La llamativa intervención de Cazabán en la denuncia contra el presidente del Casino
En la investigación por administración fraudulenta contra el presidente del Instituto de Juegos y Casinos, Daniel Pereyra, hay un dato que liga directamente este caso con la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Alejandro Cazabán. La denuncia inicial, hecha en la Contaduría General de la Provincia, por el empleado del Instituto, Orlando Sánchez, estuvo un tiempo "desaparecida" porque alguien, en nombre de Cazabán, se la llevó al cuarto piso de Casa de Gobierno.
De todos modos, lo que no pudo recordar Cazabán, sí lo hizo el contador General de la Provincia. Le confirmó a este diario que, efectivamente, fueron reiterados los pedidos hechos desde la Fiscalía de Delitos Complejos para que se remitiera esa denuncia y que, esa demora, tuvo una sola justificación: estuvo trabada en la Secretaría General de la Gobernación.
“Sé que desde la Secretaría la pidieron en un momento, pero no sé para qué. Después la devolvieron y se la pudimos mandar a la Justicia”, aclaró Caviggia.
Daniel Pereyra ya fue notificado para declarar como imputado en la causa, pero nunca concurrió a la cita judicial. Actualmente, el expediente se encuentra en el Quinto Juzgado de Garantía, luego de ser enviado por la fiscal Claudia Ríos (reemplazante de Correa Llano) para que se resuelva un pedido de nulidad presentado por la defensa del presidente del Casino.
La investigación contra Pereyra surgió a partir de la contratación de publicidad que hizo el Instituto para figurar como auspiciante del Campeonato Argentino de Ajedrez, que se realizó el año pasado en Mendoza. Se otorgó a la Federación Mendocina de Ajedrez una suma cercana a los 50 mil pesos, justo en el momento en que Pereyra, además de ser titular del Casino, era presidente de la Federación Mendocina y vicepresidente de la Federación Argentina de ese deporte.
De acuerdo con la marcha del expediente, esta negociación incompatible estaría más que comprobada. El 5 de mayo del año pasado fue autorizada la entrega del dinero por parte del directorio del Casino, y recién un día más tarde se registró en Personas Jurídicas la renuncia de Pereyra al frente de la Federación Mendocina.
Además, salvo la solicitud de publicidad presentada en el Instituto de Juegos y Casinos, el resto de las notas enviadas a las empresas que oficiaron de auspiciantes fueron firmadas por él en calidad de presidente de la FAM.
Estas son algunas de las pruebas que se utilizaron para argumentar la imputación. Lo que no se entiende es por qué, hasta el momento, el gobierno no se ha manifestado al respecto. Y, especialmente, por qué la denuncia hecha por Orlando Sánchez en Contaduría –previa al inicio de la causa judicial- no fue girada a la Fiscalía de Estado para darle curso a una investigación, en principio, administrativa.
Lejos de eso, la única respuesta del gobierno sobre el tema fue una amenaza del subsecretario de Justicia, Sebastián Godoy Lemos, quien, a través de diario Uno, advirtió que denunciarían al ex fiscal Correa Llano por violación de secreto de sumario, aunque nada dijo del caso en sí.
Secretos o no, los datos del expediente judicial siempre se filtraron. Cuando realmente la causa estuvo bajo secreto de sumario, los abogados de Pereyra se las rebuscaron para obtener información del expediente y plantearon un conflicto de competencia porque, entendían, el caso no debía ser instruido por Correa Llano, y consideraban que el fiscal que debía entender en este tema era Daniel Carniello.
Correa Llano abrió una causa de oficio luego de la publicación de una nota en diario Los Andes. Carniello, en cambio, recibió unos días más tarde la denuncia hecha por Orlando Sánchez, que, esta vez, la presentó en la Justicia.
A partir de este planteo, un fiscal de Cámara le dio la razón a Correa Llano, quien siguió con el caso e imputó a Pereyra unos días antes de jurar como miembro de la flamante Cámara Penal de Apelaciones. No conformes, los representantes legales de Pereyra reiteraron su deseo de que el expediente pase al despacho de Carniello.
La denuncia hecha por el empleado del Instituto que actualmente trabaja en el Hipódromo, no se limitó solamente en la supuesta contratación irregular de publicidad entre el Instituto de Juegos y Casinos y la Federación Mendocina de Ajedrez. También hizo referencia a una serie de ascensos políticos y a la incorporación como “contratados” de personas que ingresaron a trabajar con cargos y sueldos altos y que no reunían las condiciones para ocupar esos puestos.
En lista de contratados aparece, por ejemplo, Gustavo Adaro (hermano del ministro de Gobierno Mario Adaro), quien percibe un sueldo de tres mil pesos por su puesto de “asesor”. Como éste, todos los contratos fueron aprobados por Alejandro Cazabán, responsable de dar el visto bueno para todas las incorporaciones que se hacen en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Estas averiguaciones, y todas las que se desprendieron de los allanamientos hechos por Correa Llano en la Federación Mendocina de Ajedrez y en la Federación Argentina fueron suspendidas momentáneamente. Hasta que el Juzgado de Garantías no resuelva, nada se sabrá de estas contrataciones ni del destino que finalmente tuvieron los 50 mil pesos dados por el Casino y los casi 60 mil que el gobierno mendocino otorgó de subsidio para el mismo evento.
Entre la documentación secuestrada en Buenos Aires, apareció una nota firmada por Daniel Pereyra como presidente de la FAM, donde informaba que el presupuesto para la realización del torneo era de 60 mil pesos. Pero según los informes finales, el costo ascendió a 110 mil pesos. ¿Por qué la diferencia? Precisamente, ese es uno de los motivos de la investigación.