La fiscal imputó a los 4 empleados de Hacienda por asociación ilícita y al menos uno quedó detenido
La fiscal Claudia Ríos imputó a los cuatro empleados del Ministerio de Hacienda involucrados en la estafa producida en la Unidad de Financiamiento Internacional. Se los acusa de “asociación ilícita”, un delito más grave que el denunciado originalmente.
Los acusados son Marcelo Martorell, José Acuña (ambos tesoreros de la UFI), María Rubio y Soledad Pastrana (jefas administrativas de la repartición).
Uno de los imputados fue detenido a primera hora de la tarde porque el delito por el que se lo acusa no es excarcelable. La fiscal esperaba al resto de los acusados para informarles sobre la acusación y también quedarían detenidos.
La causa se inició por una denuncia del Ministerio de Hacienda, luego de que se descubriera que una serie de cheques (al menos uno por mes) salidos de esa repartición fueron a parar a cuentas personales y no a oficiales. La estafa funcionaba con la generación de expedientes truchos para “justificar” la emisión de los cheques.
La fiscal entiende que hubo una “organización planificada” para estafar y robarle recursos al Estado. La UFI es la repartición que maneja todos los recursos que llegan desde los organismos internacionales de crédito. En principio se habló de una estafa por 850 mil pesos, pero la cifra sería mucho mayor.
Para que se produjera el fraude había una “base administrativa”. Es que, con buena logística, los estafadores creaban expedientes falsos, con órdenes de pago, números y prolijidad contable. Pero con sustento inexistente. Esos expedientes servían de base para que la UFI emitiera cheques que eran cobrados por particulares.
Por eso una de las principales pruebas es el camino que siguió ese dinero, para lo cual fuero clave los informes de los bancos, que habría servido para determinar cómo era la triangulación de maniobras financieras para blanquear el dinero sacado de las arcas del Estado.
Marcelo Martorell es el más complicado y fue el primero en quedar preso.
El delito que comenzó a investigarse era fraude a la administración pública. Pero luego la fiscal agravó la acusación y los acusa de asociación ilícita, un delito no excarcelable.