Un puñado de viejas medidas que van detrás del delito
Celso Jaque apostó a la puesta en escena. Manejó los tonos, se enojó, se enfureció y amenazó a los delincuentes de la provincia con ir a buscarlos. Pero se quedó sin libreto cuando el hermano del joven asesinado la semana pasada en la Cuarta Sección arremetió en medio del acto y lo increpó. Jaque no estaba preparado para eso. Y tampoco estuvo preparado para dar respuestas concretas a las demandas del joven: por eso intentó pasar el momento con un abrazo, como quien sólo puede atinar a dar un pésame. No más que eso.
Jaque aseguró una y otra vez que él es el gobernador; más que nada, para convencerse a sí mismo. Porque más allá de sus afirmaciones, recurrió una vez más al discurso de barricada que utilizó en la campaña para convencer a los mendocinos de que era la única persona capaz de devolver la seguridad a Mendoza.
En los cincuenta minutos de discurso, Celso Jaque no anunció ninguna medida nueva que apunte a combatir las causas de los altos índices delictivos que tiene la provincia. “Vamos a trabajar... voy a hacer...”. Nada concreto. Reconoció que hay problemas con la droga y el alcohol. Toda una novedad, según el mandatario.
“Si queremos una provincia segura, debemos preocuparnos por las víctimas del delito; las presentes y la futuras”, manifestó en una clara contradicción: si Mendoza fuera segura, no habría víctimas.
“Creo firmemente en los Derechos Humanos”, reconoció. Sin embargo, cuestionó, entre otros, el derecho a la libertad y el principio de inocencia, contemplados en la Constitución Nacional. Y lo hizo de manera explícita, solicitando endurecer el régimen de excarcelaciones y reclamando la difusión de las fotos de quienes son sospechosos de cometer un delito. Además, contrariamente a lo que sugirió su ministra de Desarrollo Social, Silvia Ruggeri, el gobernador pidió bajar la edad de imputabilidad de los menores.
Los únicos anuncios con nombre y apellido fueron de carácter represivo. Juicios directísimos, hacer cumplir el Código de Faltas, accesibilidad de los fiscales a diferentes sistemas informáticos, sacar de una vez por todas una ley de Ministerio Público y crear un cuerpo especial de investigadores, además de firmar pactos con la Nación para que Gendarmería potencia su presencia en los límites de la provincia y que las causa menores por infracción a la ley de estupefacientes sean instruidas por la Justicia local. Todos instrumentos que sólo se activan una vez que el delito se cometió. Y antes de eso, ¿qué? Solamente la mención de algunos planes que están en marcha. Ningún cambio radical o innovador.
Porque desde el atril resultó fácil arengar a jueces y fiscales para que sean menos exactos a la hora de ordenar un allanamiento. Para el gobernador, no hacen falta muchas pruebas para patear una puerta y entrar con el GES. “Que se equivoquen haciendo”, aseveró. Aunque nunca aclaró quién deberá pagar las indemnizaciones por denuncias por “daños y perjuicios”, “apremios ilegales” y “abuso de autoridad” que pueden desprenderse de esas equivocaciones.
El discurso de Jaque se alejó definitivamente de los lineamientos que el gobierno nacional tiene en materia de seguridad. Por eso no será extraño que tanto los organismos nacionales como los del tercer sector cuestionen las palabras pronunciadas por el mendocino. Un motivo más para que sus tan mentados 40 millones vuelvan a quedarse en el camino.
Los únicos anuncios con nombre y apellido fueron de carácter represivo. Juicios directísimos, hacer cumplir el Código de Faltas, accesibilidad de los fiscales a diferentes sistemas informáticos, sacar de una vez por todas una ley de Ministerio Público y crear un cuerpo especial de investigadores, además de firmar pactos con la Nación para que Gendarmería potencia su presencia en los límites de la provincia y que las causa menores por infracción a la ley de estupefacientes sean instruidas por la Justicia local. Todos instrumentos que sólo se activan una vez que el delito se cometió. Y antes de eso, ¿qué? Solamente la mención de algunos planes que están en marcha. Ningún cambio radical o innovador.
Porque desde el atril resultó fácil arengar a jueces y fiscales para que sean menos exactos a la hora de ordenar un allanamiento. Para el gobernador, no hacen falta muchas pruebas para patear una puerta y entrar con el GES. “Que se equivoquen haciendo”, aseveró. Aunque nunca aclaró quién deberá pagar las indemnizaciones por denuncias por “daños y perjuicios”, “apremios ilegales” y “abuso de autoridad” que pueden desprenderse de esas equivocaciones.
El discurso de Jaque se alejó definitivamente de los lineamientos que el gobierno nacional tiene en materia de seguridad. Por eso no será extraño que tanto los organismos nacionales como los del tercer sector cuestionen las palabras pronunciadas por el mendocino. Un motivo más para que sus tan mentados 40 millones vuelvan a quedarse en el camino.
