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En una encuesta, Jaque se enfrentó con los organismos de DD.HH.
Se trata de un estudio pedido por el gobierno para saber el grado de aceptación a la ley para restringir las excarcelaciones. La postura del mandatario y la de los organismos de DDHH están puestas como antagónicas. Lo llamativo fue que, además de estar divididos por edad, sexo y nivel socioeconómico, los encuestados fueron clasificados por religión.
Todo indica que, asediado por la ola de delitos, el Gobierno provincial decidió instalar en su agenda un debate falaz que considera el concepto de “seguridad” como una idea antagónica al respeto por los Derechos Humanos.
En una encuesta pedida por el Poder Ejecutivo se hizo hincapié en las críticas hechas por diferentes representantes de organizaciones de DDHH en contra del proyecto oficial para endurecer el régimen de excarcelaciones. Y la consigna fue concreta: la gente tuvo que contestar si coincidía con el gobernador o con instituciones como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), de donde enviaron cartas dirigidas a las presidente de la Nación, Cristina Fernández, para alertar sobre el riesgo potencial de que Argentina sufra una sanción internacional por culpa de las reformas legislativas impulsadas en Mendoza y que van en contra de los mandatos constitucionales.
“Los de los derechos humanos protegen a los delincuentes y asesinos”, es una de las frases repetidas con insistencia por quienes brindaron su apoyo a Jaque.
Del otro lado, intentaron ser menos drásticos, y sugirieron que los consejos de estos organismos deben ser tenidos en cuenta porque son los únicos “que tienen una visión más amplia del problema”.
El estudio, en sí, le dio la derecha a Jaque. El 71 por ciento de los encuestados dijo que están de acuerdo con la postura adoptada por el gobernador. Y es el mismo porcentaje de personas que confía en que, a partir de esta nueva ley, se notará una considerable reducción de delitos.
“Ya era hora de que Jaque actuara”, mencionaron algunos entrevistados. “Que le den trabajo y educación a la gente y eso va a disminuir el delito”, reclamaron otros, al punto que advirtieron que “esta no es la forma de atacar y disminuir el delito”.
Un dato que sorprende es que dentro del universo de encuestados se haya hecho una diferenciación por edad, sexo, nivel socioeconómico y… religión. Esta última categoría no suele aparecer en este tipo de encuestas de opinión, y tampoco se sabe concretamente cuál es el objetivo de contar con esta información. De todas las religiones, se destacan sólo dos: católicos y evangelistas. El resto está agrupado en una categoría denominada “otras religiones” o ateos.
El 84 por ciento de los encuestados por el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) se manifestó a favor de la idea de llevar a la cárcel a aquellas personas que estén imputadas en más de dos causas con penas mínimas de tres años, a pesar de que no exista condena. Este es, precisamente, el cuestionamiento más importante que se le hace al emprendimiento oficial. Si esto ocurre, se viola sistemáticamente el principio de libertad e inocencia contemplado por la Constitución y por los Pactos Internacionales que tienen rango constitucional.
Una cantidad similar también acompañó la idea de bajar la edad de imputabilidad, para que los chicos que cometan algún ilícito puedan ser juzgados a partir de los 14 años y no de los 16, como indica la normativa nacional vigente.
“Ya era hora de que Jaque actuara”, mencionaron algunos entrevistados. “Que le den trabajo y educación a la gente y eso va a disminuir el delito”, reclamaron otros, al punto que advirtieron que “esta no es la forma de atacar y disminuir el delito”.
Un dato que sorprende es que dentro del universo de encuestados se haya hecho una diferenciación por edad, sexo, nivel socioeconómico y… religión. Esta última categoría no suele aparecer en este tipo de encuestas de opinión, y tampoco se sabe concretamente cuál es el objetivo de contar con esta información. De todas las religiones, se destacan sólo dos: católicos y evangelistas. El resto está agrupado en una categoría denominada “otras religiones” o ateos.
El 84 por ciento de los encuestados por el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) se manifestó a favor de la idea de llevar a la cárcel a aquellas personas que estén imputadas en más de dos causas con penas mínimas de tres años, a pesar de que no exista condena. Este es, precisamente, el cuestionamiento más importante que se le hace al emprendimiento oficial. Si esto ocurre, se viola sistemáticamente el principio de libertad e inocencia contemplado por la Constitución y por los Pactos Internacionales que tienen rango constitucional.
Una cantidad similar también acompañó la idea de bajar la edad de imputabilidad, para que los chicos que cometan algún ilícito puedan ser juzgados a partir de los 14 años y no de los 16, como indica la normativa nacional vigente.