Denuncian al funcionario "buchón" y presionan para que lo separen del cargo
Los abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) denunciaron formalmente al empleado estatal Oscar Alfredo Simone por su participación en la Dirección de Inteligencia Militar durante la última dictadura. Simone trabaja en la Dirección de Vías y Medios de Transporte del Gobierno y en la dictadura fue parte del batallón 601 como agente encubierto.
Ahora los organismos defensores de los derechos humanos presionan para que el Gobierno eche a Simone. “No corresponde que una persona acusada de delitos de lesa humanidad sea parte del Gobierno, no es ético. No hace falta esperar una condena penal, porque hay razones administrativas y políticas de sobra para separarlo del cargo”, dijo Pablo Salinas, abogado del MEDH.
-
Te puede interesar
El Senado avanzó en una medida para reducir costos en traslados
Según la denuncia, mientras Simone fue espía del batallon 601, al mismo tiempo era empleado de la Direccion de Transito. En ese período, entre 1976 y 1977, hubo empleados de esa repartición que fueron secuestrados y las sospechas son que Simone actuó como “entregador”. Entre las víctimas, según describen desde el MEDH, están el ex director de Transito, Roberto Blanco, que figura como desaparecido, además, aseguran, secuestraron a Juan Sgroi, también Director de Transito, y también desapareció Maria del Carmen Moyano, que trabajaba en esa Dirección.
Desde ese organismo presentaron la denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue. Además, le pidieron al Ministerio de Defensa que entregue el legajo que Simone tiene como miembro del Ejército. Entre otras cosas, allí figura un reclamo realizado por el propio funcionario en el que “el señor Simone litigó contra el Ministerio de defensa, EMGE-Dirección de Inteligencia”, donde se menciona a Simone como personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino. Incluso su sueldo en el Ejército era el de un Coronel.
En el Gobierno se resisten a separa de sus funciones a Simone argumentando que no quieren hacer lo mismo que pasaba en la dictadura, porque quieren darle “derecho a defensa”. Pero los denunciantes apuntan a otro costado del tema. “Esto tiene que ver con la ética. Hay que discutir una ley de ética pública y poner a consideración de la gente si corresponde que alguien que fue funcionario de la dictadura puede estar en el Estado. Si no se hace pasa como ocurrió con Patti en Buenos Aires, Buzzi en Tucumán y Carlos Rico en Mendoza”, dijo Salinas.