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La industria del juicio en el Este disparó la reforma del Código Procesal Laboral

Jaque elevará a la Legislatura un proyecto para un nuevo compendio de procedimiento laborales. Así lo anunció Mario Adaro en una reunión en la que se analizó "la industria del juicio" que ocasionó serios problemas en la Zona Este. El objetivo es “darle mayor nivel de certeza al conflicto laboral”, dijo. Mirá los videos.
Zuccardi, Adaro, Granado y Sosa, durante la conferencia de prensa.
Zuccardi, Adaro, Granado y Sosa, durante la conferencia de prensa.

En unas dos semanas la Legislatura provincial recibirá, de parte del Gobierno, un proyecto que pretende reformar el actual Código Procesal Laboral provincial cuyo objetivo es allanar el camino a la Justicia para que no prospere la llamada “industria del juicio” que fue noticia hace un año y medio en la Zona Este.

En ese tiempo, más de 200 cartas documento que reclamaban indemnizaciones de empleados que nunca trabajaron para el Vivero Las Delicias, de la familia Massi, ocasionaron gran malestar en el sector vitivinícola, más allá de la empresa afectada, desnudando una catarata de demandas legales que fueron enmarcadas bajo el título de “la industria del juicio en Mendoza”.

Por ello es que la iniciativa del Gobierno provincial espera de esa forma cortar con la retroalimentación que actualmente cuenta el sistema legal “por las normas que hoy tenemos y las normas procesales. El Gobierno tiene un nuevo modelo de Código Procesal Laboral que ha sido elaborado por un conjunto de académicos muy importante de Mendoza, que ha tenido un proceso de consenso con cámaras empresarias y dirigentes sindicales y también con la Asociación de Magistrados de la Corte y en unos 15 días lo estaremos elevando a la Legislatura”, explicó el ministro de Gobierno, Mario Adaro.

El funcionario de Jaque además anunció que elevarán también una “nueva ley orgánica a la Subsecretaría de Trabajo donde los ejes son básicamente giran en torno de brindarle mayor certeza al conflicto laboral, tratar que el conflicto se resuelva en ámbito de negociación, que sea una composición de intereses entre los trabajadores y el sector empresario, entendiendo fundamentalmente que el mejor modo de proteger el derecho de los trabajadores es protegiendo también a sus empresas”, aclaró.

En ese sentido fundamentó que “el Gobierno tiene que intervenir evitando que circunstancias, a veces, rayanas con el delito hagan o atenten contra la inseguridad jurídica de las empresas, fundamentalmente con el accionar de abogados y de jueces que si bien no nos consta en elementos precisos, sabemos que necesariamente tienen que tener una participación”, completó.

Adaro reconoció que en la Zona Este se ha dado “una mayor captación de juicios en las empresas con un desarrollo de personal que va captando en las puertas de las industrias determinados punteros. También en la puerta del correo o muchas veces en otros lugares que hacen que se vayan generando esos sistemas de estudios jurídicos que tienen fondos suficientes para sostenerles el salario a los trabajadores. El problema es que sobre esos sistemas se montan reclamos ficticios o fantasmas de gente que no ha estado en relación de dependencia con las empresas que luego son demandadas legalmente”.

Por ello reconoció que “eso no es un incumplimiento que existe en el sector empresario sino un fraude delictivo que atenta contra las inversiones y básicamente contra el propio trabajo de los trabajadores”, dijo.

Los casos aludidos por el ministro de Gobierno apuntaron también directamente a los casos de los juicios por accidentes de trabajo en forma fraudulenta en el Gran Mendoza: “Según los distintos de delitos sin duda el agro es uno de los sectores más afectados. Pero también la industria tanto vitivinícola como agroalimentaria son generalmente sujetas a estos tipos de juicios cuando hay accidentes de trabajo. Obviamente por el tipo de trabajo, cuando se involucra maquinaria o industrialización, también se ha detectado en el pasado un montaje de industria del juicio sobre las ART. Por ello hay procesados en el Gran Mendoza tres abogados”.




La industria del juicio atenta contra la cultura del trabajo

Por su parte, el sector privado representado por José Alberto Zuccardi, uno de los dirigentes que se reunió con el Gobierno como parte de cuatro cámaras empresarias involucradas en el problema, manifestó que “de alguna manera este tipo de conductas, de fomentar la litigiosidad, de fabricar juicios, atenta contra algo más profundo que es la economía inmediata de las empresas que es la destrucción de la cultura del trabajo”, analizó.

En ese sentido reflexionó que “se fabrica una situación para enfrentar a los trabajadores con las empresas desconociendo que sin empresas no hay trabajadores y que sin la cultura del trabajo este desierto sería imposible de cultivar”.

Además criticó que la mentada industria del juicio en Mendoza “promueve un modelo productivo que no es el que la provincia desarrolló, que es un modelo participativo, con muchas personas involucradas, porque no hemos buscado un modelo mecanizado sin trabajadores y esto es un valor a la hora de vender a nuestros productos en el exterior”.

Enojado el empresario consideró que “vemos que hay profesionales que están buscando generar el conflicto y esto que aparentemente es en perjuicio de las empresas es absolutamente en contra de los mismos trabajadores y de la sociedad en su conjunto”, apuntó.