Créase o no: ¿bajó el delito en Mendoza?
En épocas en que llueven encuestas de todo tipo, muchas veces sesgadas por los intereses electorales, surgió un sondeo presumiblemente creíble y con datos para ilusionar a todos.
Se trata de un estudio de victimización que presentó esta semana el abogado y ex funcionario de seguridad Alejandro Poquet. Armado para el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, el sondeo, comparado con otras mediciones iguales o similares realizadas en años anteriores, arroja la buena noticia de que el delito común u ordinario en los últimos tiempos ha bajado en los departamentos más poblados de Mendoza.
La baja queda sintetizada en una curva comparativa descendente de los últimos 11 años, que revela un porcentaje de población victimizada del 50,7 por ciento en 1999 y del 29,2 por ciento en 2010.
Esa reducción surge de datos de encuestas nacionales y de los dos estudios de victimización elaborados en la provincia por el equipo de Poquet, correspondientes a los años 2007 y 2010. De estos dos últimos trabajos surge el dato más interesante, ya que es el que analiza precisamente la conflictiva gestión de Celso Jaque, manchada tal vez para siempre con la promesa proselitista de reducir el delito un 30 por ciento en seis meses.
La cifra final es tal vez el balance entre el debe y el haber de la promesa jaquista. En 2007, la población victimizada era del 41,6%, pero en 2010 cayó al 29,2%. Ello demuestra que el gobernador consiguió bajar el delito el 30%, pero a lo largo de tres años (no seis meses) y después de mucha angustia política.
Cifras. Poquet defiende a capa y espada la integridad de sus encuestas de victimización. Asegura que se realizaron de acuerdo con patrones internacionales y sin financiamiento gubernamental ni privado. La plata para hacer el último estudio salió del Consejo Federal de Inversiones y ningún empresario aportó dinero. Sobre la primera encuesta, sostiene que la mayor parte del financiamiento fue propio.
Es necesario que lo aclare. Es que el abogado y especialista en seguridad tiene o ha tenido vínculos de gestión y profesionales con figuras del peronismo y del empresariado, entre ellos, Daniel Vila. El trabajo no lo hizo condicionado por ninguno de ellos, asegura.
A su vez, la manipulación del Indec y la “información” sobre inflación que se genera a partir de esto han generado verdaderos actos de vandalismo con las cifras en la Argentina en los últimos tiempos. De todo eso quiere despegarse: con los números no se juega.
Hecha la salvedad, hay que decir que el gran atributo de la encuesta de victimización es que busca el dato delictual negro o desconocido por los gobiernos y jueces: el total de personas que sufrió delitos, independientemente de la denuncia ante ambos poderes, que siempre es un porcentaje menor.
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En este escenario, los 1.131 casos relevados en los cuatro principales departamentos del Gran Mendoza (Guaymallén, Las Heras, Capital y Godoy Cruz) sugieren que “hay esperanza”, según la definición del jefe de estos encuestadores.
A la baja del 30% se le suma otro dato alentador: la población victimizada en robo con violencia (el rubro más sensible de la encuesta) disminuyó del 6,6% en 2007 a 3,3% en 2010.
En este ítem, la mejora desde el primero hasta el penúltino año de gestión de Jaque fue del 50%. Los puntos porcentuales, de todos modos, no son tan pequeños si se lo contabiliza como personas: el 3,3% representa más de 25 mil mendocinos que han sufrido este tipo de robos en los últimos años.
Cifras no tan buenas. Para el estudio de victimización se midieron 12 tipos de delitos comunes en los grandes centros urbanos de Mendoza, desde robo de objetos en un vehículo hasta el ataque sexual. Se dejaron de lado los más graves o profesionales, como secuestro, narcotráfico y trata de blancas. Los homicidios tampoco figuran, ya que las víctimas se pueden contabilizar sin necesidad de sondeos, explicó su autor.
La razón de dejar de lado estos delitos es que la encuesta aborda los aspectos de la inseguridad que se pueden solucionar o atenuar a través de diversas políticas públicas. “El delito profesional va a seguir existiendo, haga lo que se haga desde el Estado”, explica Poquet.
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Los mendocinos, por otra parte, siguen siendo muy críticos de la labor policial. El 51,6% evalúa mal o muy mal la actuación de la policía en su zona. Más del 55% no está de acuerdo con la afirmación de que los efectivos hacen todo lo posible por ayudar a los demás. Y trepa casi al 78% el monto de los piden que la policía pase por su zona más seguido de lo que hoy lo hace.
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También hay un ítem en el sondeo que habla de la sensación de inseguridad. Allí se ve que aunque el delito real está mucho más bajo, el 78,8% siente que es muy probable o probable ser una víctima más de la delincuencia.
Y no puede dejar de comentarse un dato curioso. En el rubro de los robos en las viviendas, uno de cada cuatro encuestados indicó que los ladrones entraron a su vivienda “por la puerta sin violencia”. En época de alarmas domiciliarias, custodios y cercos, parece que en Mendoza todavía hay muchos mendocinos desprevenidos.
Progresismo, spots y candidatos. Poquet fue discípulo del primer ministro de seguridad, el justicialista Alejandro Cazabán, en la turbulenta época de reforma policial, a fines del siglo pasado. Tiene una mirada progre sobre el fenómeno de la inseguridad: considera que el delito o buena parte de él baja con medidas de inclusión social.
Sostiene que la curva delictual general ha bajado desde comienzos de 2000 conforme el país se despegaba de la crisis económica general, en lugar de atribuirlo a medidas represivas viejas o nuevas, como el incremento de patrullajes de Leopoldo Orquín (ministro de Seguridad en la gestión de Roberto Iglesias) o la instalación de videocámaras en la vía pública del actual jefe del área, Carlos Aranda.
Se priva también de mencionar entre los factores de descenso del delito a la reforma policial de 1999, una acción necesaria pero que no fue la gran solución del problema.
En este sentido, bien se puede decir que las sucesivas crisis de la seguridad en la última década de control civil no consiguieron, al parecer, que se torciera en general la baja de los delitos que denota la encuesta.
Las explicaciones sobre el fenómeno no están, por ahora. Poquet reconoce que esa es la etapa que falta. Reclama, ahora, un ámbito de interacción con los poderes del Estado provincial para encontrar esas respuestas e intercambiar números. Dice que es necesario un observatorio para pensar una problemática ante la cual se piensa poco desde hace tiempo.
Una luz parece abrirse en el caso del procurador de la Corte, Rodolfo González, quien había presenciado silencioso la presentación de la encuesta de victimización en la Universidad de Congreso el martes y ya se contactó con Poquet.
Los candidatos y el Gobierno, en cambio, no han dado las mismas señales. Los primeros estuvieron invitados a la presentación y no fueron, en tanto que el Ejecutivo (a través de Aranda) sí fue a la cita y serenamente festejó la baja delictiva, aunque nada más ocurrió desde entonces.
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“El mensaje de los candidatos en campaña cae en un reduccionismo extremo que no dice nada. Los programas pecan de vaguedad y caen en una discusión ideológica binaria. En este sentido, hay que decir que el mundo está confundido, porque son los países con gobiernos socialdemócratas los que impulsan las medidas más represivas”, sostiene Poquet.
Y agrega: “Hace falta el programa y la gente idónea, porque lo otro sólo es espectáculo. Tiene que llegar el momento político en que se conozcan en campaña los equipos, la solvencia técnica y cómo han trabajado sus miembros”.
Con alguna excepción, es cierto: la campaña electoral 2011 no ha sido generosa en propuestas para mejorar la seguridad de los mendocinos. Y a una semana de la elección general, ya no parece quedar tiempo para que el panorama mejore.