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Paco demandará a los antiguos concesionarios de OSM
Luego de dos años de que diera por terminada la concesión, el Gobernador rechazó un recurso administrativo de la empresa. Ahora el Estado y OSM pueden recurrir a la justicia. La demanda por daños y perjuicios sería por 450 millones. Las empresas cuestionadas tienen accionistas mendocinos.
La empresa Obras Sanitarias Mendoza desapareció como operadora del servicio de agua y cloacas de Mendoza. Pero no desapareció en la vida institucional de la provincia, más bien todo lo contrario. El Gobierno acaba de rechazar formalmente los planteos de OSM contra el decreto que determinó la caducidad de la concesión, que terminó además trasladando el manejo del servicio a la empresa estatal Agua y Saneamiento Mendoza SAPEM. Aunque se trata de un paso administrativo, es fundamental: ahora el Estado tiene vía libre para presentar una ya anunciada demanda por daños y perjuicios. Pero la empresa también agotó la vía administrativa y puede recurrir a la justicia para pedir que se declare ilegal la quita de la concesión.
Como sea, le quedan años de vida a esa tortuosa relación. El reclamo lo hizo OSM y sus empresas controlantes y asociadas entre los que hay mendocinos: Saur, Aguas de Mendoza, Aguasur Mendoza, Inversora del Aconcagua e Inversora de Mendoza. De esas dos firmas forma parte los grupos empresarios mendocinos Vila y Groisman.
El Gobierno anunció que la demanda por daños y perjuicios rondaría los 450 millones de pesos. La empresa también apunta a seguir judicializando la relación. Pero ya tiene una victoria de su lado: el CIADI (el tribunal internacional del Banco Mundial) ya falló contra el Estado nacional y a favor de Saur.
En julio del 2010 el gobernador Celso Jaque y el entonces ministro de Obras Francisco Pérez firmaron el decreto disponiendo la caducidad del contrato de concesión del servicio de agua y cloacas con la privatizada Obras Sanitarias Mendoza, que estaba en manos de una empresa francesa. Ese decreto disponía la caída de la concesión desde septiembre, dando un plazo para formar la empresa estatal Aguas Mendocinas, AYSAM, y la decisión se tomó luego de la intervención previa de la firma.
De inmediato la empresa presentó un recurso administrativo para rechazar esa decisión. Aunque era de cajón que iba a ser rechazado, es un paso necesario para ambas partes con el objetivo de agotar la instancia administrativa y darle vía libre a los juicios cruzados.
El principal y reiterativo argumento de la empresa para justificar el pésimo servicio que prestaba y también para intentar deslegitimar la decisión política de quitarle la concesión es el retraso tarifario, cuestión que le impedía, según ellos, tener los recursos necesarios para prestar el servicio e invertir. Pero además cuestiona los pasos que llevó adelante el Gobierno para tomar la decisión. Según ellos, por ejemplo, algunos de los episodios más graves denunciados no fueron responsabilidad de la empresa. Así, mencionan la aparición de contaminación con mercurio, o la aparición de manganeso en el agua. Pero además hay otro argumento: la empresa reprocha y usa como dato a su favor que la primera medida que tomó el Estado cuando recuperó el control de la empresa fue aumentar la tarifa del agua. De esa manera intentan demostrar que la empresa era inviable si no había un aumento.
El Gobierno desecha todos esos argumentos y vuelve a refrescar las advertencias y sanciones que recayeron sobre OSM, especialmente en el ocaso de la concesión. Entre las sanciones más graves se detalla que “se registran los incumplimientos de parámetros de vuelco de líquidos cloacales tratados, calidad de agua suministrada y cortes imprevistos mayores de agua y cloaca.
En ese sentido, la mayoría de las sanciones graves se aplicaron al final del proceso y no en la etapa “preventiva”. En total se realizaron 223 infracciones por $ 4.170.000. Pero 148 correspondían a las aplicadas desde el inicio de concesión hasta el año 2004. Entre 2005 y 2006 se aplicaron sólo 19 multas por $ 420.000. Y entre 2007 y 2009 se hicieron 56 multas graves, por un total de $ 2.145.000. “Hacia finales del año 2008 la Concesión terminaba de la peor forma posible: con el Concesionario desconociendo las bligaciones emergentes de la Segunda Carta de Entendimiento y preanunciando a su vez el colapso del servido, con 25 sanciones más sobre O.S.M. S.A., con eventos graves y extendidos de contaminación del agua potable, y aún más habiéndose incumplido las inversiones comprometidas en proporciones inaceptables: en el Plan de Acción 2007 con un incumplimiento del 39%, en el Plan de Acción 2008 con un incumplimiento del 61%, y en el plan compensatorio del déficit acumulado hasta el 2007 con un incumplimiento del 100%”, destaca el Decreto de Pérez.
