Internas: abogados tuercen el brazo a la Corte y frenan los tribunales asociados
La guerra interna en el Poder Judicial no se terminó con el cambio del presidente de la Suprema Corte. Ahora comienzan a surgir algunas de las decisiones que llegan como consecuencia de esa pelea interna. La Corte, de la mano del nuevo presidente Pedro Llorente, cedió a la presión de los abogados y frenó la aplicación de los Tribunales de Gestión Asociada.
Se trata de una de las medidas centrales impulsadas por el anterior presidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, y que fue resistida por el Colegio de Abogados. La interna se trasluce hasta en la propia Acordada en la que se tomó la decisión: la firman todos los ministros del máximo tribunal, pero Pérez Hualde lo hace en disidencia.
Los Tribunales de Gestión Asociada son unidades creadas para que varios juzgados compartan oficinas administrativas y de gestión. Ya funcionan dos en los juzgados Civiles de la provincia y estaba previsto que comenzara a funcionar el tercero y el cuarto. Además, también debía iniciarse el proceso de gestión asociada en los juzgados concursales. Pero la Corte dio marcha atrás. El Juzgado de Gestión Asociada III debía funcionar desde el 1 de marzo. Los defensores del sistema aseguran que ha permitido “ mejoras sustantivas en tiempos procesales en juicios de Daños y Perjuicios, Ejecutivos y Beneficios de litigar sin gastos”, entre otros beneficios. Desde abril debía comenzar a funcionar el Tribunal de Gestión Asociada en lo Concursal. Pero todo fue suspendido y prorrogado por 120 días.
Cambio de dirección
“El Superior Tribunal considera que el diálogo entre las entidades que actúan ante este Poder, constituye un camino válido y fecundo en procura del consenso que favorezca los procesos y acciones de cambio que necesariamente deben producirse en la Jurisdicción para la mejora del servicio, adecuándose así de modo efectivo a la garantía de derechos y cumplimiento de deberes de la sociedad de nuestra Provincia”, dice la Acordada como argumento. Fuera del eufemismo de la búsqueda de consenso, la Corte cedió ante las presiones de los propios litigantes.
A través del Colegio de Abogados llegaron decenas de repudios a esa decisión. Primero fueron notas, luego una encuesta realizada dentro de Tribunales y finalmente una denuncia judicial para frenar la aplicación de la medida, pidiendo que sea declarada inconstitucional. Pérez Hualde siguió adelante con esa medida. Pero antes de terminar la aplicación, lo sacaron de la Corte.
Justamente ese conflicto, junto con el que mantuvo con el Gobierno, fue uno de los elementos que limó a Pérez Hualde en la cúpula. Y en los pasillos de Tribunales aseguran que una de las alianzas de Llorente para volver a ser presidente fue justamente con los abogados.
La Acordada nueva determina que se suspenda “la vigencia de las Acordadas 23.811, 23.696 y 23.812, hasta el 1 de agosto de 2012”. Pero además abre un período de estudio para evaluar el desempeño de los Tribunales de Gestión Asociada. Allí se abre una puerta para el Colegio de Abogados que busca que queden anulados. Esa evaluación debe realizarse dentro de los próximos cuatro meses, pero aún no se ha determinado cómo se realizará.