Declaran ilegal una licitación de micros y con consecuencias millonarias para Mendoza
La Suprema Corte de Mendoza declaró ilegal la adjudicación de una línea de colectivos y anuló el decreto por el que se había resuelto esa licitación. El problema es que la adjudicación se produjo en el 2005 y afecta a una línea que actualmente está funcionando. Detrás, está la pelea entre los “zares” del transporte de Mendoza: el grupo Corsino y el grupo El Cacique, manejado por Sergio Pensalfine, quien ofició de heredero en cuanto al poder dentro del sistema de transporte.
La Corte falló a favor de Corsino y anuló la adjudicación del grupo 7, que quedó en manos de Pensalfine. La noma anulada es el decreto 1403/05 por el cual el gobierno de Julio Cobos había desestimado la oferta de Transporte Colectivos del Oeste y le entregó la concesión a El Cacique. Los argumentos son lapidarios y, según los jueces de la Sala 2 (Calos Böhm, Mario Adaro y Herman Salvini), el Gobierno actuó de manera irregular pues le otorgaron la concesión a una empresa que no podía participar de esa licitación porque había excedido la cantidad de líneas a cargo, tenía más deuda de la permitida con el Estado y también había presentado una oferta más cara que sus competidores.
Con el fallo en la mano, la empresa podría reclamar una cifra millonaria. A pesar de todo, la misma Corte advierte que no se puede dejar caer la concesión de golpe porque ya pasaron 7 años y hacerlo implicaría un grave perjuicio para la gente que usa ese servicio. Pero, claro, sí se menciona que la decisión puede ser instrumento para reclamar un resarcimiento económico.
Las autoridades de Transporte ahora deberán resolver la legalidad de la concesión, pues no hay norma firme que la sostenga. El grupo 7 es uno de los más usados, pues tiene la antigua línea 120 (que viaja al sur de Godoy Cruz) y la 90.
Un conflicto con historia y una licitación sospechada
El servicio de transporte era desastroso en 2005. Y el grupo Corsino pasó a ser el ícono de esos problemas, pues era quien manejaba las líneas más importantes. El Gobierno, conducido por Julio Cobos, licitó el nuevo sistema y buscó excluir a Corsino. El heredero del poder fue Sergio Pensalfine, quien se quedó con tres líneas en la nueva licitación. Pero el conflicto se generó por la línea 7, donde El Cacique y Transportes del Oeste eran competidores. El Gobierno decidió excluir a la empresa de Corsino y a otras dos y adjudicar el servicio a El Cacique. Pero ahora la Corte dice que el proceso fue irregular.
Uno de los argumentos es que la empresa de Pensalfine no calificaba para participar de tres adjudicaciones porque tenía una deuda superior a lo permitido. “La empresa – El Cacique_ no se encontraba en condiciones de ofertar por el Grupo 7 ya que era concesionaria del grupo 8 y del 9 y la exigencia del pliego era de $ 1.000.000.- de patrimonio neto por cada grupo”, dice el fallo, y aclara que al momento del análisis “la empresa el Cacique S.A. adeudaba la suma de $ 4.209.967,13”. Pero además explican que la firma adjudicataria había propuesto un costo más caro que el resto para el kilómetro recorrido que debía pagar el Gobierno y así y todo se lo otorgaron. “De lo relacionado surge que el costo económico presentado por la empresa Transporte Colectivos del Oeste fue el más bajo. Ha quedado acreditado que El Cacique S.A. jamás fijó un precio de $ 2,3458 y que también a julio de 2005 la oferta menor siguió siendo la de la actora”, aseguran. Según el detalle El Cacique S.A. había ofertado $ 2,6845 por kilómetro recorrido.
“Conforme lo relacionado se desprende que el otorgamiento de la concesión del servicio del grupo 7 a la empresa El Cacique S.A. violenta principios esenciales del procedimiento administrativo como son la razonabilidad y la legalidad del acto administrativo…El dictado del Decreto n° 1403/05 en tanto establece un orden de mérito de ofertas que no se ajusta a lo acontecido en sede administrativa”, concluyen los jueces.
El decreto cuestionado tiene varias curiosidades. Una de ellas es que aunque Cobos era el Gobernador, lo firmó su vice, Juan Carlos Jaliff. En esa norma, ahora anulada, se determinaba el rechazo a “las ofertas de las empresas Mendoza Bus S.A. (e.f.), Transporte Colectivos del Oeste S.A., Transporte Automotores de Cuyo Cooperativa T.A.C. Limitada y Nogal de Cuyo S.A., … Adjudíquese a la Empresa El Cacique S.A., la concesión de la operación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros del Gran Mendoza mediante ómnibus, del Grupo 07”.
La Corte advierte que no se puede dejar sin servicio a los usuarios, por lo que el grupo 7 seguirá funcionando. Pero será el Estado el que ahora deberá pagar. “el presente voto podrá ser suficiente fundamento y servir de sustento para reclamar en la sede correspondiente el resarcimiento por la actividad irregular de la Administración al apartarse de la legalidad jurídica aplicable”. El monto de ese resarcimiento aún no está estipulado.