Las irregularidades judiciales en la detención de los chicos sospechados de tirar la piedra
Antes de hacer el allanamiento, el fiscal ya sabía que eran menores, y aún así no le dio intervención a la Justicia Penal de Menores. Una vez detenidos, tampoco lo hizo. Los intereses del fiscal para ascender a la Fiscalía de Delitos Complejos y la necesidad de Ciurca de irse “triunfante” de Seguridad.
La detención de los tres chicos sospechados de haber tirado el piedrazo que provocó la muerte del empresario Juan Manuel Olmo, tuvo como eje el montaje de show mediático-policial efectista, que, precisamente, tuvo como finalidad mostrar la sagacidad de la fuerza que conduce Carlos Ciurca. Y en medio de los efectos especiales, con efectivos de Infantería, GES y el helicóptero dando vueltas por el cielo de La Carrodilla, se dejó de lado la legalidad de una medida que en las próximas horas comenzará a caerse.
En principio, no hubo argumento alguno para justificar el allanamiento nocturno. Ninguno de los tres chicos apuntados por la policía tiene antecedentes que sirvan para considerarlos de “alta peligrosidad”. Es más: quienes trabajan en la oficina fiscal de la zona aseguraron que jamás habían oído hablar de ellos.
El fiscal Fernando Giunta estaba al tanto de la situación. Pero no sólo conocía estos datos: también sabía -por la información recolectada gracias a los pagos que se realizaron a los informantes- que los chicos tenían entre 12 y 14 años, que eran inimputables y que, por una cuestión legal, debía apartarse de la causa y darle aviso a la Justicia Penal de Menores.
Giunta se guardó esa información, siguió adelante con la causa y convenció al juez de Garantías para que autorizara el allanamiento. Los motivos se explican con facilidad. En los últimos meses, el fiscal y el ministro de Seguridad lograron hacer buenas migas. A tal punto, que Giunta, un fiscal con poca experiencia, comenzó a sonar como reemplazante de Eduardo Martearena en la Fiscalía de Delitos Complejos, si es que Martearena asciende a camarista.
La detención de quienes tiraron la piedra a Olmo le daba, de este modo, el piné necesario a Giunta para mostrar su efectividad y, obviamente, era una batalla política ganada por Ciurca, cada vez más cerca de abandonar Seguridad para irse al Ministerio de Gobierno.
Una vez en la Oficina Fiscal de La Carrodilla, los chicos “confesaron” según aseveró la dupla Ciurca-Giunta.
Nada de lo que puedan haber dicho es legal o genuino. Más allá de que los padres estaban en el lugar, se tendría que haber remitido automáticamente la causa al juez Penal de Menores o, en caso extremo, solicitar la presencia del abogado defensor de menores o de un asesor legal. Nada de eso se hizo, a pesar de que para ese entonces ya se sabía fehacientemente las edades de los detenidos.
Como si fuera poco, en medio de la polémica, apareció una ola de rumores sobre el destino para esta causa de algunos fondos de la cuenta para gastos reservados es cada vez más grande. No es un hecho menor. Se trata de dinero en negro que maneja el gobierno porque no está obligado a decir para qué lo utiliza; y mucho menos, tener comprobante de esos gastos. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que en este caso no pagó ni un peso porque no hizo falta y que los testigos se presentaron espontáneamente.
Giunta decidió tomar declaración informativa para obtener los testimonios que ya sabía que iba a tener. Se trató del relato de tres chicos de entre 12 y 14 años, quienes en ningún momento reconocieron la intencionalidad de matar. Si fueron ellos los que tiraron la piedra, lo hicieron sin saber la tragedia que iban a causar. El fiscal, en cambio, sabía que lo que hacía, estaba viciado de nulidad.
Una vez en la Oficina Fiscal de La Carrodilla, los chicos “confesaron” según aseveró la dupla Ciurca-Giunta.
Nada de lo que puedan haber dicho es legal o genuino. Más allá de que los padres estaban en el lugar, se tendría que haber remitido automáticamente la causa al juez Penal de Menores o, en caso extremo, solicitar la presencia del abogado defensor de menores o de un asesor legal. Nada de eso se hizo, a pesar de que para ese entonces ya se sabía fehacientemente las edades de los detenidos.
Como si fuera poco, en medio de la polémica, apareció una ola de rumores sobre el destino para esta causa de algunos fondos de la cuenta para gastos reservados es cada vez más grande. No es un hecho menor. Se trata de dinero en negro que maneja el gobierno porque no está obligado a decir para qué lo utiliza; y mucho menos, tener comprobante de esos gastos. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que en este caso no pagó ni un peso porque no hizo falta y que los testigos se presentaron espontáneamente.
Giunta decidió tomar declaración informativa para obtener los testimonios que ya sabía que iba a tener. Se trató del relato de tres chicos de entre 12 y 14 años, quienes en ningún momento reconocieron la intencionalidad de matar. Si fueron ellos los que tiraron la piedra, lo hicieron sin saber la tragedia que iban a causar. El fiscal, en cambio, sabía que lo que hacía, estaba viciado de nulidad.