La rápida y silenciosa jugada de San Rafael para frenar la promoción industrial
La trama para que el juez Acosta fallara a favor de los intereses de los mendocinos incluye figuras departamentales opuestas como el peronista Alejandro Cazabán y el radical Ernesto Sanz. Los hermanos Félix, en cambio, no participaron. Por qué el juez federal aceptó el planteo.
La jugada fue rápida y contundente. El jueves pasado, el gobernador Celso Jaque “abrió el juego” para que la Cámara de Comercio de San Rafael fuera a la Justicia y buscara frenar la promoción industrial. Una semana después, exactamente, el juez federal del departamento, Héctor Acosta, hizo lugar a ese pedido, en cuyo armado participaron ambos bandos de la política: peronistas y radicales.
El 3 de este mes, una visita de Jaque a San Rafael para discutir en la cámara local el decreto 699/2010 y luego repartir netbooks en una escuela marcó el inicio de la historia. En ese encuentro, el enojo de los empresarios locales derivó en una suerte de guiño del gobernador para encarar acciones aparte del planteo de inconstitucionalidad que ya había realizado el Poder Ejecutivo ante la Corte de la Nación.
Los miembros de la Cámara se quedaron pensando. Los asesores legales ya había indicado que un recurso de amparo planteado ante el juez Acosta podía resolverse en un plazo “más acotado” que la acción ante la Corte del Gobierno.
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El viernes, la decisión en San Rafael estaba tomada. Pero los dirigentes no quisieron saltarlo al gobernador. “Me parece extraordinario, háganlo”, respondió Jaque, cuando lo consultaron. Esa aprobación justificaría la conferencia de prensa que encabezó el secretario general de la Gobernación este jueves, después de conocido el fallo de Acosta en contra de la promoción: su cara de felicidad indicaba que la resolución, en buena medida, fue valorada como una victoria propia por el Poder Ejecutivo.
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Tanto Sanz como el secretario Cazabán son de San Rafael, más allá de estar en veredas opuestas de la política. Y a uno y a otro les reconocen participaciones importantes en la trama. Sanz mantuvo por lo menos una reunión con los dirigentes de la cámara para “aportar ideas”. Cazabán facilitó la sintonía con el gobernador.
Yendo un poco más allá, algunas fuentes sostienen que los conceptos del planteo judicial sanrafaelino que aceptó el juez Acosta trasuntan el pensamiento del senador radical. En especial, cuando señalan que Cristina de Kirchner se excedió en sus facultades cuando creó por decreto un “nuevo régimen de promoción industrial”, según afirmaciones de su escudero, el jefe de gabinete Aníbal Fernández.
La historia oficial dice que los asesores legales de la Cámara de San Rafael trabajaron todo el fin de semana pasado para que el recurso se pudiera presentar cuanto antes. Acosta, en efecto, lo recibió el lunes en su juzgado. Todo se hizo prácticamente en silencio, en medio de una estrategia que incluía tanto la celeridad como la discreción como premisas.
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No era la primera vez que el magistrado se metía con la promoción industrial.
El 6 de enero de 2004, el magistrado había fallado contra un decreto de necesidad y urgencia del entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner (1.295). Todos los actores de aquella experiencia fueron los mismos: también fue en esa oportunidad la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael la que accionó contra los privilegios impositivos de otras provincias.
Tiempo después, la Corte Suprema de la Nación dejó sin efecto el fallo de la Justicia de San Rafael. Aunque dicen en el departamento sureño que el juez no se queja tanto de aquel revés judicial, como de los vaivenes políticos de este tema. Más precisamente, del acuerdo entre Kirchner y Julio Cobos para construir el dique Portezuelo del Viento, a cambio de parar un juicio a la Nación por la promoción.
Volviendo al relato actual, uno de los datos que llaman la atención es que el intendente del departamento, Emir Félix; y su hermano Omar, diputado nacional del PJ, no tuvieron la participación en la presentación ante el juez Acosta que sí se evidenció en los casos de Jaque, Sanz y Cazabán.
No parece existir el mejor de los vínculos entre la Cámara de San Rafael y el municipio. Algunos dirigentes de la cámara incluso se quejan de que el intendente justicialista no les atiende el teléfono.
Pero Salafia, cuando fue consultado por MDZ, evitó alentar la división y se excusó en cuestiones de tiempo. “En realidad fue una cosa muy rápida. Lo decidimos el viernes y los abogados trabajaron todo el fin de semana parejito. Había que actuar rápido, contrarreloj, no nos podíamos quedar en discusiones”, explicó.
Casualidad o no, este martes, un día después de la presentación de la Cámara de Comercio ante el juez Acosta, el diputado nacional Félix metió un proyecto para derogar el decreto de la promoción en la Cámara Baja de la Nación.
Nadie quería quedarse atrás en el debate de la promoción y eso se notó en las expresiones unánimes de los legisladores nacionales por Mendoza de esta semana (salvando la solitaria oposición del hiperkirchnerista Jorge Alvaro).
Pero si algo metió vértigo en esta polémica fue el fallo de Acosta: horas después de que se conociera la decisión judicial, el jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, recibía al gobernador en la Casa Rosada.
“Eso es bárbaro”, dijo el bodeguero Salafia al conocer la noticia de la reunión con el jefe de gabinete. Sin duda, tanto los empresarios como los legisladores y funcionarios piensan ahora, más que nunca, que la salida al conflicto de la promoción es más política que de orden judicial.