También se recuerda la denuncia sobre desvíos de fondos a través de supuestas empresas proveedoras donde se pagaban sueldos exorbitantes a personas que legalmente no tenían relación de dependencia con OSM y no figuraban en los libros. “Desde el año 2002 y hasta principios de 2009, los movimientos de la cuenta bancaria totalizaron una cifra superior $ 30.000.000, de los que aproximadamente $28.000.000 son pagos a la empresa Aguas de Mendoza S.A…En ese período se transferían entre cuatro y cinco millones de pesos anuales en esta cuenta y para apreciar la magnitud de la cifra en el contexto en la economía de OSM S.A., para la misma época los costos anuales de operación y mantenimiento eran de dos millones de pesos”, detallan.
El principal y reiterativo argumento de la empresa para justificar el pésimo servicio que prestaba y también para intentar deslegitimar la decisión política de quitarle la concesión es el retraso tarifario, cuestión que le impedía, según ellos, tener los recursos necesarios para prestar el servicio e invertir. Pero además cuestiona los pasos que llevó adelante el Gobierno para tomar la decisión. Según ellos, por ejemplo, algunos de los episodios más graves denunciados no fueron responsabilidad de la empresa. Así, mencionan la aparición de contaminación con mercurio, o la aparición de manganeso en el agua. Pero además hay otro argumento: la empresa reprocha y usa como dato a su favor que la primera medida que tomó el Estado cuando recuperó el control de la empresa fue aumentar la tarifa del agua. De esa manera intentan demostrar que la empresa era inviable si no había un aumento.
El Gobierno desecha todos esos argumentos y vuelve a refrescar las advertencias y sanciones que recayeron sobre OSM, especialmente en el ocaso de la concesión. Entre las sanciones más graves se detalla que “se registran los incumplimientos de parámetros de vuelco de líquidos cloacales tratados, calidad de agua suministrada y cortes imprevistos mayores de agua y cloaca.
En ese sentido, la mayoría de las sanciones graves se aplicaron al final del proceso y no en la etapa “preventiva”. En total se realizaron 223 infracciones por $ 4.170.000. Pero 148 correspondían a las aplicadas desde el inicio de concesión hasta el año 2004. Entre 2005 y 2006 se aplicaron sólo 19 multas por $ 420.000. Y entre 2007 y 2009 se hicieron 56 multas graves, por un total de $ 2.145.000. “Hacia finales del año 2008 la Concesión terminaba de la peor forma posible: con el Concesionario desconociendo las bligaciones emergentes de la Segunda Carta de Entendimiento y preanunciando a su vez el colapso del servido, con 25 sanciones más sobre O.S.M. S.A., con eventos graves y extendidos de contaminación del agua potable, y aún más habiéndose incumplido las inversiones comprometidas en proporciones inaceptables: en el Plan de Acción 2007 con un incumplimiento del 39%, en el Plan de Acción 2008 con un incumplimiento del 61%, y en el plan compensatorio del déficit acumulado hasta el 2007 con un incumplimiento del 100%”, destaca el Decreto de Pérez.
También se recuerda la denuncia sobre desvíos de fondos a través de supuestas empresas proveedoras donde se pagaban sueldos exorbitantes a personas que legalmente no tenían relación de dependencia con OSM y no figuraban en los libros. “Desde el año 2002 y hasta principios de 2009, los movimientos de la cuenta bancaria totalizaron una cifra superior $ 30.000.000, de los que aproximadamente $28.000.000 son pagos a la empresa Aguas de Mendoza S.A…En ese período se transferían entre cuatro y cinco millones de pesos anuales en esta cuenta y para apreciar la magnitud de la cifra en el contexto en la economía de OSM S.A., para la misma época los costos anuales de operación y mantenimiento eran de dos millones de pesos”, detallan.