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El gobierno discutió la posible suspensión de los servicios extraordinarios de la policía
Fue uno de los temas que se hablaron en la primera reunión de trabajo del pacto social de seguridad. Los ministros Juan Marchena y Carlos Ciurca, se reunieron con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria. No hubo avances concretos, pero uno de los ejes de discusión fue como fortalecer el trabajo de la policía.
El Gobierno formalizó hoy la primera reunión de trabajo en el marco del pacto de seguridad y se entrevistó por más de dos horas con los principales referentes de los partidos políticos provinciales.
Durante el encuentro, un tema que fue obviado por Celso Jaque en su discurso del viernes pasado fue plantado por casi todos los dirigentes opositores: fortalecer el trabajo de la policía.
En ese sentido se habló, entre otros aspectos, de eliminar gradualmente los servicios extraordinarios que en la actualidad cumple prácticamente la mitad de los efectivos y que no son otra cosa que horas extras que cumplimentan los policías para el sector privado para poder sumar algunos pesos más a sus sueldos.
Uno de los que habló de este tema al final del encuentro, que comenzó pasadas las 12 y que culminó casi cerca de las 15, fue el ex vicegobernador y representante de la Concertación, Juan Carlos Jaliff.
“Hay más o menos acuerdo de suspender estos servicios extraordinarios, pero hay que ver con qué se reemplazan”, sostuvo el ex titular del INV.
Marchena, por su lado, aseguró que "el Ejecutivo ha recibido la inquietud de las distintas fuerzas políticas que coinciden con la necesidad de terminar gradualemente con los servicios extraordinarios. Vamos a trabajar en ese sentido con en proyecto de ley, pero eso significa mayores recursos". El funcionario, delizó que desde la Nación hay un compromisos de fondos destinados a la seguridad que podrían ser aplicados a este fin.
Según cálculos legislativos en la actualidad se especula que unos 2.500 efectivos (de un total de 5.000) cumplen con tareas extraordinarias y que perciben en total unos $78 millones.
La medida, si se concreta, podría generar malestar dentro de la fuerza si no se la reemplaza por un aporte estatal de la misma magnitud. Y ese es uno de lo puntos que traba su aplicación, que ya fue barajada por ministros de Seguridad en gestiones anteriores.
El encuentro con los partidos junto a cuatro ministros del gabinete, Juan Marchena, carlos Ciurca, Iris Lima y Silvia Ruggeri, con los titulares de los partidos con representación parlamentaria. A la convocatoria del gobierno acudieron, además de Jaliff por la Concertación, Omar De Marchi (PD), Carlos Le Donne (UCR), Ricardo Puga (Todos) y Alejandra Naman (ARI).
La reunión estuvo teñida de fuerte contenido político ya que se llevó a cabo solo minutos después de que renunciaran todos los funcionarios del Ejecutivo vinculados a los Derechos Humanos.
El titular del Partido Demócrata, fue uno de los que más criticó la convocatoria: “Yo no diría que no se avanzó, pero no hubo nada importante. El gobierno prefirió escuchar. El peligro es que se transforme esto en una especie de terapia comunitaria”, lanzó el diputado nacional.
El resto, en líneas generales, se mostró partidario de respaldar el gobierno, más allá de que hoy no se registraron avances concretos.
Además de la posible suspensión de los servicios extraordinarios de la policía, la clase política habló de apurar la ley de excarcelaciones que está bajo tratamiento legislativo y se discutió la situación de la Justicia: de unas 145.000 causas que se tramitaron en el 2006, sólo el 3% tuvo resolución procesal, fue uno de los temas que se lanzaron sobre la mesa.
El radicalismo, por su parte, basó su propuesta en un amparar la política de seguridad en los resortes que ya existen como el Consejo Asesor de Seguridad, la Bicameral o la Inspección General.
El Ejecutivo escuchó los aportes de la oposición y se comprometió a que, en el plazo de una semana a más tardar, enviará los lineamientos generales de su plan para combatir el delito. Para la semana próxima se preve otro encuentro entre Marchena y los partidos.
Marchena, por su lado, aseguró que "el Ejecutivo ha recibido la inquietud de las distintas fuerzas políticas que coinciden con la necesidad de terminar gradualemente con los servicios extraordinarios. Vamos a trabajar en ese sentido con en proyecto de ley, pero eso significa mayores recursos". El funcionario, delizó que desde la Nación hay un compromisos de fondos destinados a la seguridad que podrían ser aplicados a este fin.
Según cálculos legislativos en la actualidad se especula que unos 2.500 efectivos (de un total de 5.000) cumplen con tareas extraordinarias y que perciben en total unos $78 millones.
La medida, si se concreta, podría generar malestar dentro de la fuerza si no se la reemplaza por un aporte estatal de la misma magnitud. Y ese es uno de lo puntos que traba su aplicación, que ya fue barajada por ministros de Seguridad en gestiones anteriores.
El encuentro con los partidos junto a cuatro ministros del gabinete, Juan Marchena, carlos Ciurca, Iris Lima y Silvia Ruggeri, con los titulares de los partidos con representación parlamentaria. A la convocatoria del gobierno acudieron, además de Jaliff por la Concertación, Omar De Marchi (PD), Carlos Le Donne (UCR), Ricardo Puga (Todos) y Alejandra Naman (ARI).
La reunión estuvo teñida de fuerte contenido político ya que se llevó a cabo solo minutos después de que renunciaran todos los funcionarios del Ejecutivo vinculados a los Derechos Humanos.
El titular del Partido Demócrata, fue uno de los que más criticó la convocatoria: “Yo no diría que no se avanzó, pero no hubo nada importante. El gobierno prefirió escuchar. El peligro es que se transforme esto en una especie de terapia comunitaria”, lanzó el diputado nacional.
El resto, en líneas generales, se mostró partidario de respaldar el gobierno, más allá de que hoy no se registraron avances concretos.
Además de la posible suspensión de los servicios extraordinarios de la policía, la clase política habló de apurar la ley de excarcelaciones que está bajo tratamiento legislativo y se discutió la situación de la Justicia: de unas 145.000 causas que se tramitaron en el 2006, sólo el 3% tuvo resolución procesal, fue uno de los temas que se lanzaron sobre la mesa.
El radicalismo, por su parte, basó su propuesta en un amparar la política de seguridad en los resortes que ya existen como el Consejo Asesor de Seguridad, la Bicameral o la Inspección General.
El Ejecutivo escuchó los aportes de la oposición y se comprometió a que, en el plazo de una semana a más tardar, enviará los lineamientos generales de su plan para combatir el delito. Para la semana próxima se preve otro encuentro entre Marchena y los partidos.