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Presión en el Senado para que el Ejecutivo informe cuánto dinero gasta en publicidad
La senadora del ARI Alejandra Naman reflotó un proyecto de resolución para que el gobierno cumpla con la ley que lo obliga a enviar cada dos meses el detalle de la pauta de la publicidad oficial. El vicegobernador Cristian Racconto no respondió un pedido de acceso a la información pública sobre el tema recibido en abril pasado.
Además de la negativa del Poder Ejecutivo para dar a conocer el presupuesto que destina a la publicidad oficial, en la Legislatura mendocina se observan comportamientos que también van en contra de lo que establece la ley provincial 6.496, que obliga al gobierno a presentar informes bimestrales con el detalle discriminado sobre cuánto, a quién y por qué se pagó dinero en concepto de pauta publicitaria.
El 22 de mayo de este año, y luego de que desde la administración Jaque solicitarán una ampliación presupuestaria para publicidad, la senadora provincial por el ARI, Alejandra Naman, presentó un proyecto de resolución para que la Cámara Alta instara al Ejecutivo a enviar los informes correspondientes. La propuesta de Naman no tuvo eco y duerme en el Senado.
No es la primera vez que esto ocurre. Un mes antes, el vicegobernador y titular del Senado, Cristian Racconto, recibió un pedido de acceso a la información pública que jamás respondió.
“La publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población. Su propósito es: difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales; promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia para la ciudadanía”.
”La producción y asignación de publicidad oficial debe regirse por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos”, reza el proyecto. Y se desliza la posibilidad de que, si no existen tales virtudes, es porque el gobierno está abusando de ese dinero para fines estrictamente políticos.
Si esto fuese así, el Ejecutivo estaría condicionando al funcionamiento democrático de los medios de comunicación, afectados por la situación económica y, a veces, dependientes financiera y editorialmente de los ingresos que perciben bajo la figura de pauta oficial.
En otras palabras: cuando el manejo de la pauta no es público se convierte en un mecanismo de presión, de censura y de violación a la libertad de expresión.
Naman justificó su pedido a partir de la necesidad de saber fehacientemente cuánto dinero estaba invirtiendo Celso Jaque en su política de comunicación.
“Desde que pidieron más fondos para publicidad, comencé a guardar todos los recortes de pauta que aparecieron en los medios. Y la idea es hacer cumplir la ley 6.496”, afirmó la senadora. El proyecto, por su naturaleza, fue mal visto en las huestes oficialistas.
En la Casa de Gobierno, la cifra que se paga por mes a los medios de comunicación se convirtió en un secreto de Estado. Se estima que el monto anual rondará los 40 millones de pesos -la misma cantidad que se le pidió la Nación para seguridad-, aunque desde la Coordinación de Comunicación Social y desde la Secretaría General de la Gobernación se niegan a mostrar la documentación en la que están registrados estos movimientos contables y que, por decreto, deberían tener actualizados; tanto de la Administación Central como lo de los órganos descentralizados.
La negativa se convirtió en silencio cuando los responsables de estas áreas (Lautaro Vicario y Alejandro Cazabán, respectivamente) omitieron contestar otro pedido formal de acceso de la información presentado por escrito en abril de este año.
“No, no pensamos mostrar esos datos”, fue la única respuesta informal y oral dada por un funcionario.
Si esto fuese así, el Ejecutivo estaría condicionando al funcionamiento democrático de los medios de comunicación, afectados por la situación económica y, a veces, dependientes financiera y editorialmente de los ingresos que perciben bajo la figura de pauta oficial.
En otras palabras: cuando el manejo de la pauta no es público se convierte en un mecanismo de presión, de censura y de violación a la libertad de expresión.
Naman justificó su pedido a partir de la necesidad de saber fehacientemente cuánto dinero estaba invirtiendo Celso Jaque en su política de comunicación.
“Desde que pidieron más fondos para publicidad, comencé a guardar todos los recortes de pauta que aparecieron en los medios. Y la idea es hacer cumplir la ley 6.496”, afirmó la senadora. El proyecto, por su naturaleza, fue mal visto en las huestes oficialistas.
En la Casa de Gobierno, la cifra que se paga por mes a los medios de comunicación se convirtió en un secreto de Estado. Se estima que el monto anual rondará los 40 millones de pesos -la misma cantidad que se le pidió la Nación para seguridad-, aunque desde la Coordinación de Comunicación Social y desde la Secretaría General de la Gobernación se niegan a mostrar la documentación en la que están registrados estos movimientos contables y que, por decreto, deberían tener actualizados; tanto de la Administación Central como lo de los órganos descentralizados.
La negativa se convirtió en silencio cuando los responsables de estas áreas (Lautaro Vicario y Alejandro Cazabán, respectivamente) omitieron contestar otro pedido formal de acceso de la información presentado por escrito en abril de este año.
“No, no pensamos mostrar esos datos”, fue la única respuesta informal y oral dada por un funcionario.