Mathus Escorihuela: "Jaque se ha excedido y el convenio del Atuel es ilegal"
Así lo ha analizado el jurista local luego de conocer el convenio que firmó el gobernador de Mendoza junto al de La Pampa y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al menos, Miguel Mathus Escorihuela, ha señalado tres violaciones: a la Constitución de Mendoza, a la Ley de Aguas y a la Ley Ambiental local.
El gobernador Celso Jaque sigue sumando críticas. Esta vez la discusión sobre el sonado convenio firmado para cederle agua del río Atuel a La Pampa ha sido el motivo del malestar del un prestigioso jurista local, ex senador de la Nación y especialista en asuntos hídricos: Miguel Mathus Escorihuela.
Según la doctrina analizada por Escorihuela, “el gobernador en definitiva se ha excedido evidentemente en sus facultades suscribiendo un convenio para el cual no tiene atribuciones, por que no tiene atribuciones para comprometer el patrimonio de la provincia”, ha disparado el especialista mientras esta tarde finalizaba su viaje rumbo al departamento de General Alvear. En ese departamento, diserta esta noche en la Cámara de Comercio de Alvear para considerar el asunto del convenio.
“Tiene atribuciones para firmar convenios que sean de interés común, de una provincia con otra. Pero no tiene atribuciones para comprometer el patrimonio de la provincia de Mendoza como son las aguas del río Atuel”, aclaró.
Además el jurista ha advertido que, según lo que determina el convenio firmado entre Celso Jaque, Mario Jorge (gobernador de La Pampa) y Cristina Fernández, “que las obras están indeterminadas en el convenio y no se especifica cuáles son”. Por eso a lo sumo supone que están en proceso de estudio, que algunas han sido licitadas o que otras están adjudicadas y serán ejecutadas en muy poco tiempo.
Respecto al supuesto ahorro de agua que se producirá por las obras anunciadas con bombos y platillos durante la última visita de la presidenta a la provincia, Escorihuela remarcó que “esos ahorros de agua son propiedad de la provincia y el resultado de obras que la provincia ha pagado y que han pagado los contribuyentes de Mendoza, que no tiene porqué compartirse en partes iguales en partes iguales como dice el convenio”, explicó. Y agregó: “Además está hablando de unos ahorros futuros e hipotéticos que no sabemos si se van a producir. Porque la historia de la obra hidráulica en la Argentina es una historia negra”.
Esto último lo sostuvo basado en experiencias como las del Chocón Cerro Colorado.
“Obras con estudios imperfectos que se han ejecutado pero que sus resultados no han sido los esperados. Un ejemplo concreto lo tiene con el sistema del Chocón Cerro Colorado. Fue una obra monumental y por deficiencias en los estudios de evaluación, en los estudios técnicos y por falta de seguimiento adecuado en la construcción de la obra, el dique no puede entrar en operaciones al cien por ciento. Con lo cual se ha disminuido su capacidad de generación de hidroelectricidad”, alertó.
Violación constitucional
Sin embargo el especialista del agua ha hecho un repaso por la jurisprudencia que invalida el convenio que patrocinó Jaque a favor de La Pampa.
“El convenio viola la Sección Sexta de la Constitución de la provincia, en primer término porque el manejo del agua en Mendoza lo tiene a su cargo como autoridad única y exclusiva, con una competencia que es propia y que excluye cualquier otra competencia, el Departamento General de Irrigación”, dijo haciendo blanco en la unidad técnica de coordinación que crea el convenio y que estaría formado por dos representantes de La Pampa y dos mendocinos.
Esto, para Mathus Escorihuela, sería un avance para eliminar el carácter de “excluyente” que hasta el momento era privilegio y responsabilidad del DGI sobre las aguas del río Atuel.
“Esto es absolutamente ilegal”, contestó sobre las atribuciones que tendría la nueva unidad. Y agregó: “Pero además viola una parte del decisorio expreso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia sobre el río Atuel que excluyó en forma específica a La Pampa del manejo del río Atuel”, denunció.
También ha ventilado que “además el convenio establece en uno de sus últimos artículos, creo que es en el penúltimo, que hay que dejarle una escorrentía de agua a La Pampa lo cual es ilegal y tiene que ser votado por la Legislatura. Y aún en el caso que sea votado allí, por las dos terceras partes de los miembros de cada cámara, no por la mayoría simple, seguiría siendo inconstitucional e ilegal. Porque estaría afectando los derechos legítimos, bien adquiridos, registrados, conforme a la ley, que tiene los usuarios de agua del río Atuel en San Rafael y en Alvear”, amplió.
En ese sentido completó que se abriría la posibilidad de que se inicien juicios por reparación y por daños y perjuicios contra el gobierno de la provincia y contra Irrigación.
Violación a la Ley de Aguas
Según el especialista local, el convenio de Jaque por el Atuel también viola la Ley de Aguas de 1884: “En la Ley de Aguas viola todo lo atinente a las facultades del Departamento de Irrigación. A que el uso del agua no se puede otorgar sino es por una ley de la Legislatura”.
Violación a la Ley Ambiental
“Y en lo que hace a la ley de Ambiente de la provincia, todas las obras que establece el convenio son obras que previamente tienen que ser aprobadas por ley pero que además deben estar sometidas al procedimiento de impacto ambiental que establece la Ley 5.961 de Mendoza”, completó remarcando su análisis sobre que en este caro asunto de los mendocinos Jaque se ha excedido.
Esto último lo sostuvo basado en experiencias como las del Chocón Cerro Colorado.
“Obras con estudios imperfectos que se han ejecutado pero que sus resultados no han sido los esperados. Un ejemplo concreto lo tiene con el sistema del Chocón Cerro Colorado. Fue una obra monumental y por deficiencias en los estudios de evaluación, en los estudios técnicos y por falta de seguimiento adecuado en la construcción de la obra, el dique no puede entrar en operaciones al cien por ciento. Con lo cual se ha disminuido su capacidad de generación de hidroelectricidad”, alertó.
 |
Violación constitucional
Sin embargo el especialista del agua ha hecho un repaso por la jurisprudencia que invalida el convenio que patrocinó Jaque a favor de La Pampa.
“El convenio viola la Sección Sexta de la Constitución de la provincia, en primer término porque el manejo del agua en Mendoza lo tiene a su cargo como autoridad única y exclusiva, con una competencia que es propia y que excluye cualquier otra competencia, el Departamento General de Irrigación”, dijo haciendo blanco en la unidad técnica de coordinación que crea el convenio y que estaría formado por dos representantes de La Pampa y dos mendocinos.
Esto, para Mathus Escorihuela, sería un avance para eliminar el carácter de “excluyente” que hasta el momento era privilegio y responsabilidad del DGI sobre las aguas del río Atuel.
“Esto es absolutamente ilegal”, contestó sobre las atribuciones que tendría la nueva unidad. Y agregó: “Pero además viola una parte del decisorio expreso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia sobre el río Atuel que excluyó en forma específica a La Pampa del manejo del río Atuel”, denunció.
También ha ventilado que “además el convenio establece en uno de sus últimos artículos, creo que es en el penúltimo, que hay que dejarle una escorrentía de agua a La Pampa lo cual es ilegal y tiene que ser votado por la Legislatura. Y aún en el caso que sea votado allí, por las dos terceras partes de los miembros de cada cámara, no por la mayoría simple, seguiría siendo inconstitucional e ilegal. Porque estaría afectando los derechos legítimos, bien adquiridos, registrados, conforme a la ley, que tiene los usuarios de agua del río Atuel en San Rafael y en Alvear”, amplió.
En ese sentido completó que se abriría la posibilidad de que se inicien juicios por reparación y por daños y perjuicios contra el gobierno de la provincia y contra Irrigación.
Violación a la Ley de Aguas
Según el especialista local, el convenio de Jaque por el Atuel también viola la Ley de Aguas de 1884: “En la Ley de Aguas viola todo lo atinente a las facultades del Departamento de Irrigación. A que el uso del agua no se puede otorgar sino es por una ley de la Legislatura”.
Violación a la Ley Ambiental
“Y en lo que hace a la ley de Ambiente de la provincia, todas las obras que establece el convenio son obras que previamente tienen que ser aprobadas por ley pero que además deben estar sometidas al procedimiento de impacto ambiental que establece la Ley 5.961 de Mendoza”, completó remarcando su análisis sobre que en este caro asunto de los mendocinos Jaque se ha excedido.