Cómo funcionó el aparato represor en Mendoza

Era un plan y estaban organizados con fines tremendos. Ahora, los investigadores intentan desandar el camino para entender la lógica con la que funcionaba el aparato de la represión del Estado en Mendoza durante la dictadura militar. En ese trabajo está, por ejemplo, el equipo del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, que conduce Elba Morales. “Tenemos hilachitas, datos que vamos reuniendo y relacionando. Ahora hace falta juntarlos todos”, explica la mujer, que ya declaró como testigo en el juicio que se realiza en Mendoza.

El esquema vertical hacía que desde la jefatura se impartieran “órdenes genéricas”, que luego interpretaban los jefes de la VII Brigada en Mendoza.
El equipo “operativo” de la maquinaria de la represión tenía varias patas.
Por un lado estaba la llamada “Comunidad Informativa”, grupo formado por todos los servicios de inteligencia y encargado de recolectar información, elaborar listas y “nutrir” a los grupos de tareas para “señalar a los elementos peligrosos”, es decir personas,  que ellos consideraban peligrosas.
Debajo se encontraba un grupo que tenía impunidad para actuar: el Centro de Operaciones Táctico (COT), formado por militares y policías seleccionados especialmente para realizar el trabajo sucio: secuestrar y trasladar personas, la mayoría de ellos en la total clandestinidad.
“No respetaban jerarquías, tenían vía libre. En el COT estaban los más seleccionados de los patoteros. No importaba la jerarquía, podían estar por encima de todos sus jefes. Eran lo mejor que había en materia represora, como unos rambos de la dictadura”, asegura Elba Morales.

El COT era el cuerpo encargado de los traslados hacia los centros clandestinos de detención que funcionario en la provincia, como el D2, campo Las Lajas, el Liceo Militar y la Comisaría Séptima, entre otros

Para completar el cuadro, había otros dos “organismos” dentro de esa estructura. Un cuerpo auditor y los Consejos de Guerra. En Mendoza, según la reconstrucción realizada en base a los documentos y a testimonios, funcionaban 2 consejos de guerra que juzgaban  a las personas, pero no por delitos. “Sostenemos que los consejos recibían las listas de detenidos, de personas a detener y juzgaban previamente de acuerdo a las órdenes que tenían y a los planteos ideológicos. Había dos consejos de guerra especiales. Como elemento de prueba tenemos los documentos con las sanciones que le aplicaron a una cantidad de civiles sobrevivientes”, detalló Morales. Las sospechas es que desde allí salían las condenas a muerte que ejecutaban los grupos de tarea.

El cupo de la muerte

La hipótesis de los organismos defensores de los derechos humanos es que existía un “cupo de la muerte” que debían cumplir los encargados de la fase operativa de la represión. “Todo se manejaba por estadísticas. Por ejemplo, en la jefatura de la zona 3 tenían información que había una determinada cantidad de militantes del PRT en Mendoza. Entonces los responsables de la zona debían cumplir con ese cupo, sin averiguar demasiado”, explica la titular del MEDH. Según entienden, esa es una de las razones por las que muchos de los secuestrados ni siquiera tenían antecedentes de militancia política.

Entre las jurisdicciones de cada zona había un contacto fluido y también intercambios de prisioneros, muchos de los cuales se hacían vía aérea desde la IV Brigada. 
Los investigadores estiman que las piezas clave de la historia están en dos grupos: los integrantes de la Comunidad Informativa y del Centro de Operaciones Táctico. “Ellos sabían todo”, aseguran.