Ultiman los detalles para lanzar el "Pacto Social de Seguridad"
El pacto social que el gobierno lanzará esta semana será, en realidad, “un plan de política criminal serio”, tal como afirmó un funcionario del Poder Ejecutivo muy ligado con el diseño y la redacción del proyecto final.
El nombre buscado por la gestión Jaque servirá para comprometer a todos los sectores a participar activamente de la construcción de redes sociales que permitan atacar concretamente las causas de la inseguridad. La prioridad apunta a establecer medidas que tengan que ver con políticas de prevención y resociabilización, por encima de cualquier intento de buscar como única salida el endurecimiento de las penas y creer que basta con crear un fuerte aparato represivo para ponerle tope a la escalada delictiva que se adueñó de la provincia.
El mensaje salido de Casa de Gobierno es contundente: “No vamos a arreglar esta situación si no estamos todos de acuerdo. Que quede claro que no lo hará Jaque; lo haremos todos, más allá del color político. Aunque reconocemos que somos nosotros los principales responsables”.
El nuevo plan hará foco especialmente en los jóvenes que tienen entre 14 y 24 años. De acuerdo con los análisis realizados, se trata de la edad clave donde comienzan a manifestarse como nunca los comportamientos delictivos. Por eso se multiplicarán los recursos destinados para el programa “De la esquina a la escuela”, que busca bajar los niveles de deserción escolar.
De todos modos, se arbitrarán los medios para mejorar el sistema judicial y policial. Se enviarán varios proyectos de ley cuyo requisito fundamental antes de su aprobación será haber pasado por un profundo debate. “No nos podemos dar más el lujo de tener leyes que después no sirven o están mal hechas”, manifestó otro funcionario muy cercano a Celso Jaque.
En cuestión de días, los fiscales de Delitos Complejos tendrán a su disposición acceso directo a todos los registros del Ejecutivo provincial, y se firmarán convenios para que ocurra lo mismo con organismos nacionales. A cambio, deberán mostrar eficacia y celeridad en los procesos.
Una de las alternativas que se estudia es crear un Gabinete Social de Seguridad, para desde allí coordinar y monitorear el resultado de las actividades interdisciplinarias programadas.
Esta idea habría surgido de un boceto de “pacto social” redactado el año pasado por Martín Appiolaza y Alberto Montbrun; ambos especialistas en seguridad vinculados con sectores políticos alejados del Partido Justicialista, pero que actualmente forman parte del cuerpo de asesores del Ministerio de Seguridad, luego de ser incorporados cuando Juan Carlos Aguinaga era el titular de esa cartera.
Otro de los puntos destacados tiene que ver con la convocatoria para que desde las universidades, las organizaciones del tercer sector, los medios de comunicación, empresarios y los diferentes poderes del Estado se comprometan a cumplir con las tareas específicas que contempla el pacto.
Se tratarán de actividades fácilmente identificables para la opinión pública. La intención, según afirmaron en el gobierno, no es hacer publicidad para potenciar la imagen de una gestión que sufre de un desgaste inusitado. Para quienes trabajan en el plan es importante que la gente vea y se comprometa con los programas que se pondrán en acción, sin connotaciones políticas.
En la presentación del “Pacto Social” se establecerán cuáles serán las primeras medidas, quiénes estarán a cargo de ejecutarlas y cuáles serán los plazos estimados para el cumplimiento de esos puntos. Y esto vendrá de la mano de controles permanentes y mutuos.
En cuestión de días, los fiscales de Delitos Complejos tendrán a su disposición acceso directo a todos los registros del Ejecutivo provincial, y se firmarán convenios para que ocurra lo mismo con organismos nacionales. A cambio, deberán mostrar eficacia y celeridad en los procesos.
Una de las alternativas que se estudia es crear un Gabinete Social de Seguridad, para desde allí coordinar y monitorear el resultado de las actividades interdisciplinarias programadas.
Esta idea habría surgido de un boceto de “pacto social” redactado el año pasado por Martín Appiolaza y Alberto Montbrun; ambos especialistas en seguridad vinculados con sectores políticos alejados del Partido Justicialista, pero que actualmente forman parte del cuerpo de asesores del Ministerio de Seguridad, luego de ser incorporados cuando Juan Carlos Aguinaga era el titular de esa cartera.
Otro de los puntos destacados tiene que ver con la convocatoria para que desde las universidades, las organizaciones del tercer sector, los medios de comunicación, empresarios y los diferentes poderes del Estado se comprometan a cumplir con las tareas específicas que contempla el pacto.
Se tratarán de actividades fácilmente identificables para la opinión pública. La intención, según afirmaron en el gobierno, no es hacer publicidad para potenciar la imagen de una gestión que sufre de un desgaste inusitado. Para quienes trabajan en el plan es importante que la gente vea y se comprometa con los programas que se pondrán en acción, sin connotaciones políticas.
En la presentación del “Pacto Social” se establecerán cuáles serán las primeras medidas, quiénes estarán a cargo de ejecutarlas y cuáles serán los plazos estimados para el cumplimiento de esos puntos. Y esto vendrá de la mano de controles permanentes y mutuos.
