Luego de 12 años, deben devolver medio millón mal gastados en un hospital
Suena a muletilla, pero el Estado algunas veces se toma su tiempo para sancionar y recuperar el dinero mal gastado. El Tribunal de Cuentas ratificó una antigua sanción que puede servir de paradigma de esas demoras: le exige a un grupo de ex funcionarios y empleados que devuelvan casi medio millón de pesos, pero más de 12 años después.
La sanción original es del año 1998, y fue ratificada en noviembre del año pasado, luego de un fallo de la Suprema Corte de Justicia, instancia a la que habían recurrido los involucrados.
Se trata de irregularidades detectadas en el hospital Alfredo Perrupato.
El trayecto de la sanción fue enorme: las irregularidades fueron detectadas durante la gestión de Arturo Lafalla, investigadas durante los gobiernos de Roberto Iglesias y Julio Cobos y ahora pretenden ser cobradas cuando Celso Jaque está a cargo del Gobierno. El monto reclamado es de 435.895 pesos y deben hacerse cargo las antiguas autoridades de ese hospital, según consta en los fallos 14.400 y 15.552.
Las demoras en “el recupero” del dinero mal gastado del Estado no son novedad.
El Tribunal de cuentas ha mejorado los tiempos de análisis de las cuentas porque hace controles en tiempo real. Pero las sanciones deben seguir un proceso. Y si llegan a la Corte, la demora es mayor.
Un caso más reciente
Le dieron plata, nunca la gastó para el destino que tenían y se comprobó en todos lados que había un fraude. Ahora, más de cuatro años más tarde, le piden que devuelva los 64 mil pesos que le habían dado.
Ariel Barrios era Coordinador General de Equipamiento Escolar y de Proyectos Especiales de la Dirección General de Escuelas. Y se hizo famoso durante el final de la gestión de Cobos porque tenía una tendencia un tanto reñida con la ética: lo pescaron gastando recursos del Estado para uso personal. En el 2006 el hombre dijo que organizaría tres eventos destinados a capacitar docentes y para realizar conciertos didácticos para alumnos de las escuelas de Mendoza. Para ello recibió la plata, pero nunca hizo lo que dijo. Nunca existió una rendición de cuentas de esos recursos y por eso el Tribunal de Cuentas pidió explicaciones.
Lo curioso es que los actos debían realizarse en el auditorio Angel Bustelo, a pocos metros de Casa de Gobierno. Pero recién se descubrió que nunca se habían hecho varios años después y por trámites administrativos. “De las averiguaciones efectuadas en el Centro de Congresos y Exposiciones...no surgen eventos” realizados por la DGE en el “ni otros eventos solicitados por el Señor Ariel Barrios”.
Ahora el Tribunal de Cuentas sancionó a ese ex funcionario con un “cargo” por 64 mil pesos. Pero a Barrios le queda otra chance: todos los Fallos del Tribunal pueden ser recurridos a la Suprema Corte de Justicia, alargando así el proceso de justicia administrativa.
Barrios es conocido por temas parecidos. En 2007 había gastado 54 mil pesos en electrodomésticos comprados en Red Megatone para uso personal y firmó las facturas como asesor de la DGE.
En los descargos, las actuales autoridades de la DGE aseguran que hicieron todo lo posible por encontrar la documentación que respaldara esos gastos y para encontrar al propio Barrios, todo sin éxito. Ahora buscan recuperar el dinero.