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Anularon la compra de pulseras para presos que tienen salidas transitorias

El Gobierno anuló la licitación para contratar un servicio de seguimiento electrónico para presos que tienen salidas transitorias. Aseguran que no había garantías de seguridad y los presupuestos de las empresas superaron las previsiones.

La decisión se tomó por cuestiones económicas y también por seguridad. El Gobierno dejó de lado la contratación de un servicio de seguimiento satelital para presos en fase de confianza, idea que hubiera permitido ampliar los beneficios de salidas transitorias gracias al uso de la tecnología.

Para intentar llevar adelante ese sistema, se había realizado una licitación pública para iniciar el proyecto con 100 personas. Pero el Ejecutivo oficializó el fracaso de ese concurso público, por lo que por ahora no habrá “grilletes electrónicos”.

La medida se hace pública justo luego de que rebrotara la polémica por los beneficios otorgados a algunas personas detenidas en las penitenciarías provinciales, luego de que se descubriera que uno de los involucrados en el asalto del blindado en Godoy Cruz, que terminó con un joven asesinado, era un hombre que se había fugado del penal de Gustavo André y tenía el beneficio de salidas transitorias.

En realidad las pulseras permitirían evitar ese tipo de fugas, pues se trata de un dispositivo que permite rastrear todo el tiempo a las personas que lo tienen. La Legislatura sancionó la ley 8218, que creó el Programa Tecnológico de Control y Seguimiento de Medidas Judiciales. Por eso el año pasado se lanzó la licitación para adquirir 100 dispositivos, con la tecnología de seguimiento. Pero las únicas ofertas válidas que se recibieron superaban ampliamente el presupuesto previsto.

Pero además, había algunas diferencias con el sistema previsto y, según explican, no era del todo seguro. “El servicio que se pretende monitorear presenta cualidades muy específicas y cuyas desviaciones de los objetivos esperados pueden ocasionar graves perjuicios a la sociedad”, argumentaron en el decreto en el que se anula la licitación.

Ahora deben preparar una nueva licitación, si quieren insistir con el sistema.