Adaro, el ministro "6,7,8" que debe lidiar con un peronismo que no llega a “3,4,5”
Ayer fue un día de furia para el ministro de Gobierno, Mario Adaro. El ministro “6,7,8” -el más kirchnerista de un gabinete que defiende al gobierno nacional, pero sin sobreactuar- sufrió un fuerte golpe al darse a conocer las torturas en la cárcel de Boulogne Sur Mer, precisamente en el complejo San Felipe, en donde pagan sus cuentas con la justicia los jóvenes adultos.
El impacto fue muy fuerte: al ministro de los derechos humanos le pasan cosas que violan esos principios en un lugar que está dentro de su jurisdicción, casi sobre el final de su gobierno, lo que delataría que poco se cambió en esa área en los últimos años.
Sin embargo, Adaro no paró un minuto hasta lograr tomar la piña que iba derecho hacia su riñón K y devolverla. Así, dio la cara, se reunió con los denunciantes –entre los cuales se encontraba una persona que tuvo a su cargo la política penitenciaria, como es el ex subsecretario de Justicia Diego Lavado-, manifestó su vergüenza e intentó explicar que era la de “todo el Gobierno”. Además, cuando la Legislatura se apuró en citarlo, fue. Y concluyó el día en los palcos del estadio Malvinas Argentinas acompañado por el dirigente cegetista Julio Piumato como gritando: “¡Estoy vivo!”.
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Adaro se va a ir del Gobierno. No será de inmediato y ahora tampoco es el momento adecuado, según el manual político. “Me quedo y peleo” es el espíritu. Su ida será un “ascenso”, sostienen, y no una “fuga” ni mucho menos una “expulsión”, aunque en el peronismo mendocino no son muy afectos a fanatizarse con las ideas del gobierno nacional. Y cuando lo haga, se habrá ido el ministro más kirchnerista de Celso Jaque. Tal vez por esa misma razón la supervivencia de Adaro está siempre en cuestión: con una cartera que tiene en sus manos el trabajo y la negociación gremial, los derechos humanos, las relaciones político institucionales y los registros civiles, su perfil K no ha encontrado suelo demasiado fértil para enraizarse. La formalidad le da la relación con la Justicia, pero no la manejó, entregada a manos más cercanas al despacho del Gobernador. Y la reforma política, que fue un fracaso.
Pero su triunfo no está en el manejo de la escena pública, sino que -promete- se verá, tal vez, con el paso del tiempo. En su gestión logró reproducir el esquema de documentos de identidad rápidos que llegan "llave en mano" desde el Ministerio del Interior y puso en foco a la "mafia de los abogados laboralistas", corporación y especialidad de la que proviene. Adaro tomó el caso de los torturadores de San Felipe para dejar en funcionamiento un protocolo contra la tortura que, de aplicarse con la rigurosidad y seriedad que el tema merece, cambiará de raíz el trabajo de los penitenciarios.
Acostumbrados a aprender más por herencia o cohesión, los trabajadores del penal se burlan (y lo han hecho históricamente, como muchas veces la Policía) de las normas. Y consiguen el aval tácito de jefes políticos que están en otra cosa, de jefes uniformados que “mamaron” otras normas y de una sociedad a la que poco le importa, sinceramente, lo que pasa detrás de los muros del penal.
Por ello, si consigue elaborar e instituir la aplicación del protocolo contra torturas (y no resulta ser otro típico “a partir de ahora”, la frase preferida de los funcionarios cuando la coyuntura los asfixia), Adaro habrá hecho un aporte importante y le dará a su gestión al frente de la cárcel el tinte “6,7,8” del que hace alarde.


