Estos son los 9 jueces que se resisten a aportar a la OSEP y recusan a la Corte

Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia dijeron que adherirían a la ley 8373 que los obliga a aportar a la Osep. Pero al parecer no pudieron convencer con sus argumentos a sus propios empleados.

En la lista de funcionarios judiciales que no quieren aportar a la obra social y presentaron recursos de inconstitucionalidad hay al menos 4 abogados que responden a la Corte.

Una de las demandantes es Maria Evelina Chillemi, una de las más veteranas abogadas de la Corte. También se sumaron Marta Liliana Foncea, relatora, Irma Rosa Abut, abogada auxiliar del máximo Tribunal, y Luis Eduardo Vidart también abogado auxiliar de la Procuración de la Corte. Otro de los jueces demandantes es Ricardo Mirábile, de la justicia civil, al igual que  Maria Mercedes Herrera. Sofia Carolina Rivera y Raúl Ortiz también piden la inconstitucionalidad de la ley.

Los funcionarios se “engancharon” a la demanda original presentada por el extravagante camarista Rafael Escot, quien el 12 de enero, en plena feria judicial, presentó un recurso de incostitucionalidad contra la ley. Esa norma es por la cual Mendoza adhirió a la ley nacional de protección de las personas con discapacidad y obliga a los jueces a aportar a la Osep, con la idea de colaborar con el financiamiento de la aplicación de la ley.

Mientras tanto, el descuento del 5 por ciento del sueldo se está realizando normalmente a todos los jueces. Por eso a la par del pedido para anular la ley, presentaron una medida precautoria para que se no le sigan descontando el aporte, hasta que se resuelva el fondo del tema.

Aunque la medida no ha sido firmada por muchos jueces, en caso de aplicarse podría ser geneal para todo el Poder Judicial. "Si es inconstitucional, se anula para todos", aclaran los demandantes. Al mismo tiempo, los jueces todavía pueden adherir al reclamo hasta que Escot corra traslado de la demanda.

Recusaron a Adaro y piden conjueces

La causa generó ya algunos entuertos dentro de la Corte. Una de las primeras acciones que solicitaron los funcionarios demandantes fue pedir conjueces, y recusar al ministro Mario Adaro. Es que el juez había avisado que él era aportante de la Osep, pero que sin embargo estaba en condiciones de fallar sobre el tema. Ni lerdos ni perezosos, los demandentes lo recusaron y así Adaro quedó al margen del análisis del tema. Quien debió resolver el tema fue Alejandro Pérez Hualde, que decidió separar a Mario Adaro.

Pero el conflicto seguirá por larga data. Ahora la Corte en pleno debe resolver si acepta el pedido de que se forme un tribunal de conjueces y así quedan separados todos los ministros del máximo tribunal.