta con un proyecto de ley difundido por legisladores afines.
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Pero habló Cristina y, tal como ya ocurrió otras veces, no hubo nada. Así, “pasaron de largo” todos los que tenían expectativas sobre el tema en Argentina, pero también en España. “La agenda política la maneja la presidenta. Más importante que los anuncios son las acciones políticas. La presidenta anunciará medidas en el momento que lo considere oportuno. Hoy le tocó a la industrialización de carne. Mañana se verá”, resumió el diputado Guillermo Carmona, uno de los mendocinos que maneja mejor los conceptos finos del cristinismo. Y quizá esa sea la clave de la postergación del anuncio: la cantidad de rumores, versiones y amenazas que surgieron respecto a la “venta compulsiva” de la empresa que quieren lograr.
Los gobernadores petroleros, Francisco Pérez entre ellos, fueron los que peor parados quedaron. Todos habían ayudado a generar expectativas respecto a lo que podía pasar, y se volvieron a sus provincias sin anunciar hechos concretos. Pero el otro motivo de la demora en los anuncios de Cristina podría estar en el descontento de las provincias: el borrador de proyecto de reestatización las deja con poco poder en el manejo del “YPF mixto”. Es que el proyecto difundido ayer sólo incluye a un director por parte de las provincias petroleras. Vale recordar que desde el año 2006 los recursos petroleros son propiedad provincial.
El proyecto
El papel no tiene membrete ni firma de quien se hace cargo. Pero fue difundido por el oficialismo y tiene precisiones finas sobre lo que quieren hacer con YPF. Es un borrador de proyecto de ley que sería la base de la estrategia para expropiar acciones de la empresa y que pase a dominio estatal.
Allí se indica que se declarará de “utilidad pública y sujeta a expropiación el 50,011% de las acciones D de la empresa YPF”. La expropiación sería apuntada a 1000.145.077 acciones que de Petersen Energía (familia Eskenazi) y 96.558.291 acciones de Repsol.
En ese marco sería el Poder Ejecutivo el que actuará como “expropiante” y quien tendrá la facultad de transferir las acciones a cualquier organismo o empresa pública, previa valuación del valor de las acciones expropiadas por parte del Tribunal de Tasación de la Nación.
La mala noticia para los gobernadores es el poco poder que se prevé para ellos en el manejo interno de la empresa. El borrador difundido ayer indica que en el directorio habrá “representantes de los grupos económicos con participación más relevante en la composición accionaria, así como un representante de las provincias productoras nucleadas en la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos”. De esa manera entre las 10 provincias deberían elegir un representante, mientras que en la previa los Gobernadores se imaginaban mayor poder. Es que fueron ellos los que encabezaron, como mascarón de proa, la estrategia de presión hacia la empresa a través de la herramienta más rápida de ataque: la quita de concesiones de áreas petroleras (potestad que es de las provincias). Por eso también exigirían que, si se concreta la expropiación de las acciones, también un porcentaje sea distribuido en el “club” de provincias de la OFEPHI.
En el proyecto se establece un plazo corto para buscar inversiones con la idea de garantizar el abastecimiento. Para ello se habilita la posibilidad de alianza con otras empresas y la búsqueda de capitales. Además se obliga a las refinerías a garantizar la provisión de todo el combustible necesario para el abastecimiento, aún teniendo a costa de que para ello tengan que importar.
El proyecto pone fuerte énfasis en lo que se cree es el futuro de los hidrocarburos en Argentina: los yacimientos de petróleo y gas no convencionales, que requieren una fuerte inversión para ser explotados.
Pero fuera de la competencia sobre YPF, las otras petroleras también están en alerta. Es que también se piensa en la creación de un cuerpo de auditores de inversiones en hidrocarburos con la idea de hacer un seguimiento sobre las acciones que se realizan en los yacimientos para mejorar la producción.
En Mendoza hay quienes alertan sobre una posible consecuencia de la expropiación. "Hay que ver quién va a manejar YPF, porque el que lo haga se puede llevar puesto a la Provincia. El petróleo es más del 20 por ciento del PBG provincial y si se judicializan las áreas petroleras se para todo", dijo Laura Montero, ex ministra de economía y actual senadora nacional.
En off side
Los gobernadores de las provincias petroleras se reunieron por la tarde con el ministro Julio De Vido. Para entonces, el jefe del área de Planificación ya había tenido otra reunión con Antonio Brufau, el presidente de Repsol YPF. Los gobernadores trataron de bajarle la importancia al encuentro y sólo se remitieron a decir que se hizo un repaso de lo actuado hasta ahora. Francisco Pérez estuvo en ese encuentro y luego partió hacia el aeropuerto. Fue el ministro de Infraestructura de Mendoza, Rolando Baldasso, quien estuvo luego con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la última estación de la maratón de reuniones de ayer.
Desde el Gobierno de Mendoza no brindaron detalles de los resultados de esos encuentros. Pero lo cierto es que los gobernadores quedaron en off side. Primero el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, había anticipado que YPF pasaría a ser una empresa mixta. Luego otros de sus colegas, como Paco Pérez, también ratificaron que se esperaba un anuncio que nunca ocurrió.