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Política

Legislatura busca definir si agrandarán el Senado provincial

Oficialistas y opositores tratarán de acordar un proyecto de reforma constitucional cuyo eje es que todos los departamentos tengan bancas propias en la Cámara Alta. Si la idea avanza, el Senado pasaría de 38 a 54 bancas, aunque antes el proyecto se votaría en un plebiscito el 23 de octubre.

Juan Carlos Albornoz

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La idea de ampliar el Senado provincial para que estén representados allí todos los departamentos tendrá un capítulo clave mañana.  En La Cámara de Diputados se realizará una reunión de todos los partidos que podría darle impulso definitivo a este proyecto de reforma constitucional, cuyo eje principal es la propuesta de elevar de 38 a 54 la cantidad de bancas de la Cámara Alta.

Lo que podría definirse mañana en Diputados es que el Poder Ejecutivo retire su proyecto de reforma amplia de la Constitución, que es analizado en el Senado, para concentrar todos los esfuerzos en uno alternativo, que tiene la firma de 17 diputados provinciales y el aval político de la mitad de los departamentos de la provincia.

El plan B de reforma se viene militando desde 2009 a partir de una iniciativa de la diputada justicialista Mireya Díaz (PJ) y es apoyado por los departamentos más chicos de la provincia. Son nueve en total los concejos deliberantes que le dan impulso en vistas de una realidad: el actual sistema de representación por distritos electorales impide que los departamentos chicos tengan legisladores en las bancas.

Se busca que a partir de la reforma, cada departamento se asegure tres legisladores (dos por la mayoría y uno por la minoría) en el Senado. Esto elevaría de 38 a 54 el número de bancas en la Cámara Alta, lo cual, según el Ejecutivo, se podría compensar reduciendo la Cámara de Diputados, que tiene 48 bancas.



De todos modos, está todo por discutirse. Aunque lo necesario ahora es dar el primer paso: si los partidos políticos se ponen de acuerdo mañana en Diputados, quedaría allanado el camino para sancionar la necesidad de reforma constitucional y luego someter esa ley a un plebiscito en las elecciones de octubre.

Los cambios concretos sobre la representación legislativa y otros temas (el proyecto alternativo propone la autonomía municipal y nuevos mecanismos de participación ciudadana vinculante, entre otros puntos) los realizaría después la Convención Constituyente, sólo en el caso de que la mayoría de los mendocinos diga en las urnas que está de acuerdo con la reforma constitucional.

La reforma que proponen la diputada Díaz y los concejos deliberantes quedó frenada durante la gestión de Mario Adaro (hoy ministro de la Corte) en el ministerio de Gobierno debido a que el Ejecutivo tenía su propio proyecto.

No obstante, el nuevo ministro de Gobierno, Félix González, se reunió hace poco con los impulsores del proyecto alternativo y afirmó la semana pasada que el Ejecutivo lo acompañaría, porque tiene consenso amplio y se originó "de abajo hacia arriba" (primero tuvo el consenso de los ediles y después de un buen número de diputados provinciales).

Todo depende ahora del resultado de la reunión de mañana en Diputados, que reunirá en el salón azul de la Cámara Baja al ministro de Gobierno González,  integrantes de los concejos deliberantes de todos los municipios, presidentes de cada uno de los bloques de la Cámara Baja y titulares de los partidos políticos para discutir un cambio trascendente.

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