Gastos en publicidad: el secreto mejor guardado del gobierno de Mendoza

El Poder Ejecutivo de Mendoza no cumplió ni cumple con lo establecido por la ley provincial 6.496, vigente desde el 27 de mayo de 1997. Se trata de la norma que establece que el gobierno debe presentar cada dos meses un informe detallado sobre los gastos realizados en concepto de publicidad, promoción, donación y subsidios realizados durante ese período. Es la herramienta legal que hace explícita la necesidad de dar transparencia al manejo de los fondos públicos destinados a la publicidad. Y al no haber registro de esos informes, se desconoce por completo qué criterio utiliza el gobierno para hacer estos aportes; situación que abre la puerta a especulaciones sobre el uso de este dinero para presiones políticas y para castigar o premiar a los medios, según la línea editorial que tengan, hasta convertirse en una forma de censura indirecta.

Esta violación a la ley no es exclusividad del gobierno de Celso Jaque: las administraciones anteriores tampoco cumplieron con la normativa. Salvo los informes presentados durante el mandato de Arturo Lafalla, los registros que existen en la Secretaría Legal y Técnica son escasos y no responden a la totalidad de los requisitos que establece la 6.496.

“A veces pautamos en 75 medios diferentes por día y explicarlo con el detalle que se solicita es imposible”, explicó un funcionario.

Durante los gobiernos de Julio Cobos y Roberto Iglesias, si bien existieron informes parciales e informales cada cuatro, cinco o seis meses, las exposiciones más completas coincidieron con rendiciones de cuentas pedidas por legisladores luego de algún sismo político ventilado en los medios de comunicación.

Se estima que, para este año, el gobierno presupuestó aproximadamente 40 millones de pesos para invertir en comunicación, publicidad y propaganda. A eso hay que agregarle el refuerzo de 4 millones aprobado en la Legislatura, sin que nadie advirtiera que el Ejecutivo no había rendido cuenta sobre los desembolsos anteriores.

En total, el gobierno destinaría casi el doble de lo gastado en 2007 por la gestión de Julio Cobos en un año electoral: 21.017.557 pesos, según la información obtenida por este diario. Del mismo modo, otras fuentes consultadas aseguraron que, a ese número, hay que agregarle 7 millones de pesos más, pero que no fueron facturados como gastos de publicidad.

Entre 2003 y 2005, el Poder Ejecutivo utilizó alrededor de 12 millones de pesos anuales en pauta publicitaria; muy por encima del fuerte recorte que hubo en 2002, con un poco menos de 3 millones y medio de pesos.

El año pasado, el gasto publicitario estuvo seis millones de pesos por encima del presupuesto 2006, cuando el Ejecutivo pagó 15.377.156 pesos para publicitar y difundir sus actos. Ese aumento coincidió, de acuerdo con el testimonio de fuentes consultadas, a una suba del 40 por ciento en el tarifario de los principales medios de comunicación de Mendoza.

De ese total, se calcula que el 10 por ciento se destina a la producción publicitaria. Se trata de contrataciones directas, y se recomienda evaluar la mejor oferta entre tres presupuestos, además de tener en cuenta, especialmente, los antecedentes de las agencias. Por eso muchas productoras miran con recelo el vínculo entre el gobierno y la agencia Neuro, creada sólo dos días después de la asunción de Jaque como gobernador. Algunos publicistas afirman que su presencia en el mercado era completamente desconocida para, de pronto, llevarse la mayor parte de los trabajos del Ejecutivo. Por caso, hubo licitaciones ganadas por otras agencias  y que, a pesar de ello, recién se adjudicaron con 60 días de demora y estuvieron a punto de caerse.

Sin respuestas
En abril de este año ingresó a la Legislatura y a la Casa de Gobierno un pedido formal de acceso de la información pública patrocinado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y por la Red Lationamericana de Periodista por Acceso a la Información, para conocer los costos que el Estado provincial emplea en concepto de pauta publicitaria. Después de cuatro meses, ninguno de los pedidos tuvo respuesta.

Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores y la Coordinación de Comunicación Social de la gobernación se negaron a contestar la solicitud, que estuvo fundamentada y amparada en las diversas declaraciones y tratados internacionales sobre el acceso a la información que tienen rango constitucional en Argentina.

De acuerdo con la ley 6.496, no sólo es obligación de la Administración Central brindar esa información: también alcanza a todos los organismos descentralizados y empresas estatales o con mayoría accionaria estatal. Lo cierto es que el 10 de agosto venció el plazo para presentar el cuarto informe desde que Celso Jaque asumió al frente del Ejecutivo. De los tres anteriores no hay registros.

La responsabilidad directa recae sobre el coordinador de Comunicación del Gobierno, quien, según el decreto 08 publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2001, debe “dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 6.496”. La Coordinación de Comunicación Social depende directamente de la Secretaría General de la Gobernación.

Ni el coordinador de Comunicación, Lautaro Vicario, ni el secretario de Gobierno, Alejandro Cazabán, ni el vicegobernador, Cristian Racconto, dieron una argumentación concreta sobre el porqué de la negativa de brindar información pública. En la práctica, la ejecución de este presupuesto estaría a cargo de uno de los principales asesores de Celso Jaque: el sanjuanino Raúl Leiva.

La excepción estuvo en Diputados. Aunque lo hizo cuatro meses más tarde, el presidente de la cámara, Jorge Tanús, contestó el pedido con la entrega de las copias de los informes bimestrales enviados por el Ejecutivo en el marco de la ley 6.496. Pero a pesar de la respuesta de Tanús, nada puede saberse del detalle de los gastos en concepto de pauta: los datos enviados desde Casa de Gobierno son incompletos y se limitan sólo a descripción de los aportes hechos en concepto de “subsidios”.

“Hacer públicos estos datos es el primer paso para poder controlar y transparentar cómo es el manejo de esos fondos y cómo es su distribución”, afirmó Eleonora Rabinovich, del área de Libertad de Expresión de la ADC, que recientemente publicó el informe “El precio del silencio”, sobre los abusos de fondos públicos para la manipulación de medios de comunicación.
El año pasado, en un caso similar, la Justicia neuquina falló en contra del gobierno de esa provincia por negarse a difundir los números de la pauta oficial.

El pedido de informe hecho hace unos días por el senador demócrata Carlos Aguinaga para que se conozcan los detalles de los gastos de pauta oficial –y la oposición mostrada por los justicialistas Luis Ruzo y Miguel Serralta-, es una muestra cabal de que los legisladores no conocen la ley 6.496 o no tienen en cuenta su contenido.

En condiciones normales, desde la Legislatura no deberían hacer un pedido de informe. Es responsabilidad del Ejecutivo enviar una planilla donde aparezcan registrados los montos pagados por publicidad y cuáles fueron las agencias y los medios de comunicación que recibieron esos recursos, y hasta “una copia de la resolución por la que se autorizó el gasto respectivo”, reza la ley. Y si bien se trata de información pública, por ahora, la pauta sigue siendo un secreto de Estado.