Trapisondas de magistrados, los intocables
El caso de una fiscal que fue detectada in fraganti en lo que una fiscalía especial considera que podría tratarse del robo de un teléfono celular, abre un debate nunca saldado: ¿por qué es tan difícil tocar a los magistrados?
Sin que se pretenda mover un ápice la necesaria independencia del Poder Judicial y ni siquiera reabriendo la discusión sobre su desigualdad frente a la ley que nos obliga al resto de los mortales a pagar impuestos, lo que se pone en cuestión, ahora, son los mecanismos de control y sanción internos de un área del Estado en la que se cometen errores, inevitablemente.
No hay un legajo de quejas, errores, trapisondas, malas actuaciones, prolongadísimas licencias, demoras, ni nada que se le parezca capaz de condicionar –para bien, lógicamente- el accionar de jueces y fiscales, los “magistrados”.
Se intentó construir un régimen o estatuto que así lo normara durante el gobierno de Roberto Iglesias, en medio de una fuerte disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sin embargo, en aquellas épocas –y a pesar de la mala relación- el por entonces titular de la Corte, Jorge Nanclares y el ministro de Justicia y Seguridad, Leopoldo Orquín, abrieron un espacio en el que se pudo hablar de la dichosa “reforma judicial”, fuera de las discusiones sobre su presupuesto y las jubilaciones de sus miembros.
Surgió entonces desde el Gobierno la posibilidad de avanzar en una reforma del Código Procesal Civil, pero la iniciativa murió en la Legislatura bajo el argumento de su “inconstitucionalidad”.
Se pretendía generar un régimen de sanciones progresivas y hasta automáticas para los magistrados, una forma de que quedara constancia de sus “errores” y que ello pesara a la hora de que tuviera que actuar el Jury de enjuiciamiento.
El Jury es una instancia extrema: quita fueros, destituye o confirma en el cargo: no hay forma de que reprenda o llame la atención, no hay instancias intermedias ni advertencias.
Pero hoy representa la única instancia con la que los mendocinos contamos para que un magistrado sea juzgado por su mala actuación.
¿Por qué se buscó generar esta posibilidad por entonces? Porque no en todos los casos los magistrados actúan en flagrancia robándose un celular y siendo captados por una cámara de videovigilancia.
Muchas veces –más de las que nos enteramos- se producen demoras en el tratamiento de cuestiones a su cargo y hasta sus fallos son revocados por equívocos. Un sistema o estatuto que así lo registre y regule facilitaría el control y, muy probablemente, con sanciones intermedias (antes de que la sangre llegue al río, o al Jury, que para el caso es lo mismo) serviría de ejemplo y línea rectora para evitar su multiplicación.
Pero para que esto ocurra hay que modificar la Constitución. Allí se empantanó aquel proyecto que murió en sede legislativa. Pero que puede resucitar en clave de modernización de la tarea judicial, algo muy presente en el discurso pero que va más allá de comprar computadoras: que pasa por adecuarse a los tiempos que corren en todo sentido.
Se pretendía generar un régimen de sanciones progresivas y hasta automáticas para los magistrados, una forma de que quedara constancia de sus “errores” y que ello pesara a la hora de que tuviera que actuar el Jury de enjuiciamiento.
El Jury es una instancia extrema: quita fueros, destituye o confirma en el cargo: no hay forma de que reprenda o llame la atención, no hay instancias intermedias ni advertencias.
Pero hoy representa la única instancia con la que los mendocinos contamos para que un magistrado sea juzgado por su mala actuación.
¿Por qué se buscó generar esta posibilidad por entonces? Porque no en todos los casos los magistrados actúan en flagrancia robándose un celular y siendo captados por una cámara de videovigilancia.
Muchas veces –más de las que nos enteramos- se producen demoras en el tratamiento de cuestiones a su cargo y hasta sus fallos son revocados por equívocos. Un sistema o estatuto que así lo registre y regule facilitaría el control y, muy probablemente, con sanciones intermedias (antes de que la sangre llegue al río, o al Jury, que para el caso es lo mismo) serviría de ejemplo y línea rectora para evitar su multiplicación.
Pero para que esto ocurra hay que modificar la Constitución. Allí se empantanó aquel proyecto que murió en sede legislativa. Pero que puede resucitar en clave de modernización de la tarea judicial, algo muy presente en el discurso pero que va más allá de comprar computadoras: que pasa por adecuarse a los tiempos que corren en todo sentido.