La presión K sobre YPF puede ocasionar que algunas áreas vuelvan al Estado
Lo anuncian como una intimación y una pelea. Pero podría ser una salida acordada. El Gobierno de la provincia le pidió a YPF a que explique por qué no invierte en dos áreas petroleras que tiene concesionadas en la provincia y amenazaron públicamente con quitarle esas concesiones. Se trata de dos áreas menores en el contexto petrolero de la provincia y que han disminuido fuertemente la producción de crudo, y por lo tanto de regalías, en los últimos años.
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Pero fuera del gesto político de anunciar la presión sobre la petrolera, la salida podría ser acordada: que YPF revierta voluntariamente las áreas o que las entregue, asociándose, a una empresa más chica interesada en explotarla. En el Gobierno admiten esa posibilidad y, de hecho, la ven como las salidas más rápidas. “Lo que buscamos es aprovechar todos los recursos y que se invierta. YPF tiene que respondernos y explicar por qué no invierten y decir si tienen la intención de revertirlas o presentar un plan de inversiones. Luego de eso se verá qué salida es la mejor, si se revierten o si consideramos que son recursos agotados”, explicó Pedro Sánchez, director de Petróleo de la provincia.
La idea de revertir áreas al Estado también suena en otras provincias y con distintos matices. Por un lado aseguran que hay una "amenaza" de la empresa de retirarse de las áreas menos interesantes y quedarse con las más rentables y sobre las que ya tienen garantizada la presencia hasta casi el 2030. Justamente en ese juego de poder, la empresa tiene su fortaleza: es la única firma con poder económico para sostener áreas poco rentables y, en base a su estrategia de alianzas, tiene influencia sobre casi todo el mercado.
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Cuestionamiento selectivo y caída en las regalías
El Gobierno tiene una relación ambigua con YPF. Mientras hace menos de un año Francisco Pérez, entonces ministro de Infraestructura, firmaba la prórroga de las concesiones junto a Sebastián Eskenazi (CEO de la empresa), ahora la cuestionan duramente.
Por eso la embestida es selectiva, pues el mismo Poder Ejecutivo asegura que la empresa cumple con los compromisos asumidos por las 16 áreas renegociadas en año pasado, por la cual extendieron las concesiones hasta 2027 y que representan una enorme fuente de dinero fresco para la Provincia.
Los problemas están con las otras 10 que tienen a su cargo. Por dos de ellas, Ceferino y Cerro Mollar Norte, YPF fue intimada y también está en el mismo camino el área Zampal Norte.
Los sectores cuestionados son menores respecto a la producción de petróleo de la provincia, aunque el impacto político de intimar a la proncipal empresa del país excede los números.
Igualmente esas áreas tuvieron una fuerte caída en la producción Para tener una idea, en 2005 se declararon 40.418 metros cúbicos de crudo extraído de Ceferino (con pagos de regalías por 3 millones de pesos) En el 2011 la producción fue de sólo 5.963 metros cúbicos y la provincia recibió 1 millón de pesos.
En la lista de empresa a intimar también están firmas más chicas como Argenta, que tiene el área Lomas del Divisadero, y Geopark, concesionaria de Cerro Doña Juana y El Cortaderal.
Con la mirada en otro lado
Luego del anuncio público, ahora el Gobierno debe hacer efectiva la intimación.
Mientras tanto, desde YPF dijeron que no harán comentarios oficialmente sobre el tema, al menos por ahora.
Quienes conocen el mundo petrolero explican que no se puede “mantener el mismo ritmo de inversión” en todos lados. Hoy la prioridad de las petroleras están puestas en el norte de Neuquén y el Sur de Mendoza, particularmente en la zona de la formación Vaca Muerta, donde se hallaron reservas de petróleo no convencional.
Ese tipo de extracciones requieren inversiones enormes y prometen también resultados igual de grandes. YPF es el actor principal de ese juego. De hecho, en el plan de inversiones presentado hace algunas semanas ante la Bolsa de Comercio, gran parte de los recursos van a parar a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y otros tradicionales pero ubicados en la misma zona. La “bandera” que usa YPF en Mendoza es el área Chachahuen, que adquirió gracias a su sociedad con la firma de Vila y Manzano Ketsal-Kilwer.
Francisco Pérez es el tercer gobernador que responde a la orden nacional de intimar a las empresas petroleras que creen que incumplen. Antes hicieron lo mismo desde las provincias de Chubut y Santa Cruz.