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Carlos Ciurca, contra los fantasmas de la Reforma Policial
El ministro de Seguridad tuvo que romper el molde y anunciar a los cuatro vientos que tiene efectivos corruptos dentro de su tropa. Es la primera vez que esta acusación se hace explícita desde aquella movida iniciada a fines de los '90 por el actual secretario de la Gobernación, Alejandro Cazabán.
Carlos Ciurca se vio acorralado. Y se dio cuenta de que la única solución era romper el molde; salir de la postura clásica en la que encuadran los ministros de Seguridad y enfrentar la realidad: tiene una tropa contaminada, con efectivos que hacen lo posible por desprestigiar a la fuerza y que no tendrían el menor reparo en disparar contra un compañero con tal de dejar un delito impune.
Desde que Alejandro Cazabán propuso la reforma, luego de la revuelta policial de 1998, ningún funcionario se había animado a enfrentar al uniforme azul. Temían que, como dicen en la jerga policial, le tiraran un cadáver en el escritorio, cuyo costo político no era otro que abandonar el cargo.
Algo de eso ocurre por estos días. Pero no porque la idea sea desestabilizar al actual ministro. La cosa no sería con Ciurca. A diez años de aquella movida, todavía hay quienes no digieren que Cazabán haya vuelto a Casa de Gobierno.
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Ciurca entendió que la situación se desbordó. No sólo debe velar por cumplir con las mesiánicas promesas de seguridad del gobernador Celso Jaque, sino que debe enfrentarse a una institución donde el corporativismo es regla y donde quienes pretenden denunciar actos de corrupción son considerados traidores.
La fuga de los seis sujetos que estaban detenidos en Contraventores va más allá de quienes, en el juego de poli-ladron, permitieron la liberación de los delincuentes. Encuentren o no a los responsables uniformados del escape, está claro que el golpe fue planificado para cumplir dos premisas bien definidas: por un lado, evitar que la investigación avance y se pueda desenmascarar a los efectivos que apoyaron a quienes asaltaron el camión blindado; por el otro, pegarle al Ministerio donde más duele y potenciar la imagen de inoperancia instalada en la opinión pública.
Quienes siguieron de cerca el trabajo detectivesco en el caso del asalto al camión del Banco Regional saben que, como pocas veces, se realizó una tarea bien programada. Se avanzó a conciencia, hasta lograr el allanamiento y las detenciones del jueves pasado.
Ciurca y su gente mostraron orgullosos el desfile de los sospechosos esposados, sin imaginar que ese escenario triunfante se convertiría, en cuestión de horas, en un papelón con el advenimiento de una fuga que, más allá de los toques de color cinematográfico, es inexplicable.
La policía está dividida; no sólo entre buenos y malos; también están aquellos que no entendieron el funcionamiento institucional de cada división del Ministerio. A saber: unos minutos después de concretado el allanamiento que desbarató a la banda del blindado, aparecieron agentes de la Dirección de Inteligencia que todavía no comprendieron que el objetivo de ese organismo es preventivo y no represivo. Aún así, contaban con datos concretos y con un testigo de identidad reservada, que tan protegido estaba, que ni los funcionarios judiciales sabían de su existencia.
Con este panorama -y sin buscarlo-, Jaque y su administración se encuentran frente a una posibilidad concreta. Si tiene voluntad política, el episodio de los fugados puede ser el punto de partida para un saneamiento profundo de la Policía; la oportunidad de capitalizar aquella reforma que alguna vez soñó su secretario de Gobierno.
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