Piden investigar "apoyo" del gobierno a los asambleístas de Gualeguaychú

El levantamiento del corte de rutas que desde hace años llevan adelante los asambleístas de Gualeguaychú, no será nada sencillo de resolver; no al menos en el corto plazo. Tan es así, que el gobierno debió promover una denuncia penal para poder “convencer” a los activistas para que desbloqueen el puente internacional que une a la Argentina con Uruguay. Estos, a su vez, han prometido dar batalla —por ahora, judicial— y presentaron esta misma mañana un petitorio ante la Municipalidad gualeguaychuense.

Mientras tanto, el gobierno enfrenta sendos cuestionamientos en el marco del mismo tema. Por un lado, diputados de la Coalición Cívica presentaron hoy un pedido de juicio político contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak, por la eventual coacción que ambos vienen efectuando contra los asambleístas. “Hacen caso omiso a la Justicia y pretenden imponer su voluntad a cualquier costo, en un claro incumplimiento sus funciones de gobierno", afirmaron los legisladores en un comunicado que trascendió en el día de ayer.

Por otro lado, el abogado Enrique Piragini radicó una denuncia penal ante la Cámara Criminal y Correccional Federal, para que se investigue la posible comisión de los delitos de “violación y omisión de los deberes de funcionario público” por parte de Néstor y Cristina Kirchner por “tolerar el persistente e ilegítimo corte de rutas que vienen realizando los Asambleístas de Gualeguaychú, perjudicando el desarrollo socioeconómico”.

En la presentación, el letrado asegura que existe una “clara omisión a sus deberes”, la cual “quedó patentizada cuando ahora desde el gobierno nacional se promovieron causas civiles y penales, en una actitud tan incoherente que deja en claro el cambio de actitud respecto de esta delicada cuestión, siendo que desde el Ejecutivo se toleró, alentó y financió a los vecinos ambientalistas de cuyo seno surgió la ex Secretaria de Medio Ambiente de la Nación Romina Picolotti, hoy cercada judicialmente por sus desmanejos al elevar exponencialmente la plantilla de empleados en esa repartición, y la distracción de millones de pesos en perjuicio del erario público”.

Según Piragini, los asambleístas habrían cometido trece delitos, desde “entorpecer el tránsito” hasta el “atentado y resistencia a la autoridad”, pasando por el “homicidio culposo” (sería por el motociclista que murió al chocar contra un acoplado en 2009), las “amenazas agravadas”, la “apología del delito” y la “sedición”.

En ese marco, el abogado solicita una “profunda investigación” para determinar quién instigó “tales conductas antisociales, y fundamentalmente si el Estado Nacional apoya económicamente a tal movimiento vecinal”.


El escándalo que viene

En las últimas horas, los asambleístas de Gualegaychú han decidido tomar el “toro por las astas” y comenzaron tibios contactos con diversos medios de comunicación, entre ellos MDZ.

Allí, dejaron trascender que, de ser necesario, darán a conocer el apoyo —incluso económico— que recibieron en su momento por parte del gobierno central para llevar adelante los cortes que los llevaron a la celebridad.

El kirchnerismo no cederá en la pulseada; los activistas menos aún. Ergo, lo que se viene será para alquilar balcones.