Yo te espío, tú me espías, él me espía, nosotros espiamos, vosotros espiáis, ellos espían
Un nuevo nombre propio repica en los medios de comunicación sin que sepamos a ciencia cierta de quién se trata y por qué suena tanto: Ciro James, o “sheims”, como lo pronuncian los porteños.
Se trata de un ex policía federal que fue contratado por el gobierno porteño y al que se lo acusa de espionaje. Nos remite –ayudado por el nombre- más a una cosa que pasa en una película que en la política o en el seno de la institucionalidad democrática.
Pero ese no es el tema. Por lo menos, no es Ciro James el objeto de esta columna.
Lo es su “rubro” laboral: la Argentina se ha convertido en eternometraje de espionaje y misterio, en donde no faltan buenos y malos; buenos que no resultan ser tales y malos que son peores de lo que parecen.
Ya hace un tiempo, a poco de partir del seno del poder kirchnerista, el ex Jefe de Gabinete y operador Alberto Fernández dijo que le escuchaban sus conversaciones. Especificó que lo hacían desde el propio Gobierno del que acababa de autoeyectarse. No pasó nada.
Antes, habían fisgoneado a la ministra de Defensa, Nilda Garré, pero desde la propia Armada. Eso desencadenó una serie de reformas y sanciones. Pero, hay que decirlo, como que de los militares algo así “era esperable”.
En donde no hay sanciones y esas prácticas dejan de parecer de la dictadura es el centro de la vida política: casi a diario circulan versiones que jamás son desmentidas en torno al acecho de las conversaciones ajenas desde la más oscura orilla de la ley.
Lo sabemos: lo dicen los medios y hasta algunos se atreven a confiar en la justicia, llevando hasta sus despachos sus casos particulares. Pero no hay caso, ya nada nos sorprende tremenda ilegalidad.
Todos parecen estar bastante al tanto de lo que hacen, hablan, opinan, planifican, comen y hasta llevan a su lecho de amor sus contrarios.
Hoy fue la ex ministra de Salud Graciela Ocaña quien salió a denunciar que la escuchan, le mandan correos electrónicos intimidatorios y que se la tienen prometida a quienes, fieles a ella, investigan la mafia de los medicamentos.
Ayer, el ex presidente por un día y ex gobernador misionero, Ramón Puerta, lo denunció en TV: “Me escuchan las conversaciones hasta con mi vieja, las graban y las suben a Internet”, dijo.
Antes, Francisco de Narváez y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, habían dicho que les interferías sus correos electrónicos.
Planteadas como están las cosas, la sensación es que en la Argentina no hay quien ponga orden en esta materia. Por ello, se genera algo peor: la moda del espionaje que, ayudada por los recursos tecnológicos disponibles con facilidad, facilita una vindicación del accionar de las épocas de la dictadura que genera oferta y demanda, escuchas y contraescuchas.
Una ausencia de garantías para vivir en libertad, sin precedentes en tiempos democráticos, aunque cabe recordar que en Mendoza , el D2 de la Policía estuvo activo hasta un año antes de que Arturo Lafalla concluyera su mandato, en 1998.
Lo que hoy signa al país ocurre, justamente, en medio de un gobierno que se llena la boca reinvindicando los derechos individuales y que se dice -tan solo se dice- reparador de los daños de la tétrica dictadura.
No hay en quien respaldarse ni institución en la que refugiarse, esta vez.
Antes, habían fisgoneado a la ministra de Defensa, Nilda Garré, pero desde la propia Armada. Eso desencadenó una serie de reformas y sanciones. Pero, hay que decirlo, como que de los militares algo así “era esperable”.
En donde no hay sanciones y esas prácticas dejan de parecer de la dictadura es el centro de la vida política: casi a diario circulan versiones que jamás son desmentidas en torno al acecho de las conversaciones ajenas desde la más oscura orilla de la ley.
Lo sabemos: lo dicen los medios y hasta algunos se atreven a confiar en la justicia, llevando hasta sus despachos sus casos particulares. Pero no hay caso, ya nada nos sorprende tremenda ilegalidad.
Todos parecen estar bastante al tanto de lo que hacen, hablan, opinan, planifican, comen y hasta llevan a su lecho de amor sus contrarios.
Hoy fue la ex ministra de Salud Graciela Ocaña quien salió a denunciar que la escuchan, le mandan correos electrónicos intimidatorios y que se la tienen prometida a quienes, fieles a ella, investigan la mafia de los medicamentos.
Ayer, el ex presidente por un día y ex gobernador misionero, Ramón Puerta, lo denunció en TV: “Me escuchan las conversaciones hasta con mi vieja, las graban y las suben a Internet”, dijo.
Antes, Francisco de Narváez y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, habían dicho que les interferías sus correos electrónicos.
Planteadas como están las cosas, la sensación es que en la Argentina no hay quien ponga orden en esta materia. Por ello, se genera algo peor: la moda del espionaje que, ayudada por los recursos tecnológicos disponibles con facilidad, facilita una vindicación del accionar de las épocas de la dictadura que genera oferta y demanda, escuchas y contraescuchas.
Una ausencia de garantías para vivir en libertad, sin precedentes en tiempos democráticos, aunque cabe recordar que en Mendoza , el D2 de la Policía estuvo activo hasta un año antes de que Arturo Lafalla concluyera su mandato, en 1998.
Lo que hoy signa al país ocurre, justamente, en medio de un gobierno que se llena la boca reinvindicando los derechos individuales y que se dice -tan solo se dice- reparador de los daños de la tétrica dictadura.
No hay en quien respaldarse ni institución en la que refugiarse, esta vez.
El autor: Gabriel Conte es periodista, editor de MDZ. Facebook.com/Gabrielconte. En Twitter: gabriel_conte