Vuelven a sancionar a un ex concejal y deberá pagar más de 100 mil por contratos truchos
El Tribunal de Cuentas volvió a sancionar al ex concejal de Luján Sergio Abraham por los contratos truchos.
Debe pagar 114 mil pesos. Ya habia sido multado anteriormente y fue condenado por la justicia.
Usaban datos personales para crear cargos fantasma y también contrataban ñoquis.
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Ahora, Sergio Abraham, principal implicado por haber estado a cargo del Concejo, deberá pagar más de 100 mil pesos por los contratos que se fueron cobrados sin que nadie trabajara. Se trata de un nuevo fallo del Tribunal de cuentas por el cual el ex presidente del Concejo deberá responder.
Esta vez se trata de 18 contratos que fueron cobrados durante el 2007. En el fallo se detalla caso por caso lo que se pagó. En total, se pagaron 82.065 pesos de manera irregular. Pero como el fallo es de febrero de este año, se le suman los intereses. Por eso Abraham fue condenado a pagar 114 mil pesos. El mismo tribunal ya había condenado a que el ex concejal pagara 71 mil pesos por otros 40 contratos irregulares.
El caso explotó en 2007 con la denuncia de un particular. Un peluquero de Luján intentó conseguir una ayuda social, pero se la negaron porque en los registros aparecía como empleado municipal. El hombre se sorprendió porque no era verdad y denunció el caso. Luego se descubrió que usaron sus datos para crear un "cargo fantasma" y cobrar un sueldo. El escándalo abarcó a todo el Concejo. Abraham fue el más complicado porque su firma es la que figura en todos los contratos autorizados y los pagos. Pero hay quienes aseguran que hubo un pacto para no "desparramar" a todos los funcionarios con las repercusiones. Es que, aseguran, con la magnitud de la estafa no puede haber sido sólo una persona la que organizó todo.
La situación se multiplicó y también aparecieron casos de "ñoquis", es decir empleados que cobraban pero no tenían ninguna contraprestación laboral. Abraham fue condenado a prisión en suspenso y fue inhabilitado para ocupar cargos públicos. Pero la justicia siguió el rastro de los cómplices, pues sospechan que en realidad se trataba de una"red" para sacarle recursos al Concejo. Abraham era edil justicialista, pero quedóa cargo del concejo por la buena relación que tenía con la administración demócrata del departamento.
El fallo 15.627 es contundente y ordena "formular cargo por ciento catorce mil ochocientos seis pesos al Sr. Sergio Abraham (Presidente del Honorable Concejo Deliberante)" por los contratos truchos.
En los argumentos aseguran que había empleados a los cuales la "prestación de servicios sí ha sido certificada por concejal o funcionario del HCD, pero cuya percepción del haber no ha sido acreditada porque en las planillas de liquidación de sueldos faltan las firmas". Es decir, se certificaban los servicios pero no eran cobrados por quien figuraba. Por eso, el gasto se considera como “erogación sin justificar por los sueldos abonados a aquellos agentes por los que no se ha acreditado la percepción de sus haberes, ni la efectiva realización de sus tareas”.
La situación se multiplicó y también aparecieron casos de "ñoquis", es decir empleados que cobraban pero no tenían ninguna contraprestación laboral. Abraham fue condenado a prisión en suspenso y fue inhabilitado para ocupar cargos públicos. Pero la justicia siguió el rastro de los cómplices, pues sospechan que en realidad se trataba de una"red" para sacarle recursos al Concejo. Abraham era edil justicialista, pero quedóa cargo del concejo por la buena relación que tenía con la administración demócrata del departamento.
El fallo 15.627 es contundente y ordena "formular cargo por ciento catorce mil ochocientos seis pesos al Sr. Sergio Abraham (Presidente del Honorable Concejo Deliberante)" por los contratos truchos.
En los argumentos aseguran que había empleados a los cuales la "prestación de servicios sí ha sido certificada por concejal o funcionario del HCD, pero cuya percepción del haber no ha sido acreditada porque en las planillas de liquidación de sueldos faltan las firmas". Es decir, se certificaban los servicios pero no eran cobrados por quien figuraba. Por eso, el gasto se considera como “erogación sin justificar por los sueldos abonados a aquellos agentes por los que no se ha acreditado la percepción de sus haberes, ni la efectiva realización de sus tareas”